El oro del galeón San José acabará en las Islas Caimán

A pesar de las reiteradas declaraciones sobre la prioridad científica y la calidad arqueológica del proyecto auspiciado por Gobierno de Juan Manuel Santos , o la promesa de que el galeón es patrimonio exclusivo de los colombianos , está previsto que el oro, las monedas, joyas y piedras preciosas, así como las colecciones consideradas «cargas industriales», acaben en uno de los últimos territorios coloniales británicos.

Los datos económicos de la empresa elegida por Santos, Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS) , dirigida por el inversor Ross Hyett, indican claramente que carece de la experiencia, capacidad financiera y técnica para emprender un proyecto semejante, y que lo que hay detrás es un entramado en el que la parte visible es la compañía a la que el Gobierno colombiano ha llamado «originadora». Una vez firmado el contrato, en las próximas semanas, será la titular de la excavación comercial de uno de los más importantes yacimientos de la historia.

Según analistas consultados por ABC, esta matriz suiza de la empresa procede de otra compañía inglesa del mismo nombre, Maritime Archaeology Consultants Limited (MAC), fundada en noviembre de 2013 y que desde abril de 2016 está controlada desde las Islas Caimán , a donde se transfirió la mayor parte de las acciones con esa fecha con destino a una empresa situada en ese paraíso fiscal, llamada Trans-Siberian Limited , tras la que el rastro desaparece. La persona que recepcionó las acciones se llama Melanie Smith . Toda esta ingeniería financiera es incompatible con los altos estándares científicos que Juan Manuel Santos y su ministra de Cultura, Mariana Garcés , han querido asociar con el proyecto.

Todo se complica en enero de 2015 -once meses antes del anuncio del hallazgo del galeón, lo cual demuestra que los planes de Santos no fueron fortuitos -. Ese mes hay dos cambios: se incorpora como co-director Ross Hyett y se presenta, ese mismo mes, al Gobierno colombiano la propuesta de excavación. Colombia le ha dado a este negocio, que aceptó en mayo de 2015 la ministra Garcés, el nombre de Asociación Público Privada (APP), un proyecto de reparto del galeón diseñado por una empresa privada británica bajo secreto de Estado y con supervisión del Gobierno , que acaba en una contratación millonaria por valor de casi 70 millones de euros. MAC presenta el proyecto en 2015, representada ante Santos y su ministra por Robert E. Dooley, que ha tenido participación y responsabilidades en compañías de cazatesoros como Visa Gold y Carisub.

Sin embargo, en 2016 MAC ya le cede los derechos a su propia rama suiza MACS, cuyo apoderado en Colombia es Luis Felipe Barrios, uno de los abogados más poderosos del país, al que Santos ha dado la asesoría y el diseño de los contratos con las empresas involucradas en el proyecto San José y en los que vendrán detrás .

Dato revelador sobre la inseguridad jurídica asociada al proceso, antes incluso de firmarse, el contrato para el San José nació blindado por el documento firmado en mayo de 2015 por Mariana Garcés que dice que, como la MACS ha asumido el riesgo inicial, en el preacuerdo ya le correspondía por el hallazgo el 20% de todos los objetos en oro , lingotes, piedras preciosas y otros bienes a los que se extirparía su condición de patrimonio nacional. Y en caso de que finalmente fuera otra compañía la elegida para explotación comercial del galeón habría que indemnizarles con 6,7 millones de dólares . ¿Quién podría competir así con el «originador»?

Hay aún otra casualidad a tener en cuenta. Cuando MACS presentó su propuesta a Colombia el 29 de enero de 2015 la información económica ya venía suscrita por la persona receptora de las acciones en Islas Caimán, Melanie Smith . Cuesta creer que Colombia haya confiado un proyecto tan costoso a una empresa como Maritime Archaeology Consultants, que declaró unos activos ridículos de 12.377 libras en abril de 2017 y se encontraba en pérdidas operativas por 1.485.816 libras en la misma fecha.

