Europa quiere volver a sacar las baterías del móvil

El mercurio, el grafito, el litio o el níquel son materiales que los españoles llevan en el bolsillo o bien descansan en el garaje en el interior de su coche eléctrico o alimentan las nuevas formas de movilidad personal como las bicicletas o patinetes, siempre con el adjetivo eléctrico. «Se estima que el uso de baterías, sólo para vehículos eléctricos, se multiplicará por 15 de 2030 al 2035», anunciaba Bonafé ante sus compañeros europeos.

En marzo de 2020, el club comunitario ya dejaba entrever «la posibilidad de los usuarios de acceder fácilmente para reemplazar las baterías de sus móviles ayudaría a alargar la vida de los dispositivos». Una hoja de ruta clara: reducir los residuos electrónicos. «Queremos garantizar que en 2024 las baterías portátiles de los teléfonos inteligentes y las de los vehículos ligeros estarán diseñadas para que los consumidores puedan retirarlas por sí mismos de forma fácil y segura», destaca la resolución aprobada esta semana en el Parlamento Europeo.

La industria tecnológica ha ido avanzando con el paso de los años, lejos quedan los móviles del principio de los 2000. Aquellos terminales gigantes con teclas, antenas y pequeñas pantallas. Las antenas ya no se ven, las teclas están para los nostálgicos, las pantallas son más grandes que la palma de la mano y los fabricantes han puesto sus dispositivos a dieta. Cada vez son más finos y se busca que pesen menos. La primera víctima de la dieta fueron las baterías que se integraron en el cuerpo del móvil para ser más livianos y, además, resistentes al agua entre otros casos.

De momento, el sector no se ha pronunciado sobre este aspecto que conllevaría un nuevo diseño de los smartphones con la vuelta de las baterías extraíbles.

El consumo tecnológico a lo largo del planeta no ha parado de crecer. En 2019, el planeta alcanzó su récord de basura electrónica, cuando llegó a generar 53,6 millones de toneladas métricas, un 17% más que en 2014. Una cifra nunca conseguida antes donde España tiene un buen porcentaje de culpa.

Según datos de Naciones Unidas, el país generó 888.000 toneladas métricas de basura electrónica en 2019 y más de 960.000 toneladas métricas un año después. Sin embargo, la «tasa de reciclaje está por encima del 60%», comenta Rafael Serrano, director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de la Fundación Ecolec. «Desde un punto de vista de reciclaje, desde que salió la normativa en España en 2006 ha habido constantes crecimientos en este sentido», explica Serrano.

«La nueva regulación debe tener un doble objetivo: garantizar por un lado un alto nivel de protección de la salud humana y la protección del medioambiente, pero también asegurar con estándares armonizados que la producción de baterías se mantenga en Europa», apostillaba en la Eurocámara Bonafé.

La nueva regulación tiene que establecer «unos objetivos más ambiciosos en la gestión de sus residuos». Así lo establece la resolución aprobada por 584 votos a favor, 67 en contra y 40 abstenciones. «En España, rozamos el aprobado de residuos electrónicos», revela Serrano.

Sin embargo, la petición de los parlamentarios europeos va más allá. «Es necesario incluir una nueva categoría de baterías para medios de transporte ligero, como patinetes o bicicletas eléctricas», refleja el texto aprobado. «Es un tema controvertido», apostilla Serrano. «Es una cuestión que hay que abordar y afrontarla desde la sensatez», añade.

En estos momentos, la legislación europea no cataloga estos nuevos dispositivos de movilidad unipersonales como residuos electrónicos. En la Unión Europea es obligatorio reciclar el 95% del peso total de la batería. No obstante, el club comunitario aún no tiene definidos estándares técnicos para reciclar las baterías de los vehículos eléctricos, por lo que cada fabricante usa su propia tecnología de fabricación.

Unos residuos que tienen un destino: África. Agbogbloshie es el nombre del mayor mercado mundial de chatarra electrónica. Este barrio pertenece a la ciudad de Accra, capital de Ghana (África), y es el principal vertedero de desechos tecnológicos del mundo. Al oeste de la ciudad y situado en pleno golfo de Guinea, está el puerto de Tema, que recibe más de 600 contenedores al mes repletos de equipos electrónicos obsoletos.

Además, los eurodiputados han pedido a la industria que la cadena de valor de las baterías cumpla con las obligaciones de derechos humanos así como abordar los riesgos en torno al abastecimiento, el procesamiento y la comercialización de las materias primas, que acostumbran a concentrarse en unos pocos países.

En un paso más hacia la sostenibilidad, han pedido que las baterías incluyan una etiqueta que especifique la huella de carbono. «Las empresas de telecomunicaciones ya estamos trabajando en clasificar los terminales que vendemos», señala Maya Ormazabal, directora de medioambiente y Derechos Humanos de Telefónica.

Los europarlamentarios en su petición piden vigilar la contaminación de los materiales de los teléfonos móviles. Un día cualquiera en el barrio de Accra transcurre entre cables, aparatos tecnológicos destrozados y continuos vertidos de plomo, cadmio, bromo, dioxinas cloradas y un largo etcétera. Son los componentes que intoxican las miles de hectáreas del vertedero y a cientos de ciudadanos.

«Hay que ir provocando un cambio de mentalidad», asegura Ormazabal. «Hay que tener también una visión ambiental a la hora de comprar un móvil», añade. Por ello desde mayo de 2021, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company y Vodafone trabajan con un sello llamado Eco Rating. «Esperamos que se convierta en un sistema de etiquetado estandarizado global, que ofrezca a los consumidores de todo el mundo una información coherente y transparente sobre el impacto medioambiental de sus móviles y que les permita incorporarlo en decisiones de compra», explica.