El portavoz de los obispos defiende al nuevo nuncio: «Eso de oscuro pasado es un prejuicio»

«Eso de oscuro pasado me parece casi un prejuicio, es un prejuicio que antes de conocer a una persona la etiquetamos. Eso es muy peligroso», señaló García Magán, a preguntas de ABC en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI. «Etiquetar personas, ponernos en prejuicios, quedarnos en la cáscara y no llegar al corazón de cada uno tiene muchos riesgos», concretó, en respuesta a las informaciones que tachan a Piero Pioppo de conservador, fundamentadas en que fue secretario personal de Angelo Sodano, el que fuera secretario de Estado con Juan Pablo II y que favoreció el encubrimiento de Marcial Maciel.

Sin embargo, García Magán aseguró que «es un hombre de una trayectoria diplomática consolidada y prestigiosa, que tiene conocimiento del mundo hispano», tanto en América, donde fue agregado en varias nunciaturas, como en África, donde fue nuncio en Camerún y Guinea Ecuatorial. Además, destacó que la experiencia de esos años con el cardenal Sodano le da «un bagaje de conocimiento de la Iglesia muy importante».

El portavoz de los obispos reconoció que el nombramiento ha sufrido un retraso, pues ya comenzó a gestarse a final del pontificado de Francisco, aunque lo atribuyó a la «cronología de los tiempos», con el fallecimiento del Pontífice y la elección de León XIV. Preguntado por si cree que el nuevo nuncio contribuirá a alinear la Iglesia con el Papa, García Magán afirmó que la Iglesia española está con el Papa y que no le consta que haya «ningún obispo díscolo», aunque reconoció que cada uno tiene su carisma y sus sensibilidades, lo que consideró positivo porque «la unidad no implica uniformidad».

Antes de las preguntas, García Magán, defendió el derecho fundamental a la libertad religiosa como «piedra de toque del grado de democracia de un Estado». El también obispo auxiliar de Toledo repasó la evolución de este derecho en España, su desarrollo en la doctrina de la Iglesia católica y su valoración a la luz del Concilio Vaticano II.

«La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa constituyen un test del grado de democracia y libertad de una sociedad», afirmó, antes de subrayar que la Constitución de 1978 instauró un régimen de «aconfesionalidad con cooperación», que descarta tanto el Estado confesional como un modelo de laicismo antirreligioso.

En un repaso histórico, García Magán recordó que España fue un país confesionalmente católico «durante casi toda su historia», salvo excepciones como la Constitución de 1869 o la Segunda República, que «reconocía la libertad religiosa en el plano individual, pero limitaba severamente su ejercicio colectivo». Con la Constitución de 1978, añadió, «se abandona el régimen de confesionalidad y se establece la neutralidad positiva del Estado», que no se limita a tolerar, sino que «ordena a los poderes públicos mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas».

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, explicó, desarrolló este marco «en perfecta sintonía con los estándares internacionales y europeos», garantizando tanto el ejercicio individual como comunitario del derecho.

En la segunda parte de su intervención, García Magán situó la visión de la Iglesia: «A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». Este principio, afirmó, introdujo «el dualismo cristiano» frente al monismo del mundo antiguo y abrió un espacio de libertad que haría posible la evolución hacia las sociedades plurales y los derechos humanos.

El obispo citó el Concilio Vaticano II, en particular la constitución 'Gaudium et Spes' y la declaración 'Dignitatis Humanae', como textos que sintetizan la doctrina de la Iglesia: «La libertad religiosa no es una concesión del Estado ni una mera tolerancia, sino un derecho verdadero, basado en la dignidad de la persona».

Ese derecho, añadió, se expresa en sentido negativo —exclusión de toda coacción— y positivo —afirmación de la autonomía de la conciencia para actuar en lo religioso, en público y en privado—, con el límite del orden público justo.

Sobre los distintos sistemas políticos, García Magán señaló que tanto el modelo confesional como el aconfesional pueden ser legítimos «siempre que se garantice la libertad religiosa real». Recordó que países como Gran Bretaña o Suiza mantienen sistemas de confesionalidad compatibles con el pleno ejercicio de este derecho, mientras que regímenes aconfesionales como China o Cuba «no lo respetan en absoluto». «La libertad religiosa es el criterio de discernimiento para cualquier sistema de relación entre la Iglesia y el Estado», recalcó.

En su conclusión, el secretario general de la CEE insistió en que «la persona es el centro y el fin de ambos órdenes, el espiritual y el temporal». Por eso, dijo, Iglesia y Estado «están llamados a encontrarse y a cooperar en favor del bien común, sin miedo a los retos que plantea la sociedad contemporánea».