Las entidades de gestión piden el arbitraje de Sáenz de Santamaría en la Ley de Propiedad Intelectual

Si bien el descontento sobre la reforma de la ley ha sido notorio a lo largo de todo el proceso, este parecía contenido y poco beligerante. Sin embargo, la no aceptación de enmiendas en su tramitación en el Congreso, y el incremento de estas en el Senado (209, frente a las 167 del Congreso) demuestran que el consenso prometido inicialmente está cada vez más lejos de cumplirse.

Bajo el lema #leylassalleno, medio millar de personas se congregaron ayer en el Círculo de Bellas Artes para apoyar lo que los creadores y las entidades de gestión tenían que decir. Y es que es al secretario de Estado de Cultura a quien, como interlocutor durante estos meses con el resto de ministerios, consideran responsable de la falta de acuerdo. De ahí que en uno de los puntos de la declaración suscrita ayer pidieran a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «su implicación directa en una reforma que ha sido usurpada por otros ministerios en detrimento de la cultura y los derechos de propiedad intelectual y que llevará a la comunidad creativa y a la industria cultural a su destrucción».

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae , justificaba ayer, en declaraciones a ABC, que este silencio durante todo el proceso se debía a que «la secretaria de Estado de Cultura nos pedía tranquilidad, que les dejásemos hacer su trabajo, que lográramos un consenso con los grupos políticos y que no hicieramos ruido. Todo eso lo hemos hecho. Hemos sido de lo más pacífico, hemos propuesto enmiendas muy razonables. Hemos conseguido que todos los grupos de la oposición soporten estas enmiendas, y cuando ha llegado la votación en el Congreso nos hemos encontrado que el Gobierno no ha aprobado prácticamente ninguna de las enmiendas que presentabamos nosotros y que la oposición respaldaba. Y hemos dicho un “basta ya”. El problema es serio y estamos ante la última oportunidad -la votación en el Senado es dentro de 15 días- de ver si el Gobierno recapacita y acoge esas enmiendas que son casi casi de matiz». Para el presidente de Promusicae no es un rechazo total a la ley, sino “un no a una ley así”.

Los otros dos puntos que incluye la declaración leída ayer por el presidente de la SGAE, José Luis Acosta, son la retirada del proyecto de ley, «ya que el texto aprobado por el Congreso es regresivo, nos aísla de Europa, destruye nuestros derechos y no tiene ni el apoyo de los legítimos titulares ni el consenso exigible a una ley de esta envergadura, y que se abra un proceso de debate con la participación de todos los sectores, y con los estudios técnicos necesarios para hacer la Ley de Propiedad Intelectual deI del siglo XXI que necesitamos»; también rechazan la actual redacción del proyecto de ley y las insuficientes y parciales enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado».

En cuanto a la fórmula de compensación por copia privada, puesta en entredicho por el Tribunal Supremo, y a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, afirman que «este Gobierno ha impuesto una regulación de la copia privada arbitraria e injusta, contraria al modelo promovido por la Unión Europea, que ahora pagan todos los ciudadanos españoles con sus impuestos, vía Presupuestos Generales del Estado, y solo favorece a los fabricantes de teléfonos, tabletas y reproductores multimedia».

En palabras de Acosta, la secretaria de Estado de Cultura «se ha sometido a las peticiones de los grupos de presión, cuyo mayor interés es pagar menos o nada por las obras, interpretaciones y producciones que tan lucrativamente explotan, despreciando el respeto al derecho y al trabajo, y el interés y valor esencial de la cultura en España».

Durante el acto se acusó al Gobierno de haber tomado como modelo el de Noruega, un país de cinco millones de habitantes donde cada individuo aporta un euro, «pero nosotros somos 45 millones», subrayó en su intervención, Luis Cobos, presidente de AIE (Artistas, Intérpretes y ejecutantes).

En la actualidad la cantidad por compensación por copia privada es de 5 millones al año, y va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. “La ridícula cantidad asignada por el Gobierno, además de despojar de sus ingresos a los titulares de los derechos, ha impedido que las entidades de gestión mantengan sus programas de educación, formación, circuitos de actuación, asistencia social, sociosanitaria y de promoción de nuestra cultura en España y en el extranjero. Es una regulación perjudicial no solo para los creadores sino para todos los ciudadanos, que pagan el grave error que el Gobierno cometió cuando cambió el método para regular la copia privada sin ajustarse a lo establecido por la Justicia europea», señaló Acosta.

Para Guisasola, las peor paradas en esta ley son las entidades de gestión «que con la excusa de mayor control y transparencia, al final lo que se hace es poner trabas a que las entidades de gestión funcionen, propugnar una rebaja de tarifas y crear una ventanilla única disparatada en la que todas las entidades tienen que actuar conjuntamente para todo, algo que va a bloquear la gestión colectiva».

En cuanto a la reclamación de la implicación de la vicepresidenta en la negociación del texto, Guisasola reconoció «que hemos tenido un único interlocutor que ha tenido una gran disposición al diálogo pero no ha cumplido ni una sola de las promesas que nos ha hecho. Él alega que tiene problemas con otros ministerios, que presionan, que le impiden hacer lo que quiere...Si es un problema entre Cultura y otros ministerios, pedimos a la vicepresidenta que, como responsable de la acción diaria del Gobierno, sea la que medie en este punto, y tome partido. Que un ministerio pequeño como Cultura no se vea subyugado por otros».

La declaración realizada ayer en el Círculo de Bellas Artes ha sido la primera de las acciones visibles de las entidades de gestión y de los creadores en protesta de la LPI, pero no será el único. Además de los consiguientes debates en el Senado, donde sigue su tramitación el texto, está previsto un acto «más potente» a nivel nacional el próximo 14 de octubre. «Ojalá no haya que hacerlo si el Gobierno recapacita», indica Guisasola.