Los pueblos arrasados por las llamas se rebelan contra las amenazas de la Fiscalía

El escrito de Vercher, al que ha tenido acceso ABC, subraya que la situación actual «es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención» y recuerda que, desde 2024, la Fiscalía acordó realizar una campaña de verificación en todo el territorio nacional para comprobar la existencia de planes locales y formular las denuncias administrativas correspondientes.

El fiscal de Sala apunta además que los planes son obligatorios según el artículo 48 de la Ley de Montes, modificada por el Real Decreto-ley 17/2022, y que las comunidades autónomas deben elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, con publicidad previa y cobertura de todo el territorio autonómico. En paralelo, ha solicitado al Seprona, a los agentes forestales y a la red de Policía Local que verifiquen la existencia de estos planes en municipios con alto riesgo por su orografía, superficie forestal o condiciones climáticas.

Sin embargo, la reacción de los alcaldes afectados en Castilla y León refleja la incredulidad y preocupación por la capacidad de los municipios para cumplir con estas obligaciones. «Los alcaldes somos la mayor ONG del país y ya solo nos faltaría echar lejía al agua», declaraba José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria (Zamora) y senador socialista, tras conocer el auto. Fernández reconoce que su municipio, de apenas 1.500 habitantes, cuenta con planes de evacuación centrados en el casco urbano o en eventos locales, pero advierte que la gestión de parques naturales, conjuntos históricos y espacios protegidos está en manos de la comunidad autónoma.

En Cacabelos (León), la alcaldesa Irene González explica que la normativa varía según la comunidad y que Castilla y León carece de un marco establecido como el de Galicia. Su municipio sí publica desde 2020 un bando anual recordando a los vecinos que mantengan limpias sus propiedades, pero reconoce que «cada vez tenemos más cosas que hacer y prestar más servicios con menos recursos». Por su parte, Luis Mariano Santos, alcalde de La Cistierna (León) y procurador de la UPL, insiste en que nadie les ha comunicado nada sobre estos planes y que las diputaciones son las responsables de coordinar los servicios antiincendios.

Pese a lo expresado por los regidores, la Junta de Castilla y León sí aprobó este mismo mes de marzo el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) en el que sí se pide a las entidades locales que cumplimenten una Guía de Respuesta que recopila los datos básicos de carácter operativo. A los municipios con mayor riesgo de incendios forestales -varios centenares en esta Comunidad- se les reclama un plan de actuación de ámbito local. Sin embargo, no se incluye la fecha para su puesta en marcha ni se han celebrado aún las reuniones informativas previstas para que los pueden poner en marcha.

En Galicia, los regidores afectados apuntan a la falta de recursos como un obstáculo insalvable para aplicar incluso los planes existentes. En Larouco (Orense), Patricia Lameras asegura que las franjas de seguridad construidas con bulldozers no resistieron el incendio más devastador de la historia de la región, con más de 30.000 hectáreas calcinadas. «La seguridad de las franjas, tal y como venía el fuego, con la virulencia con la que se movió y en los momentos que vivimos, no servían para nada», lamenta.

Rafael Pérez, alcalde de La Mezquita (Orense), también denuncia que los ayuntamientos han recibido competencias sin medios suficientes. Explica que, aunque los perímetros de seguridad deberían estar desbrozados en mayo, la Xunta resuelve los convenios a finales de ese mes o incluso en junio, y que con brigadas de dos o tres personas es imposible cubrir un territorio rural y semiabandonado. «Ni medios económicos ni infraestructuras ni nada. ¿A dónde atiendes?», se pregunta.

En Extremadura, los alcaldes de municipios afectados también muestran indignación ante la Fiscalía. Daniel Lara, alcalde de Llerena (Badajoz), destaca que el último incendio de la zona cumplieron el plan de prevención y fueron más allá con recursos limitados, mientras vecinos y agricultores ayudaron como cortafuegos humanos. «Los que hemos hecho las tareas no tenemos nada de lo que temer, pero sí que deberían preocuparse de darnos más medios», dice

Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, se pronuncia en la misma línea. Considera «una barbaridad» el paso al frente de la Fiscalía cuando «Extremadura todavía está ardiendo». En su municipio, también cuentan con el plan de prevención, pero incide en la falta de recursos: «A veces, carecemos de medios para aplicarlo al 100% y quien diga lo contrario, miente».