Empresas públicas: el negocio ruinoso de las Autonomías

Uno de los datos curiosos que se desprende de los informes elaborados al respecto por el TCu es que, a ciencia cierta, ni siquiera este alto organismo es capaz de saber cuánto dinero se tragan las empresas públicas regionales. Es incapaz de acceder al detalle de toda la información, a todos los recovecos contables y presupuestarios por los que transita el dinero desde los gobiernos regionales a sus sociedades mercantiles. La transparencia no es el fuerte de estos entramados mercantiles. De los datos a los que ha podido ir accediendo el TCu y que ha recopilado ABC se desprende que, con toda seguridad, ese conglomerado de empresas públicas perdió en cinco años, en el quinquenio 2010-2014, más de 22.000 millones de euros. Y eso solo como mínimo, porque el cómputo no es completo: faltan los datos del enorme entramado empresarial de la Generalitat, cuyas cuentas de 2014 no le fueron facilitadas al TCu.

Esos más de 22.000 millones de euros de pérdidas es solo una porción del agujero que acumulan las empresas públicas autonómicas. Hay que tener en cuenta que esas pérdidas las alcanzan después de consumir abultadísimas subvenciones. Para apuntalar la actividad de esas empresas públicas, los distintos gobiernos regionales les inyectaron más de 30.000 millones en ayudas públicas directas entre 2010 y 2014 —en la cifra faltan igualmente los datos de Cataluña—.

Es decir, entre las subvenciones que reciben y el dinero que pierden, el coste de las empresas públicas autonómicas superó los 52.000 millones de euros. Pero ahí tampoco acaba el coste real de este entramado societario, porque hay que sumar otras vías con las que se les inyectan abundantes caudales públicos para mantener a flote esas sociedades. Además de las subvenciones, desde hace varios años los gobiernos regionales han recurrido a la fórmula de los denominados créditos participativos, lo que supone inyectar fondos públicos bajo la forma jurídica de préstamos que, en no pocos casos, son de incierta recuperación a posteriori. Y, además, hay que tener en cuenta que en esas empresas públicas acostumbran a aterrizar multimillonarias cantidades de dinero público por otra vía más: la prestación de servicios a la Administración regional de la que dependen. El gobierno regional de turno se convierte de esa forma, a la vez, en dueño y cliente de su sociedad mercantil.

El entramado empresarial de las autonomías es muy heterogéneo. Por ejemplo, en las cuentas de ese quinquenio 2010-2014 se incluyeron los resultados económicos de la Sanidad pública murciana, servicio esencial para el que hace años que ese gobierno autonómico decidió crear una empresa mercantil que lo agrupara.

En su conjunto, la red de empresas de los gobiernos autonómicos son también un extenso espacio de colocación — se cuentan por miles los empleados del nutrido tejido societario de la Junta de Andalucía, y el de la Generalitat ronda los 5.000 trabajadores —.

Se trata, por tanto, de un relevante subsector de empleo público de los gobiernos regiones, y está salpicado desde hace años por las sospechas del enchufismo. El propio Tribunal de Cuentas lo ha ido advirtiendo de forma reiterada a lo largo de los años. Ha afeado expresamente los abundantes procesos selectivos en los que detectó que no se habían respetado los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad que han de cumplirse en el acceso a todo empleo público.

Las empresas públicas de la Generalitat catalana son las más opacas para el Tribunal de Cuentas (TCu). Lo constata su último informe de fiscalización que ha publicado sobre el sector público autonómico, el relativo al ejercicio contable de 2014: no ha conseguido conocer las cuentas de conjunto de las sociedades de la Generalitat catalana. Es el único sector empresarial autonómico para el que el TCu ha sido incapaz de certificar las pérdidas globales que arrojó en 2014, ni las subvenciones públicas que recibió, ni sus balances agregados... No es cuestión menor: Cataluña es la que tiene un mayor número de empresas públicas autonómicas, pero casi un tercio de ellas no presentaron al TCu sus cuentas de 2014. Cincuenta empresas de gobiernos regionales incumplieron esa exigencia de fiscalización ante el Estado y, de ellas, veinte pertenecen a la Generalitat catalana.