Más del 60% de los que podrían acceder a los avales ICO no pasarían el estudio financiero de los bancos

El organismo de representación de los agentes inmobiliarios ha informado que, aunque los avales ICO son una medida interesante, sólo suponen una ayuda en el 60% de los casos. En el resto, no permitirá la compra real de una vivienda.

Desde Coapi explican que los que reúnen las condiciones necesarias para obtener la ayuda pública no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasaría un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión del préstamo hipotecario. «Es decir, acaba siendo una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra», alertan desde el Consejo General.

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Según explica el vocal del Coapi, Francisco Nomdedeu, a este periódico, aunque la medida ayuda no es suficiente para «atender la gravedad del problema actual de acceso a la vivienda».

Nomdedeu apunta que «haría falta que el Estado asumiera más porcentaje del riesgo del préstamo hipotecario y que diese también ayudas directas». Además, agrega, «se precisa urgentemente unas políticas de vivienda sostenidas por un respaldo presupuestario importante, no como el que ha habido hasta ahora».

El vocal resume que existen algunos factores que reúnen los jóvenes que hacen que su proporción de ingresos frente al precio de la vivienda no sea suficiente para asegurar el pago. Por ejemplo, destaca el hecho de no tener capital ahorrado y la poca seguridad y continuidad laboral (fijos discontinuos).

«Según las circunstancias actuales, muchos jóvenes no pueden asumir el importe y las condiciones de la financiación, las exigencias, trámites y requisitos bancarios son una barrera costosa de franquear», asegura.

En este sentido Nomdedeu indica que los mayores beneficiados por los avales serán aquellos jóvenes que rozan el límite de los 34 años: «Estos cuentan con una vida laboral más extensa y, por tanto, suelen tener mejor puesto de trabajo y sueldo», asegura.

Por otro lado, destacan que también podría beneficiar a los que viven en poblaciones secundarias ya que, al ser inferior el precio de la vivienda, pueden acceder y asumir más fácilmente el coste de financiación.

La Ley Hipotecaria, en vigor desde el 16 de junio de 2019, obliga a los bancos a comprobar la solvencia de sus clientes antes de concederles una hipoteca. Por ello y según indica ING en su página web, las entidades valoran cuestiones como la situación de empleo del solicitante, los ingresos que recibe, si cuenta con activos en propiedad, su situación personal y familiar, y sus deudas.

Si el resultado de la evaluación de crédito hipotecario es positivo, el banco dará luz verde a la operación. En el caso de que el banco deniegue el crédito, debe informar por escrito al cliente explicando los motivos de este rechazo.