Un colegiado, ante la Guardia Civil: «Todos sabían que las clasificaciones de los árbitros eran corruptas, pero el que se quejaba no ascendía»

No ascendían los mejores, sino que se tenía en cuenta el «cupo regional», algo que también han apuntado otros colegiados en sus declaraciones. Además, según Fernández Hinojosa, la valoración de los «delegados de partidos» -habitualmente, colegiados retirados-, que eran quienes les puntuaban en los encuentros, «no servía para nada». Era el «índice corrector o corruptor» de Sánchez Arminio, entonces presidente del comité de árbitros, el que se empleaba de forma «subjetiva». En su caso, cree que nunca ascendió a Primera División por «las desavenencias entre el CTA y la RFEF en relación» con el citado «índice corrector».

Fue este diario el que avanzó como los jefes del CTA modificaban a su antojo las evaluaciones de los jueces. El arbitrario 'índice corrector', que decidía ascensos y descensos de los colegiados. Una publicación que, junto al artículo de uno de los árbitros, hablando de ello, «sentó mal» en el seno de la entidad, según declaró uno de ellos ante la Benemérita.

Preguntado sobre José María Enríquez Negreira, vicepresidente del  CTA, imputado por los pagos de más de 7 millones de euros que recibió del Barça entre 2001 y 2018, Fernández Hinojosa también apuntó que no tenía «prácticamente ninguna» capacidad de decisión sobre la plantilla arbitral. Era el entonces presidente del organismo, Sánchez Arminio, fallecido el pasado año, quien «dirigía y decidía todo». Sobre los motivos que habrían llevado al F. C. Barcelona a contratar a Negreira y a su hijo Javier Enríquez, indicó que podría ser por si éstos «podían tener alguna influencia sobre los árbitros y de esa manera favorecer al club en el aspecto deportivo». Aunque rechaza que pudieran «haber influido en la competición».

Sí cree que Enríquez Negreira, «aprovechándose de su posición, ha engañado a alguien» del Barça, «haciéndole creer que iba a poder influir», cuando su intención era «obtener pagos». También otro colegiado, Ignacio Iglesias Villanueva cree que la contratación de padre e hijo se debió a que el club azulgrana «probablemente pensara que podría tener algún tipo de favor deportivo». Rechaza que finalmente fuera así porque no cree «que ningún árbitro se deje influir por nadie».

Aunque los pagos no consiguiesen dicho fin, la mera intención de los mismos, de demostrarse que así era, constituiría igualmente un delito de corrupción en el ámbito deportivo, que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Causa en la que además de Negreira y su hijo, están imputados el Barça, como persona jurídica; sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell; el actual mandatario, Joan Laporta, y otros directivos del club que no ha podido demostrar le motivo por el que pagó al exvicepresidente del CTA, ya que solo hay informes -«inútiles», según algunos colegiados- de Javier Enríquez.

Ninguno de los árbitros que han declarado ante la Guardia Civil sabía que Negreira y su hijo estaban en nómina del F. C. Barcelona hasta su publicación en prensa. Aunque en su mayoría, colegiados y excolegiados rechazan que los pagos pudiesen alterar la competición, como sospecha el juez instructor, sí sostienen, como apuntó también ante el Instituto Armado otro árbitro, José Luis González González, que el Barça «querría sacar algún beneficio deportivo».

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Según su declaración, «José María les haría entender que tenía algún poder sobre los árbitros». También que los Negreira «se aprovecharon de la figura del propio vicepresidente para obtener algún beneficio económico entre el propio vicepresidente y miembros del club». Su teoría es que el dirigente arbitral «se puso de acuerdo» con responsables del Barcelona «para beneficiarse a título particular con esos pagos, repartidos entre ellos».

En la misma línea se pronunció el colegiado Martínez Montoro, que apuntó a los investigadores que el Barça debió contratar a Negreira para «hacer negocios particulares a espaldas del CTA».