En medios académicos colombianos y españoles crece la indignación respecto a los planes crematísticos de Colombia con el galeón. La Procuraduría General ha exigido a la ministra de Cultura la destitución del director del ICAHN , agencia de arqueología colombiana, Ernesto Montenegro, por exagerar un máster (en realidad un módulo) cursado en España y no haber convalidado sus títulos como manda la ley . La ministra ha respondido que no procede obedecer.

Desde medios universitarios se le ha solicitado en una carta que detenga la APP para dar paso a «un proyecto verdaderamente científico, garantizando la unidad del contexto arqueológico» que se perderá con la venta de las piezas del galeón. La ministra Garcés respondió el pasado martes reiterando a pesar de todo que su proyecto «es de carácter científico» y de gran calidad.

Si hay dos cosas parecidas en el mundo, como dos gotas de agua, son las páginas web de MACS y de Ocean Infinity, uno de sus socios . Son gemelas, obra del mismo diseñador, sin duda. Infinity se dedica a la exploración de recursos del fondo marino. Su directora de operaciones se llama Melanie Smith . Y en su cuerpo directivo está el consejero delegado de Swire , Arvid Pettersen, la empresa que prestó los barcos a Santos y años antes había trabajado para Odyssey en la extracción de la plata del Gairsoppa.

Sobre estas coincidencias, el abogado José María Lancho , especializado en patrimonio subacuático, afirma que «los intereses sobre el galeón parecen ir más allá de su expolio. Una de las más inquietantes realidades detrás de MACS es la presencia en su órgano de administración, desde el 31 de agosto de 2016, de Oliver Plunkett , un contable y fiscalista británico que se ha encargado de constituir y dirigir Ocean Infinity, una empresa insignificante apoyada, sin embargo, por intereses formidables, entre ellos una entidad gigantesca: Swire, que procede de los tiempos del comercio del opio ».

Esta empresa, a la que ni China limita, «ha llegado a un acuerdo sin aparente sentido económico (dado los costos y los límites remunerativos) con el gobierno de Malasia para buscar el Boeing desaparecido MH370 en una zona que muchos expertos desechan como posible destino de los restos pero que en cambio sí resultan de interés por la posible existencia de reservas de hidrocarburos . Los otros dos proyectos inminentes de esta empresa, el galeón San José y el barco del explorador antártico Schackelton , curiosamente también se encuentran en zonas muy sensibles de hidrocarburos y minerales», señala Lancho.

También valora que «es increíble que algunos de los motivos por los que el galeón fue hundido reaparezcan, 300 años después, en las motivaciones de su expolio. Tenemos el deber de aclarar qué relaciona una empresa pantalla con labores de prospección profunda en tres áreas sensibles de hidrocarburo, siempre con excusas aparentemente ajenas al patrimonio»

Otro elemento significativo de la trama financiera a la que se ha prestado el proyecto del galeón es la observación de los usos de los cazatesoros y la comparación con este proyecto en Colombia . Uno de los colaboradores de Santos en el proyecto San José, Herman Moro, certifica monedas para su venta en diferentes catálogos y subastas , como la que ilustra esta página, que sale a mil euros. Llama la atención que la APP estipule el pago con monedas y lingotes al peso, como avanzó ABC . Lancho señala que «uno de los riesgos señalados en el documento es que los objetos recuperados no tengan el peso mínimo deseado de oro, plata y/o piedras preciosas y por lo tanto, no permitan a las partes obtener beneficios económicos (o la recuperación de la inversión) del proceso de intervención», como figura en los pliegos de la licitación, sección 13.2 A.

Lancho concluye que «se sabe además que eso no constaba en la propuesta original de MACS, la decisión presidencial fue remunerar a los cazatesoros mucho más allá de lo que solicitaban. De hecho, jamás Mel Fisher, cuando saqueaba el galeón Atocha, obtuvo del Estado de Florida ventajas semejantes a las que ofrece el presidente Santos en sus contratos . La irregularidad legal obvia es que no hay justificación, no hay argumento alguno en los textos de los contratos por los que se siga un proceso que infravalora los bienes con que se van a pagar a los cazatesoros en perjuicio de Colombia. ¿Por qué se paga con el valor al peso en lugar del valor de mercado?»