Gonzalo Delacámara: «No deberíamos esperar a una crisis de agua para tomar decisiones»

Es suya la frase de que con respecto al agua en España existe una mentalidad provinciana. ¿Por qué lo cree así?

Tenemos una mentalidad muy anclada en lo territorial. El agua no pertenece a los territorios aunque sea un elemento fundamental de articulación del desarrollo en ellos. Terminamos en visiones que son tribales, en función de donde uno viva o donde uno haya nacido tiene una visión diferente con respecto a un trasvase o a un problema de depuración, por ejemplo. Además, debemos reconocer que los desafíos que se plantean en nuestro país son los mismos que se plantean en cualquier otro con las mismas características que España, es decir, esencialmente sometido a condiciones de semiaridez. Cuanto más leo sobre el sur de Australia, el valle central de California o la costa del Pacífico en Perú, por ejemplo, más aprendo de España.

¿Qué elegiría de cada uno de esos lugares para llegar al modelo ideal de gestión de agua?

Primero hay que reconocer que España es una marca de prestigio en cuanto a la gestión del agua, pero esto hay que matizarlo. Tenemos una experiencia en planificación hidrológica que no tienen muchos países; autoridades de cuenca que ya cumplen un siglo; experiencias muy buenas en cuanto a la asignación del agua y resolución de conflictos en comunidades de regantes desde el tiempo de los árabes; empresas de servicios de agua punteras a nivel internacional, etc. Dicho esto, también se podría aprender de fuera. Una enseñanza fundamental de Australia o California es que no deberíamos esperar a una crisis de agua para tomar determinadas decisiones. Los economistas sabemos que cuando uno espera a la crisis, la gama de soluciones es menor y el coste de esas soluciones, mayor. No dejemos que la sequía o el cambio climático tomen decisiones por nosotros. Al final, el reto es de gobierno del agua, no de si llueve mucho o de si llueve poco.

Entonces, lo mejor que le ha podido ocurrir a España en la crisis es que lloviera.

Sí, aunque aún no hemos salido plenamente de ella y, sin embargo, el sureste español y buena parte del Levante está en condiciones de sequía. Y no solo de sequía. Hemos tenido unos meses muy complejos en los que, por un lado, existían condiciones propias de una sequía y, por otro, se han dado precipitaciones intensas, torrenciales, con problemas muy serios en Murcia, Málaga... Deberíamos hacernos conscientes de la necesidad de gestionar conjuntamente sequías e inundaciones, porque las características de las cuencas mediterráneas son precisamente esas. Aunque también tiene que ver con cómo hemos anulado la capacidad de drenaje de los suelos, el agua no filtra. Que haya llovido mucho solo explica una parte del problema de las inundaciones en Málaga. La otra parte es que Málaga es la provincia con mayor nivel de artificialización en sus primeros 500 metros de costa, más del 65% en promedio de la costa malagueña está artificializada, en algunas zonas el 100%. Esto genera grandes avenidas de cemento que permiten que el agua arrase con todo.

No esperar a las crisis para tomar decisiones. ¿Qué más tenemos que aprender?

Que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas. Tenemos que acompañarla de un buen sistema de incentivos, y un ejemplo claro es la desalación. España es capaz de liderar a nivel internacional en tecnología de desalación y, sin embargo, nuestras plantas desaladoras operan en promedio a una quinta parte de su capacidad instalada. No hemos sido capaces de diseñar bien los incentivos que permitan incorporar el agua desalada al mix de agua que podemos utilizar en un momento dado para resolver problemas.

La excusa para no usarlas es que el agua es muy cara. ¿Utilizamos entonces las plantas que ya tenemos o qué hacemos?

Mi posición es que ya que están construidas y pagadas hay que utilizarlas. Efectivamente, una de las razones por las cuales no se utiliza una planta de desalación es porque el metro cúbico de agua desalada puede estar por encima del euro y cualquier usuario puede encontrar agua por debajo de ese coste unitario. Tenemos que ser capaces de modificar ese sistema de precios para que esas tecnologías se incorporen de manera más competitiva. Además, hay un tema de escala. Cuanto más las utilizamos más baja el coste del agua.

Además del precio, ¿qué otros incentivos podríamos incorporar para gestionar el agua de una manera sostenible?

