Los votos del PP dan luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual en el Senado

Las modificaciones afectan especialmente al apartado de la piratería. Si en el Congreso el Grupo Popular estableció ya que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de piratería, podía intervenir siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas, ahora se han endurecido las sanciones económicas. Así, las multas máximas de 300.000 euros pasan a 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan de manera reiterada los requerimientos de retirada de contenidos que vulneren los derechos de autor. Unas sanciones que también afectarán a los intermediarios, como aquellos anunciantes de publicidad que aparecen en las web infractoras. También varían las multas mínimas, que pasan de 30.000 euros hasta 150.001, informa Ep.

Otra de las novedades es el refuerzo de la Sección Segunda para dotarla de más agilidad. Un requerimiento reiterado de los creadores, que se han quejado en numerosas ocasiones de la falta de personal y de que estuviera formada por funcionarios. Según fuentes consultadas por ABC, la Sección Segunda, «cuyo procedimiento es administrativo, por lo que no se puede externalizar el trabajo de los funcionarios, modifica su composición con la incorporación de un experto del Ministerio de Justicia. Hemos incrementado así el número de vocales».

En el capítulo de las entidades de gestión de derechos de autor, y con el fin de dotarlas de mayor transparencia tras los últimos escándalos, la ley establece obligaciones para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos y la posibilidad de crecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades.

Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar, en el plazo de cinco meses, a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones. De esta forma, se pretende simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios, tales como restaurantes, hoteles o peluquerías, entre otros. Algo que tampoco ha gustado a los representantes de las entidades de gestión al considerar que, al abarcar temas tan distintos, dificultará una buena gestión.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas. Por un lado, la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años. Otra hace referencia a las obras huérfanas y tiene como objetivo establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de estas obras por parte de las instituciones culturales y de los organismos públicos de radiodifusión.

Otro de los cambios introducidos limita a diez veces el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, a petición de colectivos como CEDRO y la CRUE. El Grupo Popular ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros «para aclarar qué es el préstamo de libros» y evitar que «bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro».

La ley pasará ahora, previsiblemente la semana próxima, al Congreso, donde ya no se admiten modificaciones y solo se tratará de un mero trámite para ratificarla. A continuación será publicada en el BOE. En cuanto a cuándo entrará en vigor, sobre este tema también hay novedades. El Grupo Poular ha modificado también la disposición final cuarta para establecer la entrada en vigor de toda la ley en enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio. Solo entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería «on line», la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto , pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.

Ninguna de las modificaciones aprobadas por el PP afecta a dos de los temas más controvertidos del texto: la compensación por copia privada y la conocida como «Tasa Google». Ni las movilizaciones realizadas en las últimas semanas por las entidades de gestión pidiendo la modificación del texto o la retirada de la ley, ni la consulta realizada por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia Europeo han cambiado un ápice la redacción, que se ha mantenido igual: cinco millones de euros con cargo a los presupuestos del Estado. Tampoco se han incorporado variaciones a la conocida «Tasa Google», a pesar del órdago lanzado por el agregador de noticias, quien ha asegurado que, de aprobarse la ley, cerraría Google News en España.