La UE amenaza con congelar los fondos de recuperación para España hasta que detalle en qué se los gasta

España es el primer país que recibió fondos europeos para la reconstrucción de la economía después de la pandemia, y el segundo en fondos atribuidos. Según el calendario pactado con la Comisión, el Gobierno tenía que haber solicitado los seis mil millones de la tercera entrega de fondos antes del primero de octubre, pero no ha dado ese paso ni ha justificado este retraso más allá de decir que la entrega del tramo anterior fue a finales de julio, es decir, relativamente reciente. La Comisión recuerda que el calendario de solicitudes y desembolsos es «orientativo» y de hecho no suele ser muy rigurosa con las fechas siempre que el Gobierno en cuestión lo justifique. Sin embargo, en una respuesta reciente a preguntas de ABC el ejecutivo comunitario recuerda que el acuerdo de funcionamiento operativo con el Gobierno de España establece que solo pueden hacerse dos solicitudes de fondos cada año, por lo que en caso de que no la tramite antes de fin de año sencillamente habrá perdido la oportunidad.

Bruselas ya había advertido a España sobre las debilidades de su sistema de control en la evaluación preliminar que dio cauce al primer tramo de 12.000 millones de euros de fondos europeos que se autorizó a España en diciembre pasado (antes ya se habían liberado 9.000 millones de adelanto). En el documento instó al Gobierno a modificar los esquemas previstos de control para garantizar la transparencia y la operatividad de la información vinculada a los fondos y en particular a identificar los beneficiarios reales de las inversiones, algo que, entendía, no se garantizaba en el sistema diseñado por Hacienda.

El reproche de la Comisión se refiere al hito 173 del plan de recuperación y resiliencia que presentó el Gobierno y que fue aceptado en Bruselas. En diciembre pasado, cuando se comunicó la aprobación del cumplimiento del programa español –sin lo cual no habría podido recibir ninguna transferencia– la Comisión dejó una coletilla en su informe en la que se decía que España «se ha comprometido a seguir desarrollando su sistema para mejorar sus funcionalidades y eficiencia». Entre las medidas que la propia Comisión cita , figura «mejorar la recopilación de datos sobre beneficiarios finales de empresas extranjeras que no están registradas en España, tanto para contratos ya celebrados, como para futuras contrataciones», incluyendo «un seguimiento tanto bilateral con todas las empresas implicadas y con el Registro Oficial en el Estado miembro donde las empresas son residentes». También se dice que el Gobietrno se comprometía a «mejorar el acceso a la información sobre los beneficiarios reales con fines de control mediante creación de unidades de control dedicadas dentro del Ministerio de Hacienda».

Según ha dicho este viernes la Comisión, cuando entonces se dio el visto bueno al cumplimiento de los hitos del plan de recuperación español para poder empezar los desembolsos también se acordó darle nueve meses de tiempo adicional al Gobierno para la puesta en marcha de esos elementos del nuevo sistema de auditoría, algo que afirma que «no es una práctica inusual» y que ya se ha hecho con otros países .

Desde el Ministerio de Hacienda se elude precisar si las exigencias de Bruselas pueden dar al traste o no con el pago de 6.000 millones correspondiente a la nueva entrega de fondos que aún no ha sido solicitada y se limitan a decir que el diálogo con la Comisión «es fluido y constante» y que en Bruselas son conscientes de que «España está trabajando en colaboración con la Agencia Tributaria, en las mejoras del sistema de información»

Hacienda justifica los problemas para cumplir con los plazos pactados con Europa en que «se trata de un proceso complejo» y que en España además su carácter descentralizado «añade complejidad al sistema». Según fuentes bien informadas, la Comisión dio en diciembre pasado nueve meses para corregir las vulnerabilidades detectadas, que según esta exigencia debían haber estado resueltas en septiembre como muy tarde. En junio, sin embargo, Hacienda ya comunicó a las comunidades autónomas que la aplicación Coffee, el repositorio diseñado para volcar toda la información relativa al grado de ejecución de los fondos europeos, los pagos efectivos realizados y los destinatarios de los mismos, no estaría disponible al menos hasta final de este año por la complejidad del sistema.

Como publicó ABC, Hacienda intentó entonces implantar un rudimentario sistema de reporte de información a través de tablas de Excel para tratar de cumplir con los compromisos alcanzados con Bruselas en materia informativa, aunque no fuera a través de la plataforma tecnológica prevista para ello, lo que generó un fenomenal caos administrativo.

Hasta ahora, el Gobierno ha depositado en los fondos europeos sus esperanzas de reconstruir la economía a los niveles previos a la pandemia y cumplir así las previsiones en las que se basan los presupuestos generales del Estado del año que viene, aunque la percepción generalizada es que esos fondos están tardando en llegar o sencillamente no llegan a la economía real. En los presupuestos de este año se había previsto gastar 28.000 millones de estos fondos, pero los pocos datos de ejecución que ha filtrado el ministerio de Economía permiten dudar que eso se lleve a cabo.