Las comunidades autónomas exigen a Miñones que no traspase las competencias del MIR
Las regiones denuncian que la medida provocaría una falta de equidad y el ministro en funciones se compromete a que seguirá habiendo un sistema único
La profesión médica muestra también su rechazo
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Madrid
El posible traspaso de las competencias del MIR a las comunidades autónomas en el que pueden derivar los acuerdos del PSOE con distintos partidos como BNG en Galicia o Junts en Cataluña ha salido a relucir en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema ... Nacional de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, celebrado este lunes. Según ha podido saber ABC, varias comunidades han preguntado al ministro en funciones, José Manuel Miñones, sobre este asunto, pero el titular de Sanidad se ha comprometido a atender estas reivindicaciones y les ha asegurado que no será así, que se mantendrá un sistema único como hasta ahora.
Horas más tarde, el Ministerio de Sanidad ha lanzado un comunicado en el que aclara que no tiene previsto transferir la competencia del sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE), incluido el MIR, a las comunidades autónomas. El departamento que encabeza José Manuel Miñones tacha de «desinformaciones» aquellas que apuntan a que ese traslado tenga lugar y recuerda que el FSE es «robusto» y cuenta ya con «perspectiva territorial».
La mayoría de las comunidades habían expresado en la reunión su malestar al respecto. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que se trata de «un despropósito» y una «falta de equidad para el sistema nacional de salud». En la misma línea, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha lamentado que el sistema MIR «sea objeto de negociación política» y ha manifestado su «rechazo más rotundo» a la medida.
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También el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha exigido a Miñones que mantenga el «MIR único para toda España» y no lleve a cabo una descentralización que, a su juicio, «supondría una nueva desigualdad entre españoles». La consejera de La Rioja, María Martín, ha expresado también su «profunda preocupación» así como el rechazo a la medida que en su opinión, «genera desigualdades en la formación».
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha expuesto su «firme oposición». «No vamos a bajar la guardia, estaremos vigilantes», ha añadido durante una visita oficial a Ávila con motivo de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Radioterapia.
La consejera andaluza, Catalina García, también había trasladado a Miñones que le parecería «un despropósito» que eso fuera así. Otras comunidades como Cantabria, Murcia o Extremadura también han manifestado su rechazo a la medida, que horas más tarde Sanidad ha desmentido.
Un asunto recurrente en Cataluña
El asunto ha cogido fuerza en los últimos días como consecuencia de los pactos del PSOE con partidos nacionalistas como BNG o Junts, en los que se abre la puerta a esa transferencia del MIR a las comunidades. En Cataluña, la transferencia de la gestión de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) planea desde hace años en las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat. En la denominada 'Mesa de Diálogo' iniciada entre ambas administraciones en el verano de 2021 para resolver la crisis política derivada del 'procés' independentista se planteó el traspaso del MIR a la comunidad. Se llegó a concretar en un documento pero nunca más se supo y no trascendieron los detalles de cómo se materializaría la cesión.
Ahora, en el recién cerrado pacto entre PSOE y Junts no se cita explícitamente esta cuestión pero sigue en el ambiente. En el texto, consultado por ABC el PSOE se compromete a defender «el desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006». Entre otras cosas, la norma establecía el traspaso a Cataluña de la FSE, cuestión reclamada en varias ocasiones por la Generalitat. En el artículo 162, el Estatut contempla la cesión a Cataluña de las competencias en Sanidad, Salud Pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos que, según apunta, «corresponden a la Generalitat y que hasta ahora no ha podido ejercer en su totalidad». El sector sanitario catalán está expectante a la concreción del pacto ente nacionalistas gallegos y socialistas. «Ese traspaso podría abrir la puerta o allanar el terreno a otras comunidades como Cataluña que llevan años reclamándolo», señalan fuentes médicas consultadas por ABC.
La posibilidad de que el MIR deje de ser único y que sea cada comunidad la que lo asuma preocupa también a los médicos. Momentos antes de que se celebrara la reunión del interterritorial, el Foro de la Profesión Médica ha manifestado su «profunda preocupación» y su rechazo a la medida que «genera desigualdades en la formación, provoca falta de cohesión en los estándares de calidad a nivel nacional y dificultades en la movilidad y homologación de profesionales».
Un modelo «exitoso»
La profesión médica defiende que el modelo actual es «exitoso» y alerta del «riesgo de ruptura del modelo actual» y de «la pérdida de homogeneización» que supondría este cambio, con la consecuente pérdida de calidad asistencial. También la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha mostrado su desacuerdo: «Supondría la ruptura, fragmentación y debilitación del sistema sanitario».
Tampoco desde la Asociación MIR España ven con buenos ojos la medida. «Realmente con la cantidad de mejoras que hay que hacer nos parece que esta medida no es la prioritaria», explica su presidente, Juan Jiménez Sánchez. «Tenemos muchos problemas como MIR a nivel formativo, docente y económico. Y separar un examen que es ahora mismo para todos no es una medida que llevemos buscando», reclama.
Una parte del sector sanitario catalán también se opone rotundamente a la descentralización del modelo al entender que si Cataluña gestionara el MIR «se fomentaría la endogamia» y «se dinamitaría un modelo de éxito con nefastas consecuencias para todo el sistema sanitario». En un documento consultado por ABC el Sindicato Médico Catalán (Simecat), integrado en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), advierte del peligro que tiene «negociar políticamente con la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y la homologación de títulos extracomunitarios».
Simecat considera que «el sistema MIR actual está ampliamente consolidado y cuenta con un reconocido prestigio internacional. Su configuración actual permite el acceso a la Formación Sanitaria Especializada en condiciones de igualdad para todos los aspirantes, por lo que facilita una formación de calidad basada en méritos y concurrencia competitiva en todo el Sistema Nacional de Salud«. A su juicio, » la opción de un traspaso autonómico o una fragmentación supondría dinamitar un modelo de éxito con nefastas consecuencias tanto para los especialistas en formación como para los centros docentes, y, por extensión, para todo el sistema sanitario, lo que terminaría afectando también a los pacientes«.
Cerrar el acceso a profesionales de otras comunidades
«A ninguno se nos escapa que la finalidad del nuevo sistema sería cerrar el acceso a extranjeros y resto de comunidades, ya que el baremo y exigencias que se implementarán dejarán en una situación de inferioridad con respecto a los solicitantes de Cataluña. Dichas exigencias conseguirán una presumible endogamia que no asegurará unos perfiles de calidad , redundando negativamente en la sanidad catalana», señalan desde Simecat. En este sentido, el sindicato médico insiste en que « tanto el sistema de selección del MIR como la acreditación, evaluación y elaboración de los programas docentes deben ser de ámbito nacional y, por lo tanto, es el Ministerio de Sanidad el encargado de establecer las bases comunes del régimen laboral y de los aspectos formativos para todo el territorio. Asimismo la competencia respecto a la homologación y reconocimiento de títulos académicos y profesionales es exclusiva del Estado, como establece la Constitución», aclara el sindicato. Por todo lo anterior, Simecat expresa su «absoluta disconformidad» con que «una vez más, se utilicen competencias nacionales en negociaciones políticas» y alerta del riesgo que supone «romper el modelo actual, una opción ante la que la profesión médica, de manera mayoritaria, se ha manifestado en contra».
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