En aquellas cuencas en las que la disponibilidad de recursos sostenibles a largo plazo ya no es suficiente para atender ni la demanda presente ni las demandas futuras tendríamos que tratar todos los recursos disponibles de manera conjunta, esto es, aportaciones superficiales, aguas subterráneas, agua desalada y reutilización de agua. Ser capaces de encontrar un sistema que permitiese que todas se incorporasen a la disponibilidad de agua en un momento dado. Esto implica desde algunas modificaciones normativas hasta incentivar, quién sabe si mediante subsidios o mediante otro tipo de mecanismos financieros, la reutilización de agua; modificar el sistema de precios y combinarlo con algún sistema de seguro que haga que los agricultores no estén utilizando el acuífero como un seguro de facto, sino que trasladen el riesgo al sistema financiero… Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo más importante es que necesitamos coraje para hacer política, no podemos pensar que los problemas del agua se resuelven solo con normas o tecnología.

¿En qué sectores habría que intervenir primero?

La agricultura consume casi el 70% de los recursos. El 90% del agua de riego que se utiliza genera el 10% del valor añadido bruto de la agricultura y, al revés, el 10% del agua genera el 90% de valor. Conviven una agricultura altamente eficiente en el uso de agua y otra que no lo es. Tenemos que ser capaces de resolver esa esquizofrenia porque tampoco se pueden adoptar posiciones maximalistas y decir que prescindimos de esa agricultura menos eficiente, porque contribuye a generar renta agraria en buena parte del territorio y a fijar población al territorio rural, etc. También tenemos que reflexionar sobre el turismo, que genera el 12% del PIB a nivel nacional, pero en algunas regiones, como los archipiélagos, se aproxima a la mitad. La presión que esto está suponiendo es insostenible. Tenemos a la gallina de los huevos de oro sin agua.

¿Y en el abastecimiento?

En este aspecto es importante reflexionar sobre cómo le pedimos al ciudadano que haga un esfuerzo para que tenga hábitos más eficientes y, sin embargo, no invertimos en el mantenimiento y en la renovación de activos, de infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y tratamiento. Y esto, de facto, significa que a medida que estas redes envejecen y se van quedando obsoletas, las pérdidas que se producen en la red acaban siendo mucho más significativas que las que se producen en casa.

¿Cuánto costaría renovar la red de abastecimiento?

Hay varias estimaciones, pero ninguna suficientemente seria. La red de abastecimiento se está renovando anualmente a un 0,9% y la de alcantarillado a un 0,6%. Esto nos llevaría a vidas útiles superiores a los 100 años cuando en la práctica muchas de ellas han sido diseñadas para 50, 60 o 75 años. Estamos corriendo riesgos, tenemos un 40% de ambas redes que ya tienen más de 40 años.

¿Sigue siendo la depuración la gran asignatura pendiente?

Sí, estamos permanentemente apercibidos y hay una serie de procedimientos abiertos por parte de la Unión Europea por incumplir dos directivas: la de tratamiento de aguas residuales urbanas y la de nitratos. Hay tres desafíos: pesticidas y otras sustancias químicas utilizadas en la agricultura, contaminantes atmosféricos por la gestión de aguas pluviales y los contaminantes emergentes, como cocaína, cafeína, ibuprofeno, etc, que aún aparecen en trazas pequeñas pero de los que desconocemos el impacto que pueden tener sobre la salud. Además, hay un déficit de estaciones depuradoras especialmente en los municipios pequeños, donde la escala no es suficientemente importante como para hacerlas eficientes.

¿Cuáles son los casos más graves?

El caso de Ibiza es especialmente sangrante porque no estamos hablando de una autoridad local que tiene restricciones financieras importantes, sino que el Ayuntamiento de Ibiza tiene superávit fiscal. El problema aquí es que se diseña la planta de tratamiento para 140.000 habitantes, que respondería a una parte de las necesidades de la población estable de Ibiza, pero la isla tiene en verano poblaciones flotantes por encima del medio millón de personas y esa planta no es capaz de tratar todas esas aguas y se terminan vertiendo al mar sin tratar el 63% de las aguas residuales. Y eso no lo saben los turistas. Hay algunas playas de Ibiza que aparecen cerradas en determinados momentos del verano. La gente se piensa que es para organizar un chill out y en realidad es porque las aguas están contaminadas y hay un riesgo para la población.

¿Cómo podemos adelantarnos a la próxima gran sequía?

Deberíamos aprovechar para transformar nuestro modelo productivo. Con inversiones en adaptación al cambio climático, en economía circular para reutilizar aguas residuales regeneradas, en infraestructuras verdes para recuperar la capacidad de retención de los suelos, y en algo crucial, restaurar nuestros ríos. En España, cada vez más, no tenemos ríos, tenemos canales, pues los hemos ido encajonando, lo cual genera muchos problemas, y no solo de riesgo de inundaciones. Todo esto nos conduciría a un cambio de modelo productivo, que no puede estar basado solo en atraer turistas o en una actividad agroalimentaria que genera grandes tensiones sobre el medio.