El libro reclama sus derechos

Es este sector, el editorial, el que quiere romper su silencio -cuando quedan tres semanas para la entrada en vigor de la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual - para denunciar la falta de protección y de medidas eficientes para resolver un problema que desangra a esta industria que ve, por poner un ejemplo, cómo el incremento de ventas de dispositivos electrónicos no se refleja en la venta de libros digitales. ¿Dónde está el truco? En que cada vez son más los consumidores que optan por descargarse -ellos mismos o través de alguien próximo más experto en estos menesteres- los contenidos. Si ya hemos pagado por el lector, para qué hacerlo por el contenido, se justificarán algunos.

La revolución tecnológica ha agravado además algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector editorial, como el mayor uso de libros y otras publicaciones digitalizadas en los centros educativos, a través de tabletas o intranet, que no se remunera económicamente. En algunos de estos casos Cedro, que vela por los derechos de la propiedad intelectual de libros, revistas y publicaciones en general, ha tenido que llevar a algún centro universitario a los tribunales, como la Autónoma de Barcelona, ganando sin problema las demandas. También fue el caso de la Universidad Carlos III de Madrid , que tras perder la suya optó por pedir una licencia por el uso de este tipo de contenidos.

Otro de los frentes son las bibliotecas (solo están obligadas a compensar el uso de estos contenidos las de poblaciones con más de 5.000 habitantes). Los organismos públicos de los que dependen se muestran remisos a pagar cantidades que en la mayoría de los casos son irrisorias: «Los porcentajes son muy bajos, y las cantidades pueden ascender, en algunos de los 1.300 municipios, a 20 euros al año. Sale más caro poner una demanda», afirma Javier Díaz de Olarte, asesor jurídico de Cedro. A esto se suma el espinoso tema del canon digital, que extinto como tal hace ahora casi tres años, ha reducido la compensación por copia privada en el sector editorial, que en poco más de un lustro ha pasado de 34 millones de euros a uno y medio.

Pero de todos los problemas, el más visible al que se enfrenta el sector es la piratería, una actividad ilícita que ha crecido de manera exponencial entre la población. (El último estudio del Observatorio de la Piratería sostenía que el 84% de los contenidos culturales que se adquieren en España eran piratas ).

Lorenzo Silva muestra su pesimismo respecto a las soluciones a este problema que está necrosando un sector del que se presume es la primera industria cultural de nuestro país y uno de los pilares para la expansión del español en el mundo. Eso llevaría a pensar que el Gobierno debería nutrirlo y fortalecerlo levantando barreras o reforzando mecanismos para que el uso de libros sea compensado en su debida medida, como sucede en el resto de países europeos, pero no es así.

Si miramos a nuestro vecino, Francia, el segundo país que mima menos este sector después de España, veremos que la compensación por habitante por el uso de productos editoriales es cuatro veces mayor (0,869 euros, frente a los 0,158 euros de nuestro país,cantidad que incluye la compensación por copia privada, remuneración por uso en centros de enseñanza y por el uso de las bibliotecas). En el otro extremo, el país más comprometido es Bélgica, con 2,231 euros por habitante. Le siguen Holanda (1,717), Suiza (1,592 ), Reino Unido (1,279), Alemania (1,086 euros)...

Con 45 títulos «vivos» en el mercado, Lorenzo Silva se muestra reacio a presentar demandas contra aquellos que vulneran sus derechos como creador. «De momento la ley que tengo a mi alcance es prácticamente inútil. Si quiero tirar el dinero, mi tiempo y mis esfuerzos puedo meterme en procedimientos». Para ello solo tiene dos caminos: «O voy por la vía de la “Ley Sinde”, que es un procedimiento administrativo penosísimo, que tarda un montón y que seguramente meterán en algo la pata, lo impugnarán y no valdrá para nada, y cuando tenga una resolución ya lo habrán colgado en 500 sitios... O ir por la vía civil, en la que tengo que buscar abogado, procurador, pagar tasas, localizar al tipo, si el juez de 1ª instancia acuerda que busquen la IP, que no necesariamente tiene que ser así, tal vez ni lo pueda localizar. Y después, el pleito puede durar varios años, y podrían condenarle y él declararse insolvente. No habría conseguido nada. Es una protección absolutamente inexistente».

El escritor reconoce que alguna vez le ha tentado mirar las webs donde se aloja de manera ilícita alguno de sus libros: «Pero es una pesadez. Mi editorial, Planeta , es la que va rastreando los enlaces. Todos los días se cuelgan quince nuevos. Ella se ocupa de ponerse en contacto con los proveedores para decirles que esos enlaces llevan a contenidos ilegítimos. Google va borrando, los alojadores van borrando, pero todo farragosamente porque es el perjudicado quien tiene que perseguirlos».

En Cedro también se ocupan de perseguir este tipo de enlaces, como respuesta a las solicitudes de autores y editoriales. De estas últimas «han llegado 1.000 denuncias este año», afirma Cristina Ávila, una experta en rastrear este tipo de webs. Su primer objetivo, tras recibir la demanda, es identificar quién está detrás, un trabajo ímprobo en la mayoría de los casos. Y cuando lo consigue se le manda un notificación de infracción (en inglés y castellano), en la que se le informa al administrador de la página qué contenido ilícito ha sido detectado y de la violación de los derechos protegidos por la LPI. También de que dicha responsabilidad «afecta tanto a la persona física que realiza tales actos, como a los prestadores de servicios que consienten los mismos publicitando la descarga o redireccionando a la descarga de las obras contenidas en otros servidores, conociendo la ilicitud de estos actos». Por todo esto, la notificación pide la retirada de la obra citada.

De esta manera, Cedro ha logrado cerrar 13.300 expedientes. Pero esto no siempre es así, por lo que son precisas medidas de mayor peso que solo puede llevar a cabo la Comisión de Propiedad Intelectual de la Ley Sinde, y en particular la sección 2ª. «En dos años y nueve meses les hemos enviado 21 expedientes, que representan el top de páginas piratas, y han resuelto diez de ellos», se lamentan desde Cedro.

Conociendo la falta de personal de esta sección, incluso les han intentado facilitar la labor remitiéndoles los expedientes con toda la información anexa precisa: qué libros alojan ilícitamente y cómo se accede a ellos. Sin embargo, páginas como Pordescargadirecta.com siguen activas. Para Cedro esta incapacidad no es más que «falta de voluntad política» para atajar este problemas de manera clara y tajante.

De la misma opinión se manifiesta Lorenzo Silva. «Cuando a alguien le despojan de algo, de sus derechos o propiedad legítima, no tiene que ir a un ministerio. A mí no me gusta perseguir policialmente a la gente pero lo que funciona en otros países es que cuando las conductas son tan devastadoras de un mercado y de derechos legítimos, la única respuesta posible es penal. Y yo creo que no va a haber una concienciación de este problema. ¿Cómo se educó a la gente para no ir a 200 Kms por carretera? Eso fue instantáneo, otra cosa es que no se quiera educar. Y puede ser una decisión legítima ser el único país de Europa occidental que no defiende la propiedad intelectual».

Y va más allá al afirmar que en este momento de crisis y de falta de recursos al Gobierno «le viene bien que la población tenga a su disposición ilimitadamente entretenimiento, que está pagando un grupo de imbéciles que están quebrando mientras tanto. En España estamos privilegiando la economía sumergida, y haciendo quebrar a empresas que pagan sus impuestos aquí. La jugada que está haciendo realmente es inteligentísima», señala con ironía Lorenzo Silva.