El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el Grupo Popular ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas

Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en las últimas semanas en protesta por esta ley . La compensación por parte de los agregadores de noticias a los editores, junto a las multas de hasta 600.000 euros para luchar contra la piratería, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión y la ventanilla única en el pago de derechos de autor son algunas de las claves de la LPI que, según ha reiterado en varias ocasiones el Ministerio de Cultura, es sólo una reforma «parcial», puesto que el Gobierno realizará una modificación de «más amplio calado» previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

Ante la inminencia de la aprobación definitiva del texto, al que sólo le restará su publicación en el BOE para entrar en vigor en enero de 2015, las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, han enviado esta semana una carta dirigida a todos los diputados en la que les piden que no voten esta reforma que, según destacan, traerá «graves consecuencias» para el país, que no está «aprovechando el tirón de la gran oferta cultural».

Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon.

A esto se suma la decisión del Tribunal Supremo, que acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, «aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio».

Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos y la posibilidad de acrecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades. Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas: la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años; y el establecimiento de un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas por parte de las instituciones culturales.

Por otro lado, se limita a diez el máximo de años que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitaron colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir. Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros «para aclarar qué es el préstamo de libros» y evitar que «bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro».