Contratos Covid: 7.000 millones adjudicados y 680 bajo sospecha

Esos expedientes bajo sospecha suman 678,3 millones de euros . Corresponden a contratos para compras de material sanitario que han dejado en el punto de mira a tres ministerios, al menos a un gobierno regional y a un ayuntamiento. En unos casos, la posible irregularidad asoma en las comisiones abusivas que se llevaron los intermediarios; en otros, un posible tráfico de influencias para el acceso a la contratación. En la mayoría se busca explicación a elevados sobreprecios y mercancías que no llegaron o no cumplían las expectativas.

Son ocho investigaciones abiertas en nuestro país que afectan a medio centenar de contratos. Dos de ellas ya están judicializadas; el resto, asumidas por la Fiscalía Anticorrupción , que ya examina once adjudicaciones del Gobierno y otra de la Comunidad de Madrid . Esta cifra podría aumentar. Hay otras cuatro denuncias en estudio que afectan a más de una decena de compras de administraciones.

En marzo de 2020 el Ayuntamiento de Madrid desembolsó más de once millones para comprar material sanitario, de los que seis acabaron en el bolsillo de dos comisionistas . Luis Medina , hijo del duque de Feria, modelo y «bróker de materias primas» –así se presentó ante el juez–, y su socio, Alberto Luceño , empresario. El contrato lo investiga el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Anticorrupción les acusa de haber obtenido un beneficio «exagerado e injustificado» por su intermediación en la compra de mascarillas , guantes y test que resultaron ser de ínfima calidad. Llegaron a cobrar entre los dos un 148% más del valor real de los productos y derrocharon el dinero en bienes de lujo. Era el peor momento de la pandemia .

Se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. A Medina, además se le atribuye un delito de alzamiento de bienes. Cuando fueron a echar mano de sus cuentas para cubrir la fianza sólo quedaban 247 euros.

El próximo 9 de mayo comparecerá en el juzgado, en calidad de testigo, la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado . También María Díaz de la Cebosa , la directora de la universidad que puso en contacto a Luis Medina y al primo del alcalde de Madrid Carlos Martínez-Almeida para acabar llegando a contratar con el consistorio. Él tendrá también que comparecer ante el juez, que ha de decidir si le cita como testigo o investigado.

El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga a tres altos cargos del Gobierno señalados en la querella que interpuso Vox por 56 contratos adjudicados para la compra de material sanitario por valor de 310 millones de euros durante la primera ola de la pandemia. Estos contratos son, según Vox, «injustificados», presentan un notable sobrecoste y se firmaron con «empresas sin solvencia técnica ni profesional en el sector».

Fue el pasado 7 de abril cuando Alfonso María Jiménez , director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Paloma Rosado , entonces directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) y Patricia Lacruz , directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), prestaron declaración como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. La formación de Abascal les atribuye delitos de prevaricación , malversación de caudales públicos y fraude .

La causa puede crecer. En las últimas semanas el PP ha interpuesto otra querella por los mismos hechos. Se encuentra pendiente de reparto también en los juzgados de la capital, según informan fuentes jurídicas a ABC. Lo más plausible es que acabe acumulada en el mismo procedimiento.

La Fiscalía Anticorrupción investiga 11 contratos por la compra de material sanitario a cinco empresas por parte de los ministerios de Transportes , Interior y Sanidad y que ascenderían a más de 325 millones de euros. Los contratos se adjudicaron por la vía de emergencia, y el PP de Ayuso los denunció y vinculó al exministro de Transportes José Luis Ábalos , a Salvador Illa –entonces al frente de Sanidad– y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska . La Fiscalía ha abierto diferentes vías de investigación «para confirmar o descartar la posible relevancia penal» de las adjudicaciones. El monto mayor es el que afecta a la cartera que dirigía Illa, 286 millones.

Los fondos se emplearon en ocho contratos adjudicados desde la Dirección General de Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de Salud para la adquisición de millones de mascarillas, guantes, gafas, batas y respiradores.

Cuatro de esos contratos se adjudicaron a una única empresa, FCS Select Products SL . Durante la pandemia habría pasado de facturar menos de un millón de euros con artículos de 'marketing' de bebidas alcohólicas a facturar 263 millones con las mascarillas. El PP en su denuncia apunta como causa de la adjudicación de estos contratos a la relación de amistad que el exministro Illa mantendría con los administradores de la sociedad. Además los populares señalan que una de las responsables fue condenada en 2016 por un delito de estafa.

Los otros cuatro contratos se adjudicaron entre tres empresas. Sanidad desembolsó 9,4 millones de euros a Member of the Tribe , antes dedicada a la moda, a cambio 92 millones de guantes de nitrilo. Un precio, según el PP, excesivo, con un sobrecoste de entre el 25% y el 500%. Según consta en la denuncia, la empresa incumplió los plazos y Sanidad decidió resolver el contrato, pero para entonces ya había adelantado 1.669.200 euros que no habría recuperado.

percibió 10,1 millones por la venta de 500.000 batas desechables. El ministerio habría pagado a casi 17 euros más IVA la pieza frente a otros proveedores que las ofertaban a entre 0,32 y 0,27 euros.

Para la adquisición de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, Sanidad recurrió a una empresa que fabricaba yesos para construcción, Hyperin Grupo Empresarial . Pagó el importe total del contrato que alcanzaba la suma de 3.310.000 euros de los que tendría aún por reintegrar 1,8 millones.

Con José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, los organismos Puertos del Estado y ADIF adjudicaron dos contratos para el suministro de mascarillas profilácticas y FFP2 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por valor de 36,7 millones de euros. Esta empresa, de acuerdo a la denuncia, tendría relación con el ahora exministro.

Es en el posible tráfico de influencias donde se pone la lupa en este tipo de contratos, pues la normativa en pandemia era tan laxa que la vía de contratación de urgencia permitía esquivar controles ordinarios como la situación de la empresa adjudicataria. Se podía, incluso, adelantar fondos sin garantías.

La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior también habría adjudicado un contrato a la misma empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Un contrato por valor de 3.479.355 para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El «hilo conductor» de todo este paquete de contratos denunciados, según Anticorrupción, son las relaciones de las empresas con los ministerios y la falta de comprobación de los requisitos para contratarlas.

Anticorrupción ya ha tomado declaración a Tomás Díaz Ayuso , el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid , para esclarecer la adjudicación de 1,5 millones de euros en la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive , administrada por su amigo Daniel Alcázar y que, a su vez, le pagó al menos 55.850 euros. Junto a él, desfilaron por la Fiscalía media docena de funcionarios y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , que defendió la legalidad del contrato.

Según fuentes de la investigación consultadas por ABC, el asunto difícilmente salpicará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que no consta que participara en la contratación. Las diligencias, en cualquier caso, están ya muy avanzadas. Se prevé que estén resueltas antes del verano en lo que respecta a Anticorrupción, porque la Fiscalía Europea sigue sus propias pesquisas sobre este mismo contrato.

Encima de la mesa de otro juzgado de Madrid también hay una presunta estafa al Ayuntamiento de la capital. En esta hay que ir más lejos, cruzar el Atlántico, y centrar el foco en una consultora neoyorquina, Sinclair and Wilde , y un hombre, Philippe Solomon , que habría cobrado 1,25 millones de euros por 500.000 mascarillas inservibles. Faltaban las certificaciones de calidad, y la documentación que acompañaba al material correspondía a productos de cosmética.

La Policía Municipal presentó denuncia en el juzgado, pero se archivó después de que sus colegas de Nueva York informasen de que Solomon no aparecía. Ahora, el mismo juez estudia reabrir el caso: hay más pistas sobre el presunto estafador. Más Madrid ha presentado su propia denuncia para empujar la reapertura.

Además, Unidas Podemos ha vuelto a la Fiscalía Anticorrupción, esta vez por 27,6 millones de euros en diez contratos de la Comunidad de Madrid a dos empresas que nada tenían que ver con material sanitario. Una vendía vinos y la otra, servicios de 'marketing' radiofónicos. Falta ver si los fiscales, aquí o en la Fiscalía Europea, deciden abrir también esta línea de investigación.