La Audiencia Nacional anula el ERE de Atento y obliga a readmitir a 672 trabajadores

La sentencia de la Sala de lo Social, de la que es ponente el magistrado Ricardo Bodas, argumenta que el proceso de despido colectivo supuso “una vulneración frontal del derecho a la libertad sindical, en su vertiente funcional a la negociación colectiva”, ya que se impidió que algunos sindicatos pudieran influir en una decisión que afectaba a sus afiliados y al resto de trabajadores. Una vulneración que se produjo en el proceso de consultas del despido colectivo.

La razón está en que la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y Fasga firmaron un “acuerdo vinculante” el 31 de julio con las condiciones del ERE, pero supeditaron su aprobación a la ratificación mayoritaria de los trabajadores afectados. Estos sindicatos, sin embargo, no informaron de esta votación a los sindicatos que no formaban parte del acuerdo con la empresa: los sindicatos STC, USO, CGT y CIG. Según la sentencia, no se les entregó el censo de votantes, no se les explicó la composición de las mesas electorales ni el sistema de votación y no les permitió participar ni el proceso mismo de votación ni en el recuento de los votos.

Los sindicatos que habían firmado el acuerdo con la empresa –que fue vendida a finales de 2012 al fondo de capital riesgo Bain Capital- podrían haber cerrado el proceso de despido colectivo al contar con las mayorías necesarias. Sin embargo, al trasladar la decisión a todos los trabajadores afectados, abrieron una nueva “controversia sindical”, en la que estaban implicados los representantes de los demás trabajadores, los que no firmaron el acuerdo.

La sentencia afirma que en el proceso de votación participaron 672 trabajadores (445 a favor, 96 en contra), con una “sorprendente” abstención de 131 empleados. Lo “insólito” está en que solo se dejó votar a los 672 trabajadores que se verían afectados si salía adelante la propuesta, mientras que si no tenía luz verde el acuerdo, serían despedidos unos 826 trabajadores.