Vence la tesis de España: Santos renuncia a dejar resuelto el rescate del galeón San José

Sobre el contrato pesaba la inminencia de una sentencia judicial que podría decretar medidas cautelares y detener la licitación. Supone una victoria para España y también para el sentido común, como piden los científicos.

A quince días del final de su Administración, las espadas de quienes defienden una excavación científica y piden que se detenga el proyecto de Santos siguen en alto. Desde las Universidades de ha criticado con denuedo un proyecto volcado en el reparto del oro y la plata y sin los estándares científicos prometidos desde el inicio en diciembre de 2015. A su vez, la Procuraduría General de la Nación ha puesto la lupa en las condiciones dudosas del modelo de contratación elegido, porque ha dado a la empresa asociada con Santos, el llamado «originador», dos años y medio de primacía, puesto que el contrato ha sido diseñado según los intereses de esta empresa. No fue hasta fines del pasado marzo cuando se supo que la compañía era de matriz británica a pesar de su nombre: Maritime Archeology Consultants Switzerland (MACS).

La investigación de ABC reveló que su cuerpo directivo estaba plagado de cazatesoros bien conocidos , que habían mentido en sus currículum con el fin de aparentar una base científica que le falta al proyecto desde la raíz. Además, ABC analizó el contrato revelando que prevé pagar en plata y oro al peso , sin tener en cuenta los valores numismáticos o históricos de los materiales, lo cual ha sido calificado de «doble expolio» a los colombianos , puesto que engrosa la cantidad de metal usada como pago en una proporción de 10 a 1.

Por último, ABC reveló que la empresa MACS está controlada desde un paraíso fiscal , las Islas Caimán y también iluminó parte de la trama financiera de los socios británicos de MACS , que son los mismos que en 2012 aparecieron involucrados en una trama de evasión fiscal asociada al rescate de pecios con tesoro en la City londinense.

Pero la resistencia de la comunidad científica parte de mucho antes, de los primeros días de diciembre de 2015, cuando Santos reveló el hallazgo del San José al mundo a través de un tuit y una pequeña comparecencia ante la prensa que captó la atención internacional. Al día siguiente, los mejores arqueólogos subacuáticos del mundo firmaron en el blog de ABC «Espejo de Navegantes» un manifiesto que pedía respeto para este yacimiento arqueológico tan importante para la historia de España y de América.

El anuncio de Santos llega hoy también en un momento especialmente delicado, porque un Tribunal de Cundinamarca estaba a punto de fallar sobre la acción popular contra el proceso de licitación y contratación previstas por el Gobierno, a la que se aplicarían medidas cautelares. Si esto era así, la famosa Alianza Público Privada del Galeón San José habría quedado impugnada de antemano. La acción popular establecida contra el Ministerio de Cultura solicitaba concretamente que se detuviese la contratación que vence pasado mañana, 25 de julio , el día en que se iba a decidir qué empresa o empresas quedaban homologadas para el proyecto.

Una de las mayores críticas contra todo este proceos procede del hecho de que una empresa ha configurado el contrato en una negociación secreta con el Gobierno que se prolongó durante dos años y medio . Y que al resto de empresas se les ofrecían 30 días para mejorar esa oferta diseñada a medida de MACS. Esto ha supuesto una quiebra de la seguridad jurídica, lo mismo que el hecho de que Santos continuase adelante a pesar de que el fin de su mandato hacía más prudente buscar otras fórmulas.

Por si esto fuera poco, su combativa ministra de Cultura, Mariana Garcés, firmó un acta de la Comisión Nacional de Patrimonio en la que se afirma que parte del trato con MACS era excavar antes de que Santos abandonase el poder, algo que a la postre resultó imposible por la resistencia cívica y académica a un proyecto que se vendió como obra de un «dream team» con los más altos estándares científicos y que finalmente transparentaba un reparto del patrimonio asociado al galeón por la «magia» de llamarlo «no patrimonio». Para ello en 2013 habían cambiado la Ley de Patrimonio, con el fin de hacer legal este tipo de operaciones en las que se paga al rescatador con parte de la carga, hasta el 50%.

En el fondo, queda la ausencia de posicionamiento claro durante estos años por parte del Gobierno español, una renuncia incomprensible, a pesar de un par de comunicaciones entre los dos Gobiernos. Tras el cambio de Gobierno, el nuevo ministro Josep Borrell escribió una carta en la que se solicitaba un cambio en el proceso para poder entablar una colaboración .