El inglés que exige la universidad española es insuficiente para el mercado laboral

"Si no les acreditamos bien (en inglés) y nos les exigimos bien, les estamos haciendo un flaco favor a los estudiantes", ha advertido hoy la profesora Ana Halbach (Universidad de Alcalá), coautora de un estudio que constata la divergencia de requisitos y de acreditación idiomática entre universidades y, a veces, dentro de las mismas.

La investigación, impulsada por el British Council, destaca el "gran interés" de las universidades, en general, por fomentar las competencias en leguas extranjeras. Puede plasmarse en asignaturas concretas de habilidades de comunicación en inglés y ofertas académicas bilingües, para lo que se requeriría como mínimo un nivel B2, fomentado por las CCAA, como Canarias o Cataluña, o las propias universidades.

Pero esto "no siempre se ve acompañado de iniciativas y políticas claras, coherentes y homogéneas" de las universidades y de los gobiernos con competencias, según el informe, basado en datos aportados por responsables de filología inglesa de treinta universidades públicas y una privada de todas las CCAA, por las instituciones académicas y planes de estudios. Junto a Halbach, han participado Alberto Lázaro Lafuente (Universidad de Alcalá) y Javier Pérez Guerra (Universidad de Vigo), que efectuaron la investigación entre noviembre de 2009 y marzo de 2010.

En algunos casos, la exigencia mínima está determinada por la normativa estatal, como el nivel B1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (del A1 al C2) para los grados de maestro y del máster de profesor de secundaria. Aparte, las universidades, facultades o departamentos pueden fijar los conocimientos exigibles en función de su autonomía.

Ello puede llevar, dice el estudio, a situaciones "curiosas", como que la Universidad de Navarra exija B2 para ser maestro y B1 (inferior) para el máster de profesor de secundaria. La de Baleares pide un B2 para todos los grados y un B1 para el postgrado de docencia secundaria. La divergencia se mantiene en la movilidad internacional, pues unas universidades establecen el B2 de inglés y otras (Valladolid, León, Santiago, Valencia, Alicante, Jaén, Almería o Córdoba) el B1, "lo cual, ciertamente, parece escaso". A veces, simplemente se requiere un nivel "suficiente" y, en muchas ocasiones, se remite al que exija la universidad de acogida.

Halbach ha señalado que se estaría "engañando en cierto modo" a los alumnos si piensan que con el B1 (nivel de Bachillerato) es posible estudiar y trabajar fuera. Los procedimientos para acreditar las competencias lingüísticas en los programas de intercambio son también "muy heterogéneos": entrevistas, pruebas internas "no suficientemente contrastadas", certificados oficiales de instituciones reconocidas (Cambridge, IELTS, TOELF, EOI...).

Se subrayan la falta de homogeneidad en la valoración y equivalencias que las universidades aplican a esos certificados, incluso entre algunos departamentos de una misma, como la Alicante, según citan.

La acreditación del inglés en los nuevos grados y másteres es también muy diversa, caracterizada por la "provisionalidad e indefinición": ejercicios (a veces sin prueba oral) o asignaturas específicas de idioma, participar en un programa de movilidad, superar un mínimo variable de asignaturas o créditos en esa lengua, emplearla en el trabajo fin de grado o aportar algún certificado. Esta amplia serie de posibilidades puede crear "agravios comparativos" entre matriculados en los mismos estudios, pero de universidades diferentes.

Tampoco hay acuerdo generalizado sobre la vigencia de los certificados que aportan los alumnos, ni en reconocer la validez de los expedidos por centros y servicios de idiomas de otras universidades. Si los estudiantes no disponen de un certificado oficial que acredite el nivel de inglés, lo más frecuente es que se costeen la acreditación y, generalmente, abonen los cursos extra que las universidades les ofrecen.

También se preguntan los investigadores si la calidad de los centros y servicios de idiomas integrados en las universidades y sus exámenes son comparables entre sí y respetan los estándares internacionales, pues carecen de evaluaciones externas que contrasten su calidad. Otras optan por convenios con instituciones responsables de certificados internacionales