Los obispos toman las presiones de Bolaños como «una amenaza a la misión de la Iglesia»

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J. R. Navarro-Pareja

El ministro de la Presidencia, que ha convocado de urgencia a las asociaciones un día antes de que la Conferencia Episcopal les presente su propuesta, avisa de que no permitirá una indemnización que no pase por el Gobierno

Un escrito que desde fuentes eclesiales consideran «inaceptable, en el fondo y en la forma» y que entienden como «amenaza para la vida y la misión de la iglesia y para su independencia». En la práctica se trata de unas «presiones del Gobierno para monopolizar el trato con las víctimas», con lo que pretende «impedir la respuesta de la Iglesia e incluso imponer una solución contraria al derecho y llena de incertidumbres», según han explicado desde fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal a este diario.

En la práctica se trata de una decisión del Gobierno que contraviene el plan que el propio Congreso de los Diputados había diseñado en la pasada legislatura al encargar al Defensor del Pueblo un informe sobre los casos de abusos en el seno de la Iglesia. De acuerdo a la PNL aprobada, el Defensor del Pueblo debía crear una comisión para elaborar un informe sobre la cuestión y después presentarla ante el pleno de las dos cámaras, de forma que estas tomaran la decisión de cómo seguir adelante. El informe fue presentado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y, desde entonces, Ángel Gabilondo lleva reclamando a la Cámara que le convoque para cerrar por su parte esa investigación y que ya sea una decisión de las Cortes la que decida ese paso.

El Gobierno, que sabe que no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar una decisión, ha decidido saltarse ese paso y en abril aprobaba en Consejo de Ministros un plan de reparación en el que pretendía obligar a la Iglesia a asumir, con un criterio propio, las indemnizaciones a las víctimas que no contaban con el respaldo de una sentencia judicial. Ahora, ante la inminencia de que el plan sea aprobado por la Iglesia de acuerdo a sus propios criterios, parece decidido a boicotearlo a través de la convocatoria de a las víctimas de mañana y una negativa tajante a la decisión eclesial sin ningún sustento jurídico. Para los obispos, que parecen haberse puesto las pilas en los últimos meses en esta cuestión, las decisiones del Gobierno «insisten en utilizar a las víctima y ponen por delante el interés político antes que la solución del problema».

La mayor parte de las asociaciones de víctimas, las grandes perjudicadas en este conflicto Iglesia-Gobierno, en el que parece olvidarse su sufrimiento en los últimos años, aprecian esta doble convocatoria -el lunes en Moncloa con Bolaños y el martes en la sede de la Conferencia Episcopal para conocer la decisión que adoptará la Iglesia- con cansancio pues se sienten «utilizadas» por unos y otros. Su sentimiento es de «rabia y pena» ante unas decisiones en las que parecen ser ignoradas, y su único consuelo es «seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, para tratar de ayudar a las víctimas».

Por contra, un pequeño sector de asociaciones, las que decidieron no acudir a la reunión convocada de forma conjunta por el presidente de los obispos, Luis Argüello, y el de Confer, Jesús Díaz Sariego, del pasado 21 de junio y que manifestaron una enmienda a la totalidad al plan eclesial, esperan a la reunión con Bolaños en Moncloa para pronunciarse. La brecha entre estas entidades -representadas públicamente por el exdiputado del PSOE, Juan Cuatrecasas- y el resto -que sin dejar de ser críticas con la Iglesia todavía manifiestan una esperanza en una solución pactada- es cada día más grande. Y las decisiones de Bolaños parecen haberla acrecentado.