La letra pequeña de los avales ICO: clientes sin ahorros, pero con hipotecas más caras

Pero, ¿qué son los avales del Gobierno, a qué público van dirigidos y por qué protestan las organizaciones?

Desde los comparadores de precios, Helpmycash y Kelisto, advierten que esta medida, a pesar de beneficiar a aquellos que no cuenten con ahorros, supondrá un coste extra para los consumidores.

En concreto, el analista de la plataforma Helpmycash, Miquel Riera, explica a este periódico que «los beneficiarios del aval podrán conseguir una hipoteca que cubra hasta el 100% de la compra, en vez del 80% habitual. Es decir, que el banco prestará más dinero, lo que aumentará el importe de las mensualidades y el precio total de la hipoteca».

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Además, desde Kelisto recuerdan que, aunque reduce el ahorro con el que debe contar el consumidor, no lo deja a cero. Este deberá contar con el 10% del valor de la vivienda para pagar los costes iniciales -gastos de compraventa entre los que se encuentran diversos impuestos y el coste del notario y, por otro lado, los de tasación y la comisión de apertura-.

La plataforma comparadora advierte que utilizar el aval ICO no tendrá un coste directo para el consumidor, pero sí un impacto para su bolsillo: pedir una hipoteca con este respaldo público costaría un 25% más que si no se contara con esta ayuda, según cálculos de Kelisto.

¿Por qué sucede esto? Al tener el aval del Estado, los clientes piden más dinero a su entidad bancaria. Al aumentar la cantidad prestada, la base sobre la que se aplican los intereses incrementa y con ella el coste de la mensualidad.

«Pongamos, por ejemplo, que una persona quiere comprar una vivienda media de 150.000 euros. Sin el aval, el banco le prestaría el 80% del precio: 120.000 euros. Con un plazo de 30 años y un interés medio del 3,5%, las cuotas de la hipoteca serían de 539 euros, mientras que el total a reembolsar sería de 193.987 euros. En este caso, habría que aportar 30.000 euros para la entrada del 20% y unos 15.000 euros para pagar los gastos e impuestos de compraventa», detalla Riera.

Riera razona además que si esa persona consigue el aval del Gobierno, la hipoteca del banco cubrirá el 100% del precio de la vivienda: 150.000 euros. Y aclara que «con un plazo de 30 años y un interés medio del 3,5%, las cuotas a pagar serían de 673 euros, mientras que el total a reembolsar sería de 242.484 euros. Es decir, que pagaría 134 euros más al mes y 48.497 euros más en total en intereses y capital. En este caso, no habría que aportar ahorros para la entrada, pero sí habría que tener ahorrados unos 15.000 euros para pagar los gastos e impuestos de compraventa».

Por ello, recomiendan al usuario que ahorre lo que pueda para que la cuota final no sea tan elevada.

La Organización de Consumidores y Usuarios comunicó este martes que considera la medida «insuficiente». Así, la OCU defiende que sólo beneficiará a una parte reducida de los jóvenes que quieren acceder a una vivienda en propiedad y que, «la subida del precio de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades impide el acceso a pesar de las ayudas».

Recuerdan, en este sentido, que la falta de ahorro por parte de los consumidores se debe, en muchos casos, a los altos precios del alquiler.

«El tope de ingresos de 37.800 euros brutos ampliable en caso de hijos y el límite de patrimonio avalado de 100.000 euros, hacen que en las condiciones actuales de mercado haya poco compradores y una oferta suficiente para que la medida sea efectiva y tenga incidencia en el mercado», apuntan desde la OCU.

Por otro lado, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) protesta y critica que el hecho de que los mercados estén «sumamente tensionados» implica que el coste «desproporcionado» no lo vaya a asumir el promotor sino el joven adquirente. Y reclama que estos préstamos «no pueden convertirse en un subsidio encubierto para el promotor».

Según el experto de Helpmycash, el lanzamiento del aval del Estado «puede contribuir a que se contraten más hipotecas, dado que favorecerá el acceso a la vivienda en propiedad».

Sin embargo, recuerda que «hay que tener en cuenta que no todo el mundo cumplirá los requisitos para beneficiarse de esta medida, así que su alcance, probablemente, será limitado. De hecho, el Gobierno calcula que podrán solicitarla unos 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo».