Las empresas aceleran para evitar multas de hasta 500.000 euros por desperdicio alimentario

En concreto, el proyecto de ley se encuentra ya en el Senado desde el pasado 12 de mayo, tras haber sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados –con 269 votos a favor, ningún voto en contra y 70 abstenciones–. Fue en junio de 2022 cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció la aprobación de una «ley pionera» cuyo objetivo es «reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos».

Ahora, casi un año más tarde, toma forma. «En el plazo más optimista, entrará en vigor en junio; si no, antes de que acabe el año. Vamos a empezar a hacer una campaña de información para todas las empresas, para que sepan que esto viene y se tienen que preparar. Por las grandes no, pero hay pymes que están afectadas y no lo saben», resume la directora de comunicación y relaciones institucionales de Aecoc, Nuria de Pedraza, también encargada del área del desperdicio alimentario.

Esta patronal, que engloba a 33.000 fabricantes y distribuidores españoles, conoce parte de los detalles del proyecto que el Gobierno está poniendo en marcha. No en vano, Aecoc comenzó hace una década con un programa centrado en desperdicio alimentario, con 750 compañías que se han adherido desde entonces de forma voluntaria. «Estas están más que preparadas, porque fue un proyecto pionero. No obstante, hay muchísimas empresas, sobre todo pymes, que a día de hoy no son conscientes de que la ley les va a afectar, posiblemente antes de que acabe el año, y no están preparadas porque no saben ni lo que les exige», resume De Pedraza, que avanza: «Nosotros estamos tranquilos porque la ley nace del consenso. Hemos participado y se nos ha escuchado». España es el tercer país europeo que, tras Italia y Francia, pone en marcha una ley de este tipo. «Nuestro modelo es muy similar al francés», apunta la portavoz de Aecoc.

Una de las obligaciones que impone la norma, y que lleva asociada sanciones de hasta 500.000 euros, es la necesidad de las empresas de contar con un «plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario», cuya ausencia se considerará una falta grave o muy grave. «La ley obliga a tener un plan no solo empresas, sino entidades sociales. Nosotros vamos a trabajar para ver primero las líneas maestras, porque no sabemos aún con detalle qué tiene que contemplar ese plan. Vamos a crear un grupo de trabajo para identificar qué líneas son importantes, cuáles son los sistemas de medición, los indicadores… y todo lo que nos marca Europa como país, porque España tiene que reportar los datos de desperdicio alimentario», explica De Pedraza.

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En el texto de la norma remitido al Senado se detalla que este plan deberá contemplar la forma en que aplicará «la jerarquía de prioridades» establecida por el texto. El objetivo es prevenir la generación de pérdidas y desperdicio alimentario, «incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes». La jerarquía que recoge la norma apunta en primer lugar a la donación de alimentos; en su defecto, a la transformación de aquellos los productos que no se han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo; en tercer lugar, los alimentos se dedicarán a la alimentación animal y a la fabricación de piensos; y, si tampoco, sirven, se emplearán como subproductos en otra industria. «En última instancia, ya como residuos, al reciclado y, en particular, a la obtención de compost», recoge el texto.

Además, la ley recoge que las compañías deberán llegar acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones o bancos de alimentos, «excepto en los casos que resulte inviable y debidamente justificado».

Agricultura reconoce que «los esfuerzos realizados en la lucha contra el desperdicio alimentario parecen haber sido insuficientes», por lo que insiste en la necesidad de aprobar esta norma «para fomentar la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario». «Para lograr que todos los eslabones de la cadena de suministro sean eficientes en la consecución de este objetivo es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad, involucrando en su elaboración y en su puesta en práctica a administraciones públicas, empresas y operadores relacionados con la cadena alimentaria, asociaciones y bancos de alimentos, y la sociedad en su conjunto», recoge el texto.

La cercana aprobación de esta norma está haciendo que, además de en las propias patronales, la demanda de información se dispare hacia empresas especializadas. Es el caso de la francesa Phenix, centrada en el desperdicio alimentario, que opera en España desde hace un par de años. «Esto va a ser un antes y un después», explica Jean-Baptiste Boubault, responsable de Phenix en España, en conversación de ABC.

Avanzando que la norma va a suponer «un 'boom' en nuestra actividad», Boubault apunta a que la labor de la compañía, que nació en Francia hace unos ocho años, trata de proponer soluciones «tanto tecnológicas como humanas». «Antes el desperdicio estaba integrado en la ecuación económica de cada empresa, pero esto ya no es aceptable, ni social ni económicamente. El riesgo es que las compañías lo vean como una ley coercitiva, pero lo cierto es que controlándolo mejoras la rentabilidad como empresa».

Esta empresa de desperdicio alimentario trabaja ya con gigantes de la restauración como Areas, y su objetivo es comenzar a hacerlo con cadenas de supermercados. «Estamos empezando con E. Lecrec, ya tenemos acuerdos con fabricantes... De aquí a final de 2024 prevemos contar 500 puntos de venta implementados», resume Boubalt.