Vivienda exigirá para optar a los avales hipotecarios dos años de residencia continuada en España

Según el borrador de acuerdo al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio de Vivienda añade un criterio extra a los ya conocidos para poder solicitar el consumidor que el Estado le avale la hipoteca. Los compradores de vivienda que quieran beneficiarse de un aval público para que el banco le dé hasta un 100% de hipoteca sobre el valor del piso deberán ser personas físicas, mayores de edad y tendrán que acreditar residencia legal en España de manera continua e ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. En caso de que sean dos los compradores, ambos deberán acreditar cumplir ese requisito.

Noticia Relacionada

El euríbor vuelve a subir y amenaza con retrasar las primeras bajadas de las cuotas hipotecarias

Daniel Caballero

Asimismo, el Gobierno exigirá que la vivienda que se compre esté dentro de España y que esté destinada a ser la vivienda habitual y permanente. El objetivo del Ejecutivo es que puedan acceder a comprarse una casa los jóvenes de hasta 35 años y las familias con menores a cargo que disponen de solvencia económica pero no de ahorros suficientes para aportar la entrada del piso. Hasta ahora las entidades financieras suelen financiar hasta el 80% del valor del inmueble, y el 20% restante más otro 10% de gastos los debe aportar el comprador de su bolsillo. Con estos avales públicos se pretende que los bancos puedan llegar a conceder hipotecas de hasta el 100% del valor.

Otra de las novedades que aprobará el Gobierno está en el control de los requisitos. Según figura en el borrador del acuerdo que se llevará a Consejo de Ministros, en el mismo acto de concesión del préstamo por parte de la entidad financiera se entenderá concedido el aval estatal. No se exigirá que el Ministerio de Vivienda dé el 'OK' a la operación. En este sentido, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez solo verificará que los consumidores cumplen las condiciones a posteriori. Esa verificación, además, no se hará sobre todas las operaciones que se avalen sino que se llevará a cabo un «muestreo aleatorio».

Asimismo, el documento recoge que Vivienda abonará al ICO una comisión de gestión de 0,25%, calculada sobre el importe de financiación formalizado, y una comisión de administración del 0,10% anual, calculada sobre el saldo vivo del aval.

El resto de criterios generales permanecen igual que lo anunciado. Estas garantías públicas están destinadas a avalar a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con un máximo de 37.800 euros de ingresos anuales (inferiores a 4,5 veces el Iprem); el Estado avalará hasta un 20% -25% si la calificación energética de la vivienda es mínimo letra D- del préstamo. El límite de acceso de 37.800 euros aumentará un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca es firmada por dos personas. También se incrementará un 0,3% el límite por cada hijo a cargo.

Estas ayudas podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025, (se contempla una posible prórroga de dos años) y la duración de las garantías será de diez años.

Falta por conocer todavía si habrá límite máximo del precio de la vivienda sobre la que se realiza la operación y si habrá diferencias entre comunidades autónomas, ya que la situación no es homogénea en España.