Dos realidades antagónicas. El grupo parlamentario popular incidió ayer en la necesidad de defender las señas de identidad valencianas y de censurar el proceso soberanista activado por el presidente catalán, Artur Mas. Enfrente, los tres grupos de la oposición eludieron el debate. Literalmente, no hubo contestación.

El encargado de defender las señas de identidad y las fiestas populares –como los «bous al carrer»– fue el expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner, quien destacó que «como parte de España, la Comunidad no puede quedarse al margen del debate sobre un desafío impulsado por el nacionalismo arcaico, decimonónico y retrógrado».

Además, reiteró la necesidad de elaborar una nueva norma para «reconocer la protección de las señas valencianas» y evitar que se pueda «ampliar la locura del secesionismo afectando a la Comunidad Valenciana, un aspecto que no vamos a consentir».

La propuesta de resolución de reconocimiento de la denominación de idioma valenciano fue otro de los temas de exposición de Giner, que la defendió como «legal, estatutaria, histórica y adecuada al actual marco institucional».

El PSPV no quiso quemarse

La réplica que debía haber protagonizado alguno de los diputados de Compromís o de Esquerra Unida –ya que el PSPV había delegado su tiempo en estas dos formaciones–, no existió. El presidente en funciones, Alejandro Font de Mora, preguntó si había réplica: no la hubo.

La votación por la tarde de este bloque identitario aclaró aún más la situación. El PSPV votó a favor de la propuesta de los populares, lo que explica que evitara «quemarse» en la tribuna de oradores, mientras que Compromís y EU votaron en contra.

Estas dos últimas formaciones estaban centradas en otras cosas. El interés de Esquerra Unida estaba en un asunto alejado de la actualidad y lejano en el tiempo. Así, registró una propuesta de resolución en la pedían «condenar el golpe de Estado de 1936 encabezado por el general Francisco Franco, que supuso el inicio de la Guerra Civil española...».

La coalición Compromís, por su parte, pidió en una propuesta de resolución que «el Consell pida a la Delegación del Gobierno el archivo de todos los expedientes sancionadores iniciados como consecuencia del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión de la ciudadanía». Como si la Constitución no garantizara estos derechos.

La última jornada del debate arrojó un cierto grado de consenso, menor, pero destacable. El grupo popular votó a favor de 24 propuestas de la oposición, y transaccionó otras 9.