Hazte premium Hazte premium

Congreso de los Diputados

De la Serna enviará a Bruselas el decreto de la estiba aprobado por el Congreso para intentar frenar la multa

El ministro de Fomento advierte a los trabajadores de que la huelga no les llevará «a ningún sitio»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, (segundo por la derecha), celebra en el hemiciclo la aprobación del Real Decreto de la estiba junto a los titulares de Educación, íñigo Méndez de Vigo, (tercero por la derecha); Trabajo, Fátima Báñez, (primera por la izquierda) e Interior, José Ignacio Zoido, (primero por la derecha) EFE
Ana I. Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Congreso de los Diputados ha convalidado ya el Real Decreto-Ley que reforma la actividad de la estiba gracias a los 173 votos a favor del PP, Ciudadanos y PNV, frente a 165 en contra (PSOE, Podemos y ERC), y las 8 abstenciones del PDeCAT. El portavoz de este partido, Carles Campuzano, ha advertido que este apoyo al Gobierno no debe entenderse ni como un cambio de estrategia, ni como precedente para colaboraciones futuras en el Congreso.

Los trabajadores de la estiba comenzaron siguiendo el debate desde la tribuna de invitados del hemiciclo pero acabaron siendo desalojados al lanzar protestas durante la intervención del portavoz popular, Miguel Barrachina. La bancada de Podemos en pie, con Pablo Iglesias a la cabeza, les aplaudió mientras abandonaban el Salón de Plenos.

Su convocatoria de huelga desde el próximo 24 de mayo se mantiene aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, les ha advertido que no les llevará «a ningún sitio» y les ha pedido «sensatez, mesura y sentido común» para negociar con la patronal. En esta línea, hizo hincapié en que el nuevo texto «garantiza el mantenimiento del empleo y mejora la productividad de las empresas».

También ha subrayado en el «titánico esfuerzo de diálogo» realizado por el Gobierno para solucionar esta crisis. Los trabajadores han asegurado que volverán a sentarse a negociar con la patronal a partir del lunes pero que, si nada cambia, irán a la huelga. Se declaraban «decepcionados pero no derrotados» al abandonar ayer el Palacio.

Para de la Serna, en cambio, deben estar satisfechos ya que el Real Decreto «establece bases suficientes y las herramientas adecuadas para alcanzar acuerdos que permitan alcanzar estabilidad en el empleo y mejorar la productividad de las empresas». «Tienen en esta normativa más medidas y más estímulos que ningún otro sector productivo», abundó.

Unos argumentos que la oposición no cree veraces. El portavoz del PSOE, Rafael Ramos, reprochó al ministro no haber pactado el texto final con los trabajadores y le acusó de «no haber hecho ningún esfuerzo» para llegar a ese entendimiento. Sí reconoció las mejoras introducidas por Fomento en la última redacción aunque advirtió que el texto no garantiza los puestos de empleo a los trabajadores y empeorará sus condiciones de trabajo. En las misma línea se manifestaron los portavoces de Podemos y ERC.

La aprobación del texto permite ahora a España cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por lo que de la Serna ha avanzado que lo comunicará de manera inmediata a las instituciones europeas, solicitando el desestimiento del procedimiento vigente contra España e intentando que nuestro país no tenga que seguir abonando la primera parte de la multa por incumplimiento de sentencia comunitaria.

También ha subrayado su satisfacción por la recuperación del crédito que España «había perdido como país» tras el primer rechazo que el Real-Decreto sufrió en la Cámara Baja. No obstante, ha reivindicado el valor de aquella derrota como clave para «ganar la guerra en la calle» y forzar a los grupos parlamentarios a reflexionar. Se refería a Ciudadanos y el PDeCAT que, sin embargo, han aludido a las «rectificaciones» del Ejecutivo como las causantes del cambio en el sentido de su votación.

Tampoco se ha librado el Gobierno de acusaciones de la oposición por haber «pasteleado» con el grupo catalán, vinculando el cambio de posición de éste con la ausencia de los representantes estatales en la reunión del consorcio del Palau de la Música de Barcelona del pasado viernes.

Ese día la Generalitat impuso su criterio frente al del Ayuntamiento condal contra la personación del citado órgano en la causa contra la antigua Convergència por las comisiones ilegales en el caso del 3 por ciento. Se calcula en unos seis millones de euros el dinero que el hoy PDeCAT desvió del Palau en concepto de comisiones.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación