Bruselas da un respiro al Gobierno y permitirá asignar la primera remesa de fondos europeos más allá de 2023

Pese a las constatables dificultades que ha demostrado en todos estos meses la estructura de la Administración del Estado para absorber el flujo de recursos procedentes de Europa, el Gobierno ha hecho un esfuerzo por encajar los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación en los tres últimos Presupuestos Generales del Estado para cumplir con el calendario que él mismo se autoimpuso. En 2021 dotó una partida de 24.198 millones de euros, que según una evaluación realizada por Fedea solo pudo ejecutar en un 27%; para el año 2022 incluyó 25.662 millones de euros, que hasta el mes de noviembre apenas se habían ejecutado en un 10%; mientras que en los Presupuestos de 2023 se ha introducido otra partida de 23.840 millones.

El problema no ha sido únicamente el ritmo de ejecución efectiva de los fondos sino también su asignación. En 2021, más de 4.000 millones de euros quedaron sin asignar, lo que obligó al Gobierno a modificar la normativa presupuestaria para permitir trasladar esos recursos al ejercicio presupuestario de 2022 y no perderlos. Este problema para definir el destino de los fondos asomaba como el más acuciante, ya que el calendario establecido por el Gobierno le obligaba a comprometerlos antes de 2023.

El Ejecutivo quedaba así ante el exigente desafío de asignar en un año la totalidad de los 23.840 millones recogidos en las cuentas de 2023 más los 13.000 millones recogidos de las de 2022, que al cierre del mes de noviembre todavía no habían sido aplicados. De otro modo, ante el reto de asignar en doce meses los mismos recursos comprometidos en los 24 anteriores.

No tendrá que someterse a esa prueba de nivel. Según se recoge en el último informe de ejecución de fondos europeos difundido por Fedea citando a fuentes europeas y ha podido confirmar ABC, la Comisión no exigirá a ningún país comprometer en inversiones todos los fondos asignados por el Mecanismo de Recuperación antes de 2023 sino que solo aplicará este plazo para asignar esos recursos a los países. De otro modo, España solo podrá solicitar los recursos correspondientes a la primera remesa de fondos europeos -la segunda, que se materializará en préstamos, no en transferencias no reembolsables, se prolongará hasta 2026- hasta 2023 y Bruselas tendrá que reconocerlos antes de la finalización de este año, pero los gobiernos podrán asignarlos pasada esta fecha.

La aclaración supone un alivio para las autoridades españolas, que podrán traspasar a los Presupuestos de 2024 sin ningún problema los recursos que no sea capaz de asignar este año. Fuentes de Asuntos Económicos aseguran que el marco no ha cambiado, pero en documentos de Hacienda se hablaba de «la urgente necesidad de comprometer los 69.528 millones entre 2021 y 2023».