Alejandro Fernández, en el centro, acompañado de familiares y amigos, en la entrada de la prisión, el martes
Alejandro Fernández, en el centro, acompañado de familiares y amigos, en la entrada de la prisión, el martes - EFE
Tribunales

Así operaba el grupo de falsificación del «condenado por 79 euros» al que se denegó el indulto

La Audiencia Nacional condenó a Alejandro Fernández y a siete acusados más tras acreditar que con tarjetas falsas cometieron estafas que ascienden a más de 30.000 euros; el Supremo ratificó su condena a cinco años de cárcel

MadridActualizado:

Alejandro Fernández, el joven que el miércoles ingresó en prisión tras rechazar el Consejo de Ministros su indulto, cometió algo más que una «simple» estafa de 79 euros. Formaba parte de un grupo organizado que se dedicaba a realizar compras con tarjetas de crédito falsas. Así lo consideró la Audiencia Nacional tras juzgarle, junto con otras ocho personas, por delitos de falsificación de tarjetas de crédito, tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas, falsedad documental y estafa. El 16 de abril de 2014 Fernández fue condenado a cinco años de cárcel por este último delito y por tenencia de tarjetas falsas, una condena que ratificaría en todos sus términos el Tribunal Supremo el 15 de diciembre de ese mismo año.

Los hechos que implican a este joven, que ha logrado más de 200.000 firmas de apoyo en una plataforma en la que hasta el «pequeño» detalle de los años de condena no era real (hablaban de seis años en lugar de cinco) se remontan al 15 de enero de 2010, cuando Alejandro, el marroquí Kamal Daoini y otras dos personas, «actuando de común acuerdo», se desplazaron a un centro comercial de Málaga para realizar unas compras con varias tarjetas «espurias». Según la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el importe de las operaciones fue de 299 en una primera compra, y de 257 euros en la segunda. Cuando iban a llevar a cabo la tercera, por valor de 523,50 euros, fueron sorprendidos y huyeron, pero antes de subirse al coche, aparcado fuera del recinto, la Policía los detuvo.

En el vehículo en cuestión aparecieron, entre otros efectos, una tarjeta de residencia con un nombre ficticio y la foto de Daodini y cinco tarjetas bancarias falsas, dos de ellas (una de Caja de España y otra de Caja Rural) a nombre de Alejandro Fernández. En diciembre de ese mismo año, la persona que se encargaba materialmente de la falsificación de las tarjetas, el nigeriano Olawale Obafemi, realizó dos operaciones de 22.000 euros en un comercio cuya propietaria también fue condenada por connivencia con los falsificadores. En paralelo, otro miembro del grupo compró en una joyería dos relojes de oro por importe de 8.000 euros, también «de común acuerdo» con la dueña del establecimiento, condenada en el mismo juicio. La perjudicada, Caja de Granada.

Una versión «inversosímil y contraria a la lógica»

La Sala aseguró en la sentencia que «no se sostiene en pie un solo instante» el hecho de que el acusado asegurara en el juicio que no sabía que las tarjetas eran falsas y menos aún que nunca hubiera visto una tarjeta de crédito. «Si nunca había poseido ni visto una tarjeta de crédito y de pronto se encuentra con que le entregan dos a su nombre, con las que puede adquirir los efectos que le apetezcan, ¿cómo puede pensarse que todo esto era legal, que "no era malo”?», se preguntan los magistrados. Pero hay más. Si tan legal creía que era la posesión y utilización de las tarjetas, ¿por qué huían cuando se les perseguía para detenerlos?, se pregunta la Sala, que concluye que esta versión es «inverosímil y contraria a la lógica más elemental» . El Supremo también ratifica que Alejandro Fernández «actuó de común acuerdo» con los demás acusados que participaron en aquella primera operación.

La justicia ha llamado definitivamente a la puerta de este joven seis años después de los hechos, cuando su defensa ha agotado todos los recursos posibles para evitar su entrada en prisión. El pasado 18 de marzo el Consejo de Ministros rechazó su indulto, cuya tramitación le había permitido la suspensión de la condena. Los informes del fiscal y del tribunal que le condenó eran desfavorables a su concesión. La familia de Alejandro asegura que está reinsertado y que ha rehecho su vida alejado de malas compañías, pero la ley es clara: hasta que cumpla un año y tres meses de cárcel no podrá acceder al tercer grado, y con tres, a la libertad condicional.