De profesión, comisionista: intermediarios bajo sospecha que se multiplican con la pandemia
Los abogados recuerdan que estas prácticas son totalmente lícitas, aunque también avisan que en ocasiones esconden delitos
Diccionario actualizado del comisionismo español
G. GINÉS
Para unos intermediarios legales, para otros corruptos... y para la mayoría oportunistas. El papel de los comisionistas ha vuelto a ser revisado en las últimas semanas por la opinión pública después de que trasciendan casos como el contrato de Luis Medina con el Ayuntamiento de ... Madrid o la relación entre Gerard Piqué y la Real Federación Española de Fútbol . Pero lo cierto es que el pago de comisiones es una práctica sumamente frecuente, sobre todo en el ámbito privado.
Porque las comisiones son legales. Siempre. «Se trata de un negocio mercantil previsto en los artículos 244 y siguientes del Código de Comercio: una persona realiza tareas de intermediación en un negocio mercantil y, a cambio de su tarea, cobra una comisión», explica el socio del área de Derecho Penal del Bufete Mas y Calvet, José María de Pablo. Fuentes empresariales explican que hay comisionistas «en multitud de contratos y operaciones». Es una práctica muy común y, de hecho, «cuando se recogen las condiciones bajo las que actúan estos comisionistas se añade más transparencia al concurso o el acuerdo ».
Entonces, ¿por qué han levantado estos casos tanto revuelo? Porque la comisión, en ocasiones, esconde prácticas ilícitas. «Si se paga una cantidad –mal llamada comisión, porque la palabra correcta es soborno– a un funcionario público para obtener a cambio una contratación pública, se estará cometiendo un delito de cohecho, por ejemplo», destaca de Pablo.
También tiene responsabilidades el comisionista. «Incurrirá en práctica ilícita cuando no ejecute el mandato encomendado según las instrucciones dadas; no rinda cuentas a su comitente; destine la provisión de fondos que tenga a otros fines; hacer de contraparte en el contrato de comisión, y siempre y cuando actúe al margen de la diligencia que le es exigible, y que le obliga a dar preferencia a los intereses de su principal, y así le queda prohibido contratar operaciones a precio o en condiciones más onerosas que las de mercado, por ejemplo», recuerda Carmen Fernández Hinojosa , abogada de Medina Morales.
Por eso el juez del caso de las mascarillas que vendieron al Ayuntamiento de Madrid Luis Medina y Alberto Luceño investiga, entre otros, un posible delito de estafa. «La clave es demostrar que ellos eran conocedores de que los productos no tenían las características prometidas. Eso supondría un delito de estafa, pero tiene que haber conocimiento y eso a veces es complejo de demostrar», sostiene Felipe García , socio y abogado de Círculo Legal Madrid. Según sus palabras, el uso de comisionistas en el sector público no suele ser muy común, pero la pandemia provocó una situación excepcional en la que se tiró más de esta figura. «No había oferta», abunda.
El pago de comisiones en negocios privados, en cambio, «es muy habitual en el día a día», asegura el abogado de Mas y Calvet. A veces, en situaciones sumamente cotidianas: «¿ Quién no ha pagado una comisión a la inmobiliaria que medió en la compraventa de su vivienda ?». Esto no quiere decir que las comisiones estén libres de sospecha en el ámbito privado. En ocasiones esconden delitos de corrupción en los negocios. ¿ Cuándo ? «Cuando algo que vale 5 lo vendes a 8 para favorecer a alguien a cambio de ventajas u ofrecimientos de todo tipo», destaca García.
«También es muy difícil demostrarlo, pero es cierto que estas actividades están sometidas a un gran escrutinio por parte de la Justicia. Las penas para los que cometen este tipo de delito llegan hasta los 4 años y suelen ir acompañadas de una inhabilitación para el ejercicio de industria o comercio de hasta 6 años.
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