Las reacciones a la decisión del juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico en Rabassa de citar a declarar en calidad de imputada a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, junto a cinco personas más, se sucedieron durante el día de ayer. Sobre todo en lo referente a las consecuencias políticas que pueden derivarse de la no inclusión de la primera edil en las listas a las próximas elecciones. Una opción que, a pesar de las voces que salieron a defender la presunción de inocencia de Castedo –como fue el caso de Alfonso Rus, presidente del partido en la provincia de Valencia, y de Andrés Llorens, vicealcalde de la capital alicantina–, aparece como la definitiva en las altas esferas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

Sin movimiento conocido en el día de ayer por parte de la alcaldesa y convencidos de que no realizará ninguno en las próximas horas, en la calle Quart de la capital del Turia ya se hacían las cábalas sobre el coste político que tendrá su no inclusión en las próximas listas. Una decisión ya barajada anteriormente, pero que tras conocerse su segunda imputación se da ya por definitiva. Todo ello a pesar de la amenaza que puede suponer la fundación de un grupo propio por parte de Sonia Castedo para participar en los comicios, y la fuga que podría provocar no solo en lo que a apoyos de su grupo municipal se refiere, sino en cuanto a unos votos que se pronostican como definitivos para que el PP consiga renovar una Alcaldía que ya de por sí valora como complicada por la igualdad en las urnas a la que apuntan los sondeos.

En lo que a esto respecta, las cuentas están claras: es preferible dar por perdida la segunda ciudad de la Comunidad a que esta siga suponiendo un problema de imagen para el PP.