Sánchez promete acabar con las listas de espera y «ayuda psicológica para todos» sin competencias ni médicos suficientes

«Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla», ha afirmado durante su primera intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados.

En un país en el que un ciudadano tiene que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista, era una buena promesa para un discurso de investidura. Pero hasta el propio Sánchez reconocía que era un brindis al sol al carecer el Gobierno de competencias en Sanidad: «Nosotros no podemos como Gobierno de España quedarnos de brazos cruzados», al tiempo que anunciaba «un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera» con los «Gobiernos autonómicos que así lo deseen», dijo sin dar más detalles. Solo se limitó a anunciar que reforzaría la Atención Primaria donde España tiene un serio problema de falta de especialistas. No aludió al problema que arrastra Ceuta y Melilla sin apenas recursos ni médicos, un territorio donde el Ejecutivo sí tiene competencias con el Insalud. Allí los profesionales se sienten abandonados y ya acumulan medio año de huelga.

Las listas de espera son un problema crónico que ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas han logrado atajar. Incluso se han tomado decisiones que solo lograrían el efecto contrario como la intención de poner fin a los conciertos con la sanidad privada a través de la ley de equidad sanitaria. Se estima que esta medida dispararía en un 153% la demora media para ser atendidos en la sanidad pública.

Faltan médicos en numerosas especialidades y el aumento de plazas MIR no logra atender la demanda necesaria, sobre todo en zonas de difícil cobertura como ha denunciado el Consejo General de Médicos. Pero preocupa, en especial, la falta de profesionales para atender la epidemia de problemas de salud mental que salieron a la luz tras la pandemia.

El propio Pedro Sánchez ya anunció en 2021, a bombo y platillo, un plan de salud mental con una inversión de cien millones que no ha resuelto la orfandad en la asistencia de miles de enfermos españoles. En realidad, ese plan nació con cero euros. La primera propuesta para esa estrategia nación sin dotación presupuestaria. Después se dotó con 2,5 millones y, finalmente, se subió a cien por la presión de las sociedades científicas. Con ese dinero se puso en marcha el teléfono de atención del suicidio, pero no se pudieron contratar apenas profesionales. Como denunció entonces el presidente de los psiquiatras, Celso Arango, con 33 millones de euros al año entre 17 comunidades, apenas podía dar para contratar a un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera por autonomía.

A la falta de profesionales educados en España se suma el atasco de homologaciones de titulaciones de profesionales de la salud extranjeros que el Gobierno no ha logrado desatascar durante el Gobierno.

Este miércoles, Sánchez también ha vuelto a anunciar otra medida ya vendida en el Consejo de Ministros: su intención de seguir ampliando la Cartera de Servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y también oftalmológicos para jóvenes, como ya ha prometido en numerosas ocasiones.