Caos entre las aseguradoras y las empresas para reclamar los daños por el gran apagón

Desde entonces, el sector asegurador y las empresas afectadas han estado evaluando lo ocurrido para ver cómo y contra quién plantear demandas. Y lo peor ha llegado con el paso del tiempo ya que no hay claridad sobre el culpable. Como publicó ABC, desde diversos frentes existía el miedo de que no se supiera con certeza lo que había pasado y quiénes eran los responsables ni siquiera con el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Los equipos jurídicos de las aseguradoras están estudiando las acciones legales para reclamar los daños que ya han abonado a sus asegurados. Pero por el momento no se llega a una conclusión clara de cómo plantear la batalla legal. En el sector del seguro señalan que con la información que hay disponible en este momento no son capaces de apuntar a una sola dirección como causante de lo sucedido; eso les genera grandes dudas y serán los comités de dirección los que en última instancia decidan si merece la pena proceder por la vía judicial.

Fuentes de despachos de abogados que trabajan con las aseguradoras explican que está habiendo conversaciones en las compañías pero no saben del todo cómo mover ficha. Una posibilidad a la que apuntan es a llegar a interponer demandas contra todos los actores involucrados -Red Eléctrica y las compañías privadas- y que sea la Justicia la que determine quién debe asumir la responsabilidad. Como publicó ABC, desde el sector energético ya se apuntaba hace escasas semanas a que tiene pinta de que todo terminará en los tribunales ya que los informes oficiales y no oficiales no aportan suficiente luz y taquígrafos.

Así las cosas, el sector asegurador y las empresas han vivido en una montaña rusa de expectativas con respecto a las potenciales reclamaciones. Primero llegó el caos y la incertidumbre, aunque muy pronto el Gobierno dejó claro que habría una investigación. Para ello se creó un comité que ha estado semanas recabando datos.

Sin embargo, poco a poco fue calando la idea de que no habría una resolución clara. Finalmente, y tras la presentación por parte del Gobierno del informe final, las sospechas se han convertido en realidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen dejó claro que el documento no era para inculpar a nadie. Se trataba, tan solo, de una exposición de hechos. Además, tenía carácter confidencial a petición de las empresas. Es decir, lo verdaderamente importante no era público. Se seguía sin conocer al culpable del apagón. De hecho, el informe señalaba a Red Eléctrica por no haber ejecutado bien la programación del 28 de abril y, a su vez, mencionaba que las empresas eléctricas no cumplieron con las obligaciones que tenían.

Apenas un puñado de horas después, Redeia -la compañía matriz del operador del sistema eléctrico- hizo público su propio informe. En este caso, y también sin datos concretos por motivos de confidencialidad, se exculpaba por completo a Red Eléctrica, mientras que se ponía todo el foco en las eléctricas. La confusión iba en aumento, y los problemas para determinar la responsabilidad crecían en el seno del sector asegurador. Por último, la patronal de empresas eléctricas Aelec publicó otro documento. La organización que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, como era de esperar, puso todo el foco de la culpa en la programación de Red Eléctrica, así como la estrategia que se estaba desarrollando en materia renovable.

Todos los que han realizado un informe han expuesto la misma conclusión: «No se trata de señalar a un culpable, sino de exponer los hechos». Esto ha sido transversal al Gobierno, Red Eléctrica y Aelec. Ninguno ha querido decir quién era el culpable al que responsabilizar. Lo que se ha hecho ha sido poner el foco en quién pudo ser el detonante del apagón, pero nada más.