Los obispos respaldan la petición de elecciones anticipadas de Argüello

A preguntas de los periodistas, tras la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se ha desarrollado esta semana, el secretario y portavoz de los obispos ha recordado que «la corrupción es uno de los cánceres de una democracia, porque, sea del color que sea, mina los pilares de una democracia entendida como el gobierno del pueblo, porque le hace perder la credibilidad». Además, también ha advertido que la corrupción de un sistema democrático «es una puerta de entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo».

«Hay que levantar el horizonte y buscar ese bien común de la sociedad para salvar el sistema, que está por encima de intereses de partidos tacticistas o meramente electoralistas», ha señalado, en relación a las palabras de Argüello en ABC, quien afirmaba que «ver al presidente del Gobierno pidiendo perdón es un gesto humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante», por lo que pedía otras medidas, como la convocatoria de elecciones. En este contexto, García Magán también ha recordado la «no fácil, pero equilibrada función que prevé la Constitución para la Corona y el Jefe del Estado».

El secretario de los obispos también ha recordado que «no es la primera vez que la Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado» sobre cuestiones políticas y sociales. «En momentos especiales de España, hay hasta documentos muy sólidos sobre la situación general política y social». Ha explicado que esto no significa que la Iglesia «baje al juego de la política con minúscula». «En una democracia, que es el gobierno del pueblo, la Iglesia no hace no hace 'cracia'; no baja al nivel de partidismo. Entre otras cosas, porque la Iglesia no tiene un partido político, ni ningún partido puede presentarse con la etiqueta de ser un partido de la Iglesia».

Sin embargo, ha añadido que la Iglesia «sí se preocupa del 'demos', del pueblo, y ahí está la Doctrina Social, además de que la Iglesia tiene el derecho, desde el punto de vista civil e interno nuestro, de iluminar la realidad social de los fieles. Eso es política con mayúsculas. Lo que se hace es exhortar a todos, a gobernados y gobernantes, a mirar el bien común, de mirar por la estabilidad del Estado», ha añadido, en referencia a las declaraciones de Argüello a ABC. Por último, ha señalado que no se puede «hacer un trazo de brocha gorda y juzgar a toda la clase política como corrupta sin más, porque eso también entraría en una dinámica peligrosa de populismo, sea de extrema derecha o extrema izquierda, que se vincula con un autoritarismo que va en detrimento de la democracia».

En otro orden de cosas, el secretario y portavoz también ha anunciado algunas de las decisiones tomadas en la Comisión Permanente, como la creación de una Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos. El organismo tendrá como objetivos «la promoción de la defensa de la libertad religiosa; elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos, mediante recopilación y registro de datos», además de «sensibilizar y ofrecer orientaciones a las diócesis ante la vulneración de la libertad religiosa; y mantener el contacto con otras confesiones religiosas y organizaciones nacionales e internacionales».

La oficina creada por los obispos responde, en cierta manera, a una de las medidas previstas en el 'Plan de acción para la democracia' presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado septiembre, con el supuestamente pretendían controlar a los medios de comunicación y que preveía la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal. El texto, todavía en vigor, señala en su artículo 525 que «incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican».

La reunión de la Permanente también ha servido para que los obispos recibieran información sobre la Comisión Asesora para aplicar el Plan de Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en la Iglesia (Priva). En concreto, desde su puesta en funcionamiento a principios de este curso, la comisión ha recibido 81 solicitudes de atención, de las que ha resuelto, de momento,24 casos y tiene otros siete en estudio. En estos casos, los expedientes ha sido remitidos a las entidades eclesiales a las que pertenecía el abusador, que han asumido el pago de la indemnización.

La comisión del Plan Priva, que evalúa la reparación en los casos en que no es posible una vía penal al haber prescrito el delito o muerto el victimario, ha solicitado un total de 50 expedientes a las diócesis o, en su caso, a las congregaciones religiosas a las que pertenecía el abusador. El objeto de esta petición es «no revictimizar a las víctimas», ha explicado el portavoz de los obispos. En otros casos, han sido las propias víctimas las que han acudido directamente a la diócesis o congregación correspondiente. En cualquier caso, García Magán ha precisado que será la propia comisión, que es «independiente», la que ampliará estos datos «cuando considere oportuno».

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reaccionado a la posición de los obispos y ha mandado una carta a la Conferencia Episcopal para responder a la petición de adelanto electoral.

En ella, ha asegurado mostrar su «extrañeza por la afirmación de que esta petición la realizan al margen de intereses partidistas mientras reproducen de forma exacta las peticiones y argumentos de los dos principales partidos de la oposición».

Además, Bolaños ha insistido en que no es la primera vez que los obispos se posicionan del lado de la derecha, acusándoles de no haberse pronunciado en temas de corrupción del principal partido líder de la oposición.

«Es cierto que no es la primera vez en nuestra historia reciente en la que se produce una comunión espiritual y política entre la organización que preside y los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha», escribe el ministro de Justicia.