El Gobierno aprueba algunos criterios de los avales hipotecarios, pero todavía no estarán en funcionamiento

Estas garantías públicas van destinadas a que los jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a hipotecas de hasta el 100% del valor de la vivienda. Hasta ahora, los bancos suelen conceder hipotecas de hasta el 80% del valor, y el 20% restante más otro 10% de gastos los debe aportar de ahorros el consumidor. La falta de ahorros de estos colectivos, pese a disponer de estabilidad laboral e ingresos suficientes, es la barrera que el Ejecutivo quiere salvar dando garantías públicas.

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Daniel Caballero

Fue en mayo de 2023 cuando por primera vez se llevaron estos avales a Consejo de Ministros. Semanas más tarde volvió la medida a ir al cónclave gubernamental. Y desde entonces nada se ha sabido sobre la medida. Esta es la tercera vez que se abordan los avales, y seguirán sin estar en funcionamiento.

Lo que ha hecho el Gobierno en esta ocasión es aprobar algunos de los criterios, pero lo cierto es que todavía falta por firmar el convenio con el ICO y con los bancos. Como ha adelantado ABC, el Ministerio de Vivienda añade un requisito extra a los ya conocidos: los compradores de vivienda que quieran beneficiarse de un aval público para que el banco le dé hasta un 100% de hipoteca sobre el valor del piso deberán ser personas físicas, mayores de edad y tendrán que acreditar residencia legal en España de manera continua e ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. En caso de que sean dos los compradores, ambos deberán acreditar cumplir ese requisito.

Asimismo, el Gobierno exigirá que la vivienda que se compre esté dentro de España y que esté destinada a ser la vivienda habitual y permanente. Otra de las novedades radica en que en el mismo acto de concesión del préstamo por parte de la entidad financiera se entenderá concedido el aval estatal. No se exigirá que el Ministerio de Vivienda dé el 'OK' a la operación. En este sentido, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez solo verificará que los consumidores cumplen las condiciones a posteriori. Esa verificación, además, no se hará sobre todas las operaciones que se avalen sino que se llevará a cabo un «muestreo aleatorio». También, Vivienda abonará al ICO una comisión de gestión de 0,25%, calculada sobre el importe de financiación formalizado, y una comisión de administración del 0,10% anual, calculada sobre el saldo vivo del aval.

Más allá de ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado en rueda de prensa que en el convenio que se firme con el ICO se establecerán más criterios. Por una parte, se prevé delimitar el importe máximo del valor de la vivienda que puede entrar en este tipo de operaciones; por otra, habrá criterios de territorialidad porque no es lo mismo el precio de la vivienda y la renta en unas comunidades que otras.

Rodríguez no ha querido aclarar más sobre ese punto, y se ha limitado a destacar que el umbral de renta ya es un limitador para las operaciones que se pueden beneficiar de las ayudas públicas. Estas garantías del ICO están destinadas a avalar a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con un máximo de 37.800 euros de ingresos anuales (inferiores a 4,5 veces el Iprem); el Estado avalará hasta un 20% -25% si la calificación energética de la vivienda es mínimo letra D- del préstamo. El límite de acceso de 37.800 euros aumentará un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca es firmada por dos personas. También se incrementará un 0,3% el límite por cada hijo a cargo.

Estas ayudas podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025, (se contempla una posible prórroga de dos años) y la duración de las garantías será de diez años.