Casa Real
El PP tramita en un anexo a la ley del sector público el aforamiento de Juan Carlos I
Esta reforma legislativa, que también protegerá a Doña Sofía y a la Princesa de Asturias, estará lista en un mes
El grupo parlamentario popular ha presentado este viernes en el registro del Congreso dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público para introducir en ella el aforamiento del Rey Juan Carlos y su esposa, Doña Sofía, y el de la Princesa de Asturias, Doña Leonor, que pasarán a tener un estatus jurídico de protección similar al de los diputados o senadores. De ese modo, las posibles acciones judiciales que se pudieran abrirse contra ellos deberán tramitarse en las salas civil y penal del Tribunal Supremo.
Estas novedades se enmarcarán dentro del proyecto de ley cuyo trámite está más avanzado en estos momentos. Se trata de la ley de racionalización del sector público, complementaria a la reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está en marcha. Se añadirá una disposición transitoria única para que, en caso de que se abra algún procedimiento contra Don Juan Carlos, Doña Sofía o la Princesa antes de la entrada en vigor de los aforamientos, los tribunales correspondientes suspendan la tramitación para remitirla de inmediato al Supremo. Se prevé que esta reforma legislativa esté lista, como máximo, para el 1 de agosto.
El encargado de detallar el contenido de estas enmiendas ha sido este mediodía el portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, que ha subrayado que todos los grupos parlamentarios han sido informados de la presentación de estas enmiendas e incluso los diputados de UPN y de Foro Asturias se han adherido con su firma. El plazo para la presentanción de enmiendas finaliza a las dos de la tarde de hoy, tras lo que el lunes se reunirá la correspondiente ponencia para instar de inmediato a la comisión de Justicia a que apruebe el dictamen que será enviado a Pleno.
El PP ha desarrollado la idea de aprovechar una ley orgánica en trámite parlamentario para introducir este cambio para dar máxima celeridad a la resolución del aforamiento pendiente de don Juan Carlos I tras la pérdida de la inviolabilidad consustancial a su abdicación. Se ha hecho siguiendo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial.