Las grandes empresas ven posible crear 2,3 millones de empleos hasta 2018 con más reformas

Según el CEC, la recuperación de la economía española es constante y sus previsiones son que el PIB crezca el 1,3% este año y el 2% en 2015.

Alierta ha dicho que España "se puede situar entre los diez mejores países en todo el mundo" y ha abogado por profundizar en las reformas, mejorar el marco regulatorio e incrementar la capacidad de innovación.

El presidente de Telefónica ha asegurado que con un plan de choque de reformas en ocho bloques "volveremos a ser un país que sorprenda". Algunas de las medidas que propone el informe son aumentar el tamaño de las empresas y su internacionalización, así como reformas educativas y en política energética sostenible.

El aumento de la dimensión de las empresas supondría la reducción de 4,2 puntos en la tasa de desempleo, mientras que una reforma educativa rebajaría el paro en casi un punto.

Asimismo, la mejora de la economía del conocimiento, la sostenibilidad energética y una mayor fluidez financiera aportarían una reducción de casi dos puntos en la tasa de desempleo.

El director del CEC, Antonio Casado, ha indicado que la lucha contra el empleo sumergido, que actualmente ronda el 23% del PIB, supondría un ahorro fiscal del 1% y aboga por homogeneizar un plan nacional de lucha en territorios y en todas las instituciones así como el aumento del número de inspectores.

En cuanto al sistema financiero, el CEC pide incentivos fiscales al ahorro, fuentes de financiación alternativas, como las titulizaciones o un uso más eficiente de la financiación pública.

También habría que recuperar la inversión pública en infraestructuras, según las grandes empresas, ya que se está depreciando el «stock» de capital que tienen las empresas.

Por otro lado, el CEC ha reclamado al Gobierno medidas de ajuste adicionales por valor de 30.000 millones de euros, pero sin penalizar el crecimiento, por lo que deberían recaer más por el recorte del gasto que por el incremento de los ingresos.

En el informe se resalta la importancia de evitar desviaciones en lo presupuestado y reducir de forma "más ambiciosa" la evolución de la deuda pública.

En concreto, las grandes empresas propone aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral para generar una recaudación extra de unos 20.000 millones y un plan de racionalización y eficiencia en el personal de las administraciones públicas de unos 5.000 millones.