Extraer el oro del San José antes de que Santos deje el poder era parte del acuerdo

Pero la ministra Garcés interviene ante el Consejo para explicar muchos detalles. Hay uno que llama la atención: hay mucha prisa. «La ministra informó que se aspira a que en el curso del presente gobierno se realice la extracción del tesoro» . ¿Por qué, si el galeón no va a moverse y la operación es tan complicada que podría poner en riesgo el patrimonio asociado?

Y dice más, sobre las ganas de acelerar trámites. Dibuja la especial relación con la empresa que llamaban «originador» y que después se supo que es la Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), dirigida por cazatesoros , según ha demostrado ABC. La ministra ratifica que «se autorizará la alianza público-privada para proceder al rescate, tras lo cual se recibirán propuestas (...) y se elegirá la más beneficiosa para el Estado colombiano, si bien se le otorgará al originador la posibilidad de igualar la mejor propuesta o de superarla». ¿Quién puede competir?

En ese punto la ministra de Cultura se lanza a explicar el final de este proceso: «Se espera que se inicie entre noviembre del presente año y enero del próximo [el plazo ha sido ampliado hasta el 24 de mayo]». Y justo después Mariana Garcés suelta la frase que revela una agenda secreta en el inicio de los tratos con los cazatesoros: «La identidad del originador se mantiene aún en reserva pero se sabe que puso como condición al actual gobierno que las obras se iniciaran en el presente mandato . De ahí el interés en consumar el rescate en lo que resta del presente mandato».

Analistas independientes, tanto en Colombia como en España, están consternados ante esta nueva muestra de la oscuridad de todo el proceso, documentada en un acta pública signada por la propia G arcés -como si no valorase el alcance de esa afirmación- y por Alberto Escobar Wilson, director de Patrimonio y secretario del Consejo. La ministra de Cultura debería ser, en cualquier país desarrollado, la encargada de impedir que la intervención de un patrimonio tan importante se aborde con prisa. En Colombia, tal y como demuestra el acta, ha sido el agente de esta interesada agilización.

Significa que ya todo está explicado: por qué Santos tiene prisa, por qué su Gobierno ha quebrado la seguridad jurídica , manteniendo el secreto incluso para partes enteras del contrato y aceptando como condición la prisa por ejecutarlo que ahora conocemos y también alejando a España desde un principio de este proyecto, con discursos de la típica leyenda negra sobre que España quiere el oro e ignorando nuestras ofertas de diálogo y colaboración desde 2015. Colombia trata de ingresar en la OCDE y resulta incoherente con la quiebra de la seguridad jurídica a la que apuntan estos contratos .

Santos aterriza mañana en España en una visita oficial de su gira de despedida. El presidente Rajoy y el Rey Don Felipe se reunirán con el presidente colombiano y es de esperar que traten de acabar con este desencuentro.

El proyecto de explotación del San José empieza a ser un lugar propicio a las extrañas coincidencias : durante toda la licitación, Sea Search Armada (SSA), la empresa que ha litigado durante décadas contra Colombia porque afirma que facilitó las coordenadas empleadas ahora por Santos, ha estado callada. Según ha revelado el abogado José María Lancho, su socio tecnológico de confianza, SeaTrepid International, citado numerosas veces en los litigios de Sea Search Armada contra el Estado colombiano, la empresa que preparó hace décadas su plan técnico para el expolio del San José, es actualmente el socio tecnológico de Ocean Infinity, una empresa que está detrás de MACS , el «originador». Lancho se pregunta: «¿El presidente Santos ha solucionado con algún pacto con el entorno de SSA parte de sus dificultades legales para expoliar el galeón?

Según consta en el litigio y señala el citado abogado, en los tribunales de Estados Unidos, SSA había reconocido un contrato para equipos y consultoría (incluido un buque de bandera estadounidense) con Sea Trepid International, LLC. «Estas operaciones emplearían al menos 20 ciudadanos norteamericanos. Además, dado que la mayoría de los accionistas e inversores de SSA se encuentran en los Estados Unidos , los restos del San José que les correspondieran habrían sido traídos a los EE.UU. para su exposición y depositados en sus instituciones financieras».