La Audiencia Nacional confirma la fianza de tres millones de euros para Rodrigo Rato

La Audiencia Nacional afirma que las investigaciones realizadas "ponen de relieve que se trataba de tarjetas de crédito emitidas al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada por algún órgano directivo que soporte la existencia y operativa de las tarjetas", siendo su emisión responsabilidad de Rato, como presidente del consejo de administración de la entidad, quien también era además "beneficiario".

Después de dos años y medio de instrucción del caso Bankia, el auto -del que es ponente el magistrado Javier Echarri- insiste en que existieron "unas tarjetas a modo de retribución opaca" a directivos. No tenían "habilitación legal" ni estaban amparadas como "gastos de representación", según se deduce de las actas de los consejos de administración de Caja Madrid analizadas, de 1994 y 1995, explica la resolución judicial.

Esta situación es más evidente aún en el caso de Rato, ya que él "si poseía otra tarjeta para gastos de representación" amparada por los acuerdos del consejo de administración. Esto "sitúa el uso de esas otras tarjetas opacas al margen de cualquier atisbo de legalidad y de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar" su uso.

La Audiencia Nacional recuerda que el uso de estas tarjetas era contrario a la ley de Cajas, que fue adaptada en el año 2011. Una cuestión que Rato desconocía, según manifestó en su declaración. Esa "ignorancia en una persona que ostentaba el cargo de presidente del consejo de administración resulta inexcusable".

Según el auto, la entidad contabilizó estos gastos en "cuentas claramente inapropiadas", con la intención de ocultarlos a los organismos auditores y reguladores. Rato está imputado por estos hechos, como Miguel Blesa, por un supuesto delito de administración desleal continuada.