Un IPC desbocado convierte la subida de los salarios en un nuevo frente para el Gobierno
Los sindicatos buscan ligar los sueldos, que solo crecen un 1,5%, a una inflación del 6,7%. Los economistas avisan de los efectos perniciosos de esta estrategia
Los trabajadores han perdido más de cinco puntos de poder adquisitivo y apenas un 17% está protegido del repunte de la inflación
El encarecimiento del coste de la vida que ha traído consigo la vuelta a la actividad tras el parón impuesto por la pandemia se ha convertido en una de las principales amenazas para la ansiada, y de momento aún incierta, recuperación. La subida disparada ... de los precios no solo ha agujereado la cesta de la compra de las familias , también impacta en partidas vinculadas al IPC, como las pensiones, y añade presión en otras, como los sueldos, dibujando un escenario perfecto para la conflictividad laboral .
Los sindicatos ya han avisado de que darán la batalla por mantener un poder adquisitivo de los trabajadores que consideran ya muy limado. Por su parte, los empresarios miran a la escalada de precios con preocupación pero se resisten con uñas y dientes a subidas salariales generalizadas en un momento que consideran aún cargado de incertidumbre. En medio de ambas posturas, los economistas alertan de los efectos de la denominada 'segunda ronda' , que llevarían a la economía a una dinámica alcista que podría hacer que el Banco Central Europeo (BCE) se inclinara, antes de lo deseado, hacia una política monetaria más restrictiva.
Lo cierto es que el empobrecimiento de las familias españolas es innegable. El avance del IPC adelantado de diciembre reflejó una tasa anual de los precios del 6,7% , el dato más alto desde marzo de 1992 y muy alejado de los crecimientos salariales que se han llevado a cabo en este año: un 1,6% en el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir de septiembre, y un 1,49% de media en los salarios pactados en convenios hasta noviembre. Esta variación lleva estancada prácticamente desde primeros de 2021 y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativas, entre 2014 y 2016.

El mundo académico sigue muy de cerca la evolución de los precios. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) advertía hace un par de semanas sobre cómo el comportamiento de la inflación en los próximos meses va a determinar en gran medida el rumbo de la economía y de la política monetaria en 2022. «El principal riesgo es que se genere una espiral salarios-precios, un proceso que se alimenta a sí mismo y que puede derivar en una subida de los tipos de interés que afectaría a la carga de la deuda» , advierte María Jesús Fernández, su economista sénior.
De momento, tanto el BCE como el Gobierno y muchas casas de análisis esperan un descenso de la inflación a partir de la primavera, debido especialmente a que para entonces se calcula llegará la bajada de los precios de los productos energéticos y materias primas. No obstante, cada vez son más las voces que comienzan a arrojar dudas sobre este escenario. La propia Funcas apunta a que existe una «gran incertidumbre» al respecto.
El papel del BCE
La consultora Afi centra su atención en el impacto que la inflación puede tener en el crecimiento de los salarios en la negociación colectiva. Según sus cálculos, la vinculación salarial podría llegar a afectar al 3,4% de los afiliados , aunque en algunos sectores este porcentaje se calcula que podría rozar el 10%. «Un fuerte repunte de la indexación salarial contribuiría a potenciar la espiral precios-salarios, que sería el principal factor que llevaría a una permanencia de la inflación en niveles por encima del objetivo del BCE, a una retirada anticipada de estímulos monetarios y con ella, a una ralentización de la recuperación de la economía española», advierten.
Los economistas avisan de los efectos de 'segunda ronda' y de los riesgos de un alza de tipos que termine afectando a la deuda
Entre octubre de 2021 y junio de 2022 casi nueve millones de empleados deberán renovar sus condiciones laborales
Con la llegada del nuevo año llega, por tanto, el momento más delicado. Arranca el periodo de negociación de no pocos convenios colectivos, que coincidirá además con los meses de mayor presión inflacionista. De acuerdo con las estimaciones de Afi, entre octubre de 2021 y junio de 2022, algo más de 10.400 convenios colectivos expirarán o se han denunciado para abrir el diálogo social, lo que afectaría a 8,8 millones de trabajadores, el 46% del total de afiliados a la Seguridad Social.
Un invierno de «infierno»
Un escenario que ya se atisba conflictivo. A mediados de diciembre UGT y CC.OO. ya esbozaron su ofensiva y ante la sede de la CEOE en Madrid reclamaron subidas de salarios y el desbloqueo de la negociación del acuerdo con la patronal que fija los sueldos en la negociación colectiva. «Ahora, los salarios. ¡Pagad más!» , fue el lema de aquellas propuestas en las que los secretarios generales de ambas centrales, Unai Sordo y Pepe Álvarez dieron un primer toque a la organización empresarial. «La patronal tiene que ser consciente de que se ha acabado la posibilidad de que se sigan escaqueando, de que en este país no suban los salarios», dijo entonces Pepe Álvarez. «Se puede hacer con conflicto, como en Cádiz (las protestas del metal), o de manera razonable, sentados en una mesa. Pero que la CEOE tenga la seguridad de que esto no ha hecho más que empezar. Vamos a convertir este invierno en un infierno para las patronales si no negocian un nuevo convenio», alertó. «No es de recibo que un país que ha hecho un esfuerzo por salvar miles de empresas se encuentre con organizaciones empresariales que llevan a la mesa propuestas de congelación salarial», añadió Sordo.
Presión sindical en las empresas y al Gobierno. Ambos sindicatos urgen a cumplir con los compromisos contraídos a lo largo de la legislatura y revindican 1.000 euros de SMI como paso previo a situarse en el 60% del salario medio (en torno a 1.050 euros) en 2023. De momento, el año ha arrancado con los 965 euros pactados para 2021 a la espera de que Yolanda Díaz mueva ficha con una negociación en la que la patronal no está muy dispuesta a entrar.
No obstante, la economía española cuenta con algunos cortafuegos para evitar el contagio inflacionista. La posibilidad de descuelgues que se ha mantenido en la reforma laboral supone un freno claro al crecimiento de los salarios. Además, en los últimos años se han rebajado considerablemente los convenios que tienen cláusulas de garantía salarial, es decir, que se vinculan a la evolución de los precios. De los 6,8 millones de asalariados que tenían pactadas sus condiciones salariales hasta noviembre, solo un 17% (menos de 1,2 millones) tenía una cláusula de salvaguardia salarial, según Trabajo. «Es uno de los porcentajes más bajos de los últimos 20 años. Esto se ha producido como consecuencia de la desaparición de las negociaciones colectivas de estas cláusulas, algo que, por otro lado, también ha sucedido en la media de los países del área del euro. Esto no exime la posibilidad de que en las próximas negociaciones se recuperen, vista la tendencia de la inflación y el marco actual de acuerdo entre los agentes sociales», alertan los analistas de Afi.
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