El Estado es condenado en otros dos laudos a pagar casi 50 millones de euros a inversores en renovables afectados por los recortes

El laudo se corresponde con el caso Infracapital y recoge la obligación de indemnizar a la compañía con un pago de 24,9 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar la condena al pago del 60% de las costas judiciales, así como el pertinente abono de los intereses de demora.

La demanda presentada por Infracapital es de 2016. La compañía reclutó para su defensa al despacho londinense Gibson, Dunn & Crutcher, así como a la oficina madrileña del bufete Allen & Overy. El tribunal que ha resuelto el caso fue presidido por el jurista mexicano Eduardo Siqueiros. Tras años de deliberaciones, el proceso concluyó el pasado mes de febrero, mientras que la redacción de la sentencia se completó en abril y la publicación definitiva del fallo se ha producido ahora.

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El segundo caso es el de la alemana BayWa, sobre el que el Ciadi ha rechazado la solicitud de anulación de España, según la resolución hecha pública ayer. El tribunal, presidido por el portugués Dário Moura Vicente, ha condenado también a nuestro país a sufragar todos las costas del procedimiento (370.000 euros), incluidos los honorarios y gastos del comité, y 480.000 euros por los intereses de demora. El grupo alemán denunció al Estado español en 2015 y ha contado con el asesoramiento del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

El Ciadi, tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, ha resuelto de esta forma dos largos procedimientos y ha vuelto a invocar los mismos fundamentos de derecho que ya resultaron en un total de 22 condenas a España, que suman ahora 1.200 millones de euros.

Sin embargo, a esta cifra hay que sumarle los cerca de 250 millones de sobrecostes legales y financieros «derivado de la estrategia jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez consistente en no pagar estas resoluciones, planteamiento que ha situado a España como el segundo país con mayor número de laudos incumplidos, sólo por detrás de Venezuela«, subrayan fuentes de los afectados.

El Banco Mundial se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para pedirle que acate las sentencias, cumpla con sus obligaciones y «acabe con la grave situación de inseguridad jurídica que está generando esta lamentable situación, impropia de una democracia avanzada«.

Como es sabido, las compañías afectadas por esta circunstancia están litigando ante la justicia de diversos países, entre ellos Reino Unido y Australia, con ánimo de resarcir el efecto de los impagos y compensarlo a través de la incautación de bienes soberanos del Estado español. Estos procesos ya han intervenido la sede londinense del Instituto Cervantes o los derechos de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco Prestige. También se han intervenido cuatro emisiones de deuda pública, que han pasado a estar en situación de 'default' técnico con el consecuente impacto para la financiación del Tesoro.

Aunque desde la Administración se subraya que la sede del Cervantes en Londres no podría ser embargada por estar en régimen de alquiler, fuentes conocedoras de estos arbitrajes explican que «se embarga el contrato y se desaloja a la propiedad, pasando a ostentar el alquiler la empresa beneficiaria de la incautación«.

También hay que subrayar que solo los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales, mientras que los españoles tuvieron que llevar sus reclamaciones al Tribunal Supermo, que dio la razón al Gobierno. En concreto, hay 65.000 familias que han viso recortados notablemente los ingresos previstos por las plantas renovables.

Martínez-Aroca, presidente de Anpier, afirma que «la situación exige sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, por los injustos recortes, y restaurar una situación de justicia».