Un abogado ligado a Peña Nieto, entre los investigados por Banco Madrid

Este letrado abrió su cuenta en la entidad ahora intervenida en abril de 2012, según las fuentes consultadas por ABC. Su saldo en el momento en que se hizo las inspección superaba los 440.000 euros. El abogado solicitó a la entidad la recepción de dos transferencias procedentes de su país, motivo por el que fue sometido a una investigación que reveló que una personas con su mismo nombre estaba implicada en un caso de compra de votos en México.

A pesar de ello Banco Madrid decidió no impedir las operaciones, ya que según se desprendía del acta que autorizaba dichas operaciones, Fraga Peña no figuraba en ninguna lista negra. La investigación del Sepblac señala que este letrado fue coordinador territorial de la campaña de 2012 del entonces candidato a la presidencia Peña Nieto y además aparecía como implicado en una supuesta financiación irregular de dicha campaña.

Para los investigadores la falta de explicaciones de por qué un ciudadano extranjero no residente quería abrir una cuenta en España, así como la no acreditación del origen de los fondos que en ella se ingresaban eran elementos suficientes para examinar de cerca el caso.

Ramon Palou Godall, vicepresidente de la Fundación del Fútbol Club Barcelona, también es objeto de atención por parte del Sepblac. Este empresario textil vendió en 2007 su participación en Grupo Industrial Catensa y es cónsul hononario de Guinea Bissau en Barcelona, si bien estos datos no constan en su ficha de cliente.

Abrió una cuenta en Banco Madrid a finales de 2012 para canalizar los fondos que había regularizado en una declaración tributaria especial un mes antes. Palou envió a su cuenta de Banco Madrid desde Andorra más de 400.000 euros y, curiosamente, en la documentación interna de la entidad se especifica que ese dinero procede de una regularización fiscal de mucha mayor cuantía por lo que irá transfiriendo más dinero para montar una sicav.

En la documentación que el cliente aportase declaraban depósitos de poco más de 200.000 euros y la diferencia hasta los 400.000 se justificaba en que eran cantidades prescritas, aunque no aportaba justificación documental alguna. Los investigadores consideran que debía hacerse un examen especial de estas operaciones, ya que no estaba acreditado el origen de los fondos procedentes de lugares tan significativos como Suiza. Una vez más Banco Madrid no puso pegas y continuó con los movimientos de dinero.

El informe del Sepblac recoge, como se ha dicho, una veintena de casos similares entre los que se encuentran la Sociedad Alquería Dolores S. L., en la que tiene intereses el expresidente de la Cortes valencianas Juan Cotino y su familia; la sicav Renta Insular Canaria, vinculada a la familia Carceller, propietaria de la cervera Damm; Izote Energy Ing, uno de cuyos apoderados era Alciles Daniel Rondón Rivero, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior venezolano, o Aarons And Assoc Corporation, cuyo representante era en 2008 uno de los directores de Banco de Desarrollo.

Uno de los principales reproches que hace el Sepblac a Banco Madrid es que esta entidad no tiene, en sentido estricto, un departamento de control de blanqueo de dinero, por lo que no fiscalizaba las operaciones. Las fuentes consultadas destacan que esta circunstancia es otra prueba de que en realidad se trata de «una estructura de lavado», al igual que sucede con su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA).

Es llamativo igualmente que el servidor de Banco Madrid esté en el Principado y sea controlado por BPA, tal como comprobó la Policía el lunes cuando procedió al volcado de la información contenida en los ordenadores. De hecho, ese volcado solo fue posible después de mantener una comunicación con los responsables del servidor. Es otra prueba, según fuentes del caso, de que ambas entidades son la misma y actuaban de forma similar e incluso compartían consejero delegado, el ahora encarcelado Joan Miquel Pau.

Una de las anéctodas de la investigación se produjo el lunes durantela estancia de la Policía en la sede de Banco Madrid. Al recopilar la información se detectó que en realidad el Banco de España solo había intervenido esa entidad, pero no Banco Madrid Gestión, filial del anterior que se ocupa de las sicav y los fondos de inversión. Sin esa intervención judicial solo se podía acceder a los ordenadores con el permiso de su máximo responsable (que colaboró) y tras algunos trámites legales, solventados sobre la marcha.