Una pareja paquistaní cobraba 10.000 euros al mes en ayudas sociales

Fue la Diputación de Álava (PP) la que denunció en 2013 que se había detectado una llegada masiva de menores de Pakistán, que recalaban en los centros de acogida de la capital. De hecho, la población paquistaní se ha triplicado, de 500 a 1.500 personas censadas. A raíz de aquello, la Ertzaintza ha descubierto una red que habría falseado documentación para facilitar el cobro de las ayudas sociales a personas de aquel país. En Vitoria se han descubierto un centenar de empadronamientos falsos de paquistaníes. Un entramado que estaría vinculado con la captación de menores en la región norte del país (Lahore). Allí ofrecían a sus padres llevarlos al País Vasco, donde sus hijos podrían vivir de las instituciones previo pago de hasta 6.000 euros. Viajaban a través de Turquía, Grecia y Barcelona, hasta alcanzar la capital alavesa, según fuentes consultadas por ABC.

Otros casos flagrantes han incendiado en el último año a la opinión pública alavesa, que ha visto cómo condenados como un abusador sexual han seguido cobrando la RGI después de ser sentenciados. A la pregunta de por qué se concentra esto en Álava, el diputado general, Javier de Andrés (PP), responde:«Es en todo el País Vasco, pero ni PNV ni Bildu lo denuncian. La normativa aquí es laxa, hay mala gestión y cero control. Se les ponen sueldos sociales altos, sin demostrar nada, y funciona el boca a boca», denuncia.

Vitoria se ha convertido en el epicentro del debate sobre los requisitos exigibles para el acceso de cualquier ciudadano a las ayudas sociales. En concreto, el regidor de Vitoria señaló en verano a los extranjeros de origen magrebí, «argelinos y marroquíes», por venir a «vivir de las ayudas sin querer trabajar». Según datos oficiales del Gobierno vasco, un 65 por ciento de estas nacionalidades cobran ayudas, lo que para el PPrefleja una «situación anómala» y tiene un «efecto llamada».

Se calcula que el cobro indebido de prestaciones en el País Vasco desde 2012 se eleva a 86 millones, según datos oficiales. El alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, y el PP vasco llevan meses denunciando en solitario los «abusos» cometidos en particular por una parte de la población, inmigrantes en situación irregular, que al no poder acceder al mercado regular «perpetúan» su situación como receptores de las ayudas sociales. En el País Vasco estas ayudas son superiores a las del resto de España, hasta 866 euros al mes más otros complementos, como ayudas para el alquiler (250 euros).