Las denuncias contra Rubiales que perdió el CSD

Hay dos casos que llaman especialmente la atención: la presunta barbacoa-orgía en Salobreña durante la pandemia y las comisiones millonarias recibidas por la decisión insólita de trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí durante una década. Ante los reproches de la oposición, José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte hasta hace tres meses, explicó en el Congreso en noviembre pasado que su inacción se debía al «principio de subordinación de la administración a la jurisdicción»: es decir, al estar siendo investigadas por un juez por posible administración desleal y corrupción, esas denuncias ya no tenían recorrido en la vía administrativa.

Diversas fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que esa argumentación escondía una triquiñuela: la jueza está investigando quién pagó las facturas de esas llamadas «jornadas de trabajo» de Salobreña, pero no, por ejemplo, la presumible falta de «decoro» consistente en contratar una decena de meretrices (recuérdese que el TAD evalúa ahora abrir expediente precisamente a Rubiales por «falta de decoro» en el palco de Sídney).

Las dudas no terminan ahí. El CSD recibió, durante muchos meses, denuncias que no tenían nada que ver con Salobreña ni con las comisiones árabes. Por ejemplo, que en la Supercopa de España Femenina de este año Rubiales optase por no entregar las medallas a las futbolistas, dejándolas en una mesa para que las recogieran por sí mismas, en un acto que la Asociación por la Transparencia en el Deporte (parte denunciante) consideró «sexista» en relación a los hombres (con los que la RFEF desplegó lujo y boato en Arabia).

Además, habría incumplido el contrato que le obligaba desde 2019 a celebrar la Supercopa femenina con el mismo formato que la masculina (la RFEF relegó a las mujeres a un estadio de Segunda B en Mérida). La citada asociación le denunció también ante el CSD por «celebrar la Supercopa de España en un país en los que los derechos de las personas difieren por razón de su sexo» (en un escrito firmado por el letrado Miguel Ángel Ferrero).

El 'caso Salobreña' ya no lo podrá investigar ni sancionar nunca el TAD, puesto que justo este mes (como ha informado Iusport) se cumplió el plazo de prescripción -tres años- previsto en la ley. El Gobierno decidió en julio de 2022 no enviar el caso al TAD.

El discurso de Moncloa ha cambiado drásticamente ante el grave escándalo internacional, y el CSD ha presionado públicamente al TAD para que tome una decisión rápida, considere «muy grave» los actos de Rubiales y permita al CSD inhabilitarle en pleno terremoto mediático. La decisión, sin embargo, se está demorando más de lo esperado; los errores del CSD en el envío de la documentación aumentan las sospechas entre juristas consultados por ABC. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la lentitud del Ejecutivo y pedido la suspensión cautelar de acuerdo con el artículo 62.2.c de la Ley del Deporte: «No puede estar ni un minuto más en el cargo».

Otros especialistas cuestionan la insistencia del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, en que el asunto fuese resuelto la semana pasada por la «justicia privada» (es decir, por la propia Federación). Y contraponen la urgencia de algunas reuniones que celebra el TAD por una tarjeta roja durante un partido dominical con la lentitud de estas deliberaciones, en contraste con la rapidez mostrada por la FIFA al suspender provisionalmente a Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol durante 90 días.

«Se trata de una situación jurídica enrevesada, donde rige además el principio 'non bis in idem' [prohibición de sancionar dos veces a un ciudadano por el mismo ilícito]», reconoce un abogado del Estado a este periódico. «Los miembros del TAD son abogados del Estado, un cuerpo que suele tender a una visión conservadora en la interpretación del Derecho. Si no hubiese entrado en acción la FIFA, podríamos habernos encontrado ante un desastre absoluto».

La otra posibilidad para apartar a Luis Rubiales de su cargo era una moción de censura, pero (según adelantó ayer Onda Cero) esta vía no será posible a partir de mañana, 1 de septiembre. Según la orden ministerial que rige esta moción, no es posible convocarla un año antes de celebrarse unas elecciones en la federación. Todo sigue pendiente de las deliberaciones del TAD y una eventual suspensión cautelar y provisional (si el abuso de autoridad es considerado «muy grave»). La ley, en cambio, sólo tipifica como graves los actos que atenten contra la dignidad o decoro deportivos, lo que excluye esa segunda posibilidad.