Los pilotos critican «falta de previsión y planificación» en los incendios y se oponen a que se amplíe el límite de horas de vuelo

De momento, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha ampliado de forma extraordinaria de 80 a 90 horas el máximo permitido en vuelos para estos pilotos durante 28 días -la flota militar está exenta en esta normativa-. Sin embargo, esta decisión «solo es un parche», según han declarado desde Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire), que agrupa al 85% de los operadores privados del sector. Es por ello que desde esta organización han elevado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una excepción temporal para que los pilotos puedan volver a volar tras 8 a 10 días de descanso continuado, reiniciando el contador de horas, «siempre bajo controles de fatiga que garanticen la seguridad del piloto, las operaciones y la aeronave», indican.

Una propuesta con la que no están de acuerdo en el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac), desde donde se expresa su «malestar y oposición» ante la posibilidad de que se incremente el número de horas de vuelo permitidas. «El Copac es consciente de la gravedad de la situación en numerosas zonas del país -han indicado en un comunicado-, pero manifiesta su total oposición a cubrir las carencias y la falta de planificación de las administraciones, de los operadores aéreos y de la autoridad aeronáutica aumentando las horas de vuelo y, por lo tanto, la exposición al riesgo de los pilotos».

En la misiva, la organización ha recordado que las limitaciones de tiempo de vuelo y descanso existen como una medida de seguridad «basada en criterios científicos y de seguridad operacional», y advierte que ampliar esos márgenes supondría «incrementar el nivel de riesgo» en unas operaciones que ya de por sí se desarrollan en condiciones extremas y con un alto nivel de estrés, tal y como se está poniendo de manifiesto estos días. «Los pilotos de extinción de incendios son profesionales altamente especializados que realizan un servicio público esencial para combatir los efectos devastadores de los incendios, una labor que debe realizarse en condiciones de seguridad y con la planificación adecuada por parte de las autoridades medio ambientales y aeronáuticas», han señalado desde el Copac.

Esta situación no es nueva. En el verano de 2022 se quemaron 310.000 hectáreas y los pilotos vivieron un escenario muy parecido. En ese momento, la AESA amplió de 80 a 120 las horas el límite de vuelo. Ya en aquel momento, el Copac ya se manifestó en contra, aduciendo que «se trasladaba a los pilotos la responsabilidad de asumir unos riesgos bajo unas condiciones de prevención inferiores». Ahora, con más 400.000 hectáreas, la agencia parece ser más cauta con la ampliación, pero aún así sigue con la misma estrategia.

«Es muy preocupante recurrir a excepciones en lugar de trabajar en establecer soluciones efectivas, seguras y sostenibles», sostiene la organización, que reclama a las administraciones, operadores aéreos y autoridades aeronáuticas un «compromiso serio con la prevención y la planificación», así como marcos normativos que garanticen la seguridad.

De momento, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se ha opuesto a aceptar la propuesta de Ataire. «El deber de AESA es proteger la seguridad de las operaciones aéreas de lucha contra incendios sin poner en riesgo la seguridad de los pilotos y del personal que participa en la extinción de incendios y es transportado en estas aeronaves», indican fuentes de la organización a ABC. «La normativa indica que, por circunstancias excepcionales, cuando el operador considere que no se pueden mantener los límites establecidos, se podrá solicitar a AESA la correspondiente exención», señalan refiriéndose tanto a la ampliación que se produjo en 2022 a 120 horas como la actual, a 80.

Reconocen que hace tres años se vivió «un punto de inflexión» por la gravedad de los incendios, «lo que llevó a Administraciones, operadores y pilotos a cooperar para minimizar las consecuencias de un escenario que se no había vivido antes». Indican que, después de aquel fatídico verano se creó un grupo de trabajo para «obtener más información sobre la fatiga en este tipo de operaciones». «Con ello, se han podido aplicar exenciones bajo unas condiciones razonables y consensuadas con los expertos del sector y en coherencia con las lecciones aprendidas, de forma que se de prioridad a la seguridad de las operaciones y no generen riesgos inasumibles», señalan.

No obstante, Ataire ha elevado su propuesta al Ministerio de Transportes que, de momento, no se ha pronunciado al respecto.