El plan para detectar fraudes en los fondos de la UE olvida a los comisionistas

Pese a la alarma social causada por el llamado caso de las mascarillas y por las millonarias cuantías ingresadas por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, que encarecieron de forma sustancial un contrato público de adquisición de material sanitario en plena pandemia, el documento de recomendaciones de Hacienda –que aspira a actuar de guía para los planes antifraude de todas las Administraciones Públicas– no menciona de forma expresa el control de este tipo de comisiones o de la operativa de los comisionistas ni en las 67 páginas de la guía del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –el órgano reforzado para vigilar la correcta asignación de los fondos europeos– ni en las 18 del anexo de banderas rojas.

Esas banderas rojas tratan de identificar las prácticas de riesgo más habituales en la contratación pública o, al menos, las que Hacienda considera más prioritario perseguir y constituyen la referencia para que las diferentes Administraciones Públicas diseñen sus propios mecanismos de control y minimicen el riesgo de que se aproveche el millonario flujo de subvenciones, ayudas públicas y contratos del Plan de Recuperación para tratar de sacar tajada de forma irregular.

Fuentes de Hacienda explican que la guía sí pone en el objetivo la eventual percepción de comisiones irregulares por parte de miembros de los órganos de contratación por facilitar la adjudicación de contratos a un aspirante concreto y que si no se hace referencia expresa a la participación de intermediarios, tan de actualidad estos días, es porque la guía «está destinada a los órganos de contratación» , ya que son ellos los que tienen la posibilidad de denunciar los indicios de irregularidades cuando las observen.

Además, señalan que otras alertas tempranas definidas en la guía, como la existencia de ofertas ganadoras demasiado elevadas en relación al coste inicial del contrato, o el control de las adjudicaciones en que haya una concurrencia limitada, ya acotan ese riesgo, aunque sea de forma indirecta.

Sin embargo, la posible intervención de comisionistas que obtengan un beneficio económico al margen del normal proceso de adjudicación de los contratos de la Administración sí se señala como riesgo en los planes elaborados por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón.

En ambos se insta a sus servicios de contratación y lucha contra el fraude a fiscalizar la existencia de vínculos familiares, sociales o empresariales entre miembros de los órganos de contratación y potenciales adjudicatarios, los aumentos de valor injustificados en los contratos e incluso la imagen social de los potenciales adjudicatarios por si tuvieran «fama en el sector de pagar comisiones ilegales».

Sus recomendaciones van en línea con las realizadas por la Comisión Europea a los países miembros para evitar fraudes en la gestión de los Fondos Feder, los recursos del Fondo Social Europeo y de los Fondos de Cohesión.

La Comisión Europea ha hecho especial hincapié en que los países más beneficiados por los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre los que figura España, apuntalen sus dispositivos de lucha contra el fraude para evitar que una mala aplicación de esos fondos erosione el mayor intento realizado jamás desde Europa para mutualizar los costes de una crisis.

El primer informe de evaluación de Bruselas sobre la gestión de los fondos por parte del Gobierno de España, difundido el pasado mes de diciembre, incidió de forma expresa en este asunto y le exigió reforzar sus mecanismos de lucha contra el fraude e identificar a todos los destinatarios de fondos procedentes de la UE.

La guía de medidas de lucha contra el fraude en los fondos del Plan de Recuperación es uno de los frutos de esa presión y fue editada menos de un mes después del toque de Bruselas. El documento pone especial énfasis en evitar los conflictos de interés entre adjudicadores y adjudicatarios e insta a las Administraciones Públicas a exigir a todos los actores implicados en la contratación una Declaración de Ausencia de Conflictos de Interés (DACI), una especie de declaración responsable que es la clave de bóveda de todo el sistema antifraude.

El plan gubernamental insta a vigilar la existencia de vínculos de cualquier naturaleza que deriven en un trato de favor hacia un aspirante en concreto. La obsesión de Bruselas con este asunto ha sido una de las causas de que el Gobierno haya tenido que modificar la naturaleza de los Perte, que se concibieron en origen para impulsar proyectos concretos, vinculados a empresas determinadas, pero que las reservas de Bruselas han obligado a convertir en procesos competitivos.

El documento de Hacienda advierte sobre la opacidad en la licitación y adjudicación de contratos , sobre incumplimientos del régimen de ayudas de Estado, la falsificación de documentación y los posibles pactos entre licitadores para repartirse contratos.