«El escaño es incompatible con el banquillo». Esa es la doctrina que impera hoy día en el PPCV. La que tantas veces ha verbalizado su presidente, Alberto Fabra. Y la que ayer reiteró en la rueda de prensa tras el pleno del Ejecutivo valenciano su portavoz, María José Catalá. La consellera se refería a la situación del diputado autonómico David Serra, procesado con otras 26 personas en la pieza separada del Caso Gürtel que investiga los contratos de la Generalitat con Orange Market (firma de Álvaro Pérez «El Bigotes»), a un paso del juicio oral.

Según ha podido saber ABC, el diputado popular –imputado por participar en la tramitación de contratos con Orange Market durante su etapa como secretario autonómico de Deportes– no tiene intención de abandonar su escaño en las Cortes. El principal motivo es que su renuncia a la condición de aforado obligaría al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a inhibirse en favor de un juzgado ordinario, lo que retrasaría el proceso. Justo lo que ha pasado con otra de las piezas del Gürtel, en la que están procesadas las exconselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez. El juicio debía arrancar el 31 de marzo, pero tras la renuncia al escaño de las dos exconselleras, sigue sin celebrarse.

El caso Blasco

Si David Serra no renuncia a su escaño –una petición que, hasta el cierre de la instrucción, no le había trasladado aún la dirección del grupo–, el PPCV procedería como en el caso de Rafael Blasco, quien se convirtió en diputado no adscrito días antes de que se iniciase el juicio por el desvío de ayudas a ONG’s durante su etapa en Solidaridad –proceso que terminó con una condena de 8 años de prisión que ha recurrido–.

En el caso de Blasco, el grupo popular había sido convocado para votar su expulsión en aplicación de la doctrina Fabra, dado que el exconseller se resistía a abandonarlo voluntariamente. Finalmente lo hizo horas antes de dicha votación. Las fuentes consultadas creen que Serra no forzaría tanto la situación. En cualquier caso, según los estatutos del PP, la apertura de juicio oral supone el inicio de un expediente disciplinario que puede conllevar la suspensión temporal de militancia, lo que en la práctica supondría también abandonar el grupo.