Cuando quien tutela no ampara: menores vulnerables en redes de pederastia

De hecho fue así como el electricista, Teófilo, que ahora se enfrenta a 107 años de cárcel, contactó con la niña a la que no sólo violó de forma reiterada, entre 2020 y 2021, sino que la 'ofreció' a otros pederastas a través de internet. Agresiones que, además, grababa con su teléfono, lo que permitió a los investigadores identificar a otros 15 integrantes del entramado y a seis víctimas más. Pero, ¿cómo termina una menor bajo custodia de una administración siendo víctima de un pederasta? En este caso, contaba con un móvil, y se escapaba del centro para trasladarse hasta la vivienda del sujeto, en el barrio de Ciutat Vella de la capital catalana.

Fueron educadores de ese mismo centro en el que residía quienes, revisando su teléfono, descubrieron lo que estaba pasando y así la niña formalizó la denuncia en 2021. Pese a ello, no fue hasta esta semana, tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía contra el líder de la red, cuando la Generalitat anunció una investigación sobre la actuación del organismo de protección a la infancia en Cataluña. Es decir, cuatro años más tarde. Pero el de esta menor «no es un caso aislado, sino algo que se repite», explica a ABC Olga Giner, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (Ceesc), que subraya que es necesario «reforzar los mecanismos de prevención para proteger a estos niños vulnerables».

Hace una década, la trama de pederastia más importante desarticulada en España hasta la fecha, el denominado caso Trinity, también tuvo menores tutelados entre sus víctimas. Al menos, siete. Una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos consiguió desmantelar la red, con epicentro en Tortosa (Tarragona), cuyos integrantes captaban a menores vulnerables para agredirlos y filmar las violaciones, para luego distribuir el material de explotación sexual infantil. Ya entonces, la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), que fue quien alertó a la Policía catalana tras descubrir que en un piso de la citada localidad se grababan abusos a menores, anunció cambios para una detección precoz que no han alcanzado la efectividad pretendida. «Pese a que se han trabajado mejoras, si no existe un seguimiento adecuado y una buena evaluación, no sirven para nada», indica Giner, y por ello el colegio de educadores insta a «revisar y repensar el modelo, con la participación de todos los agentes implicados». También con más medios, ante un goteo de casos que no cesa.

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El pasado junio, tres individuos se sentaron el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusados de violar y prostituir a tres menores tuteladas en un piso de la capital catalana. Una de ellas, que entonces tenía 17 años, apuntó ante el tribunal: «Me ofrecían dinero por tener relaciones sexuales. Cuando yo decía que no, iban subiendo la cantidad». Fue una de las víctimas, que también residía en un centro de titularidad pública, quien alertó a la directora de lo que ocurría y, tras ello, se decidió a denunciar. Finalmente, dos de los acusados fueron condenados a nueve y doce años de cárcel. También en Baleares, la violación grupal a una menor en diciembre de 2019 destapó una trama de explotación sexual a menores tutelados.

Su abordaje y prevención es complejo. Tal y como recuerda Giner, los centros socio-educativos son de «régimen abierto», es decir, los menores entran y salen, tanto para ir a la escuela, como para actividades de ocio, «como cualquier otro adolescente». Lo hacen «solos, sin acompañamiento». Si se escapan, se activa un protocolo que puede incluir alertar a la Policía. «También se trabaja desde el ámbito educativo para que no vuelva a ocurrir», aunque esta profesional constata que es algo «incontrolable» cuando el objetivo es que su vida en estos espacios «sea lo más normal posible», lo que incluye la libertad de movimiento.

Con respecto al uso de móviles, indica Giner, los educadores recurren a «garantizar que el vínculo con los niños», a través del diálogo, dote de la confianza suficiente para que «conozcan los riesgos» tras las pantallas y «sepan qué pueden hacer y qué no». Y, en caso de que se encuentren en problemas, sepan que pueden contar con el apoyo necesario. Los menores que residen en estos equipamientos son especialmente vulnerables y, precisamente, los depredadores se aprovechan de sus necesidades emocionales, como ocurrió en el caso de la niña que captó el electricista. Sufría acoso escolar y su madre -que finalmente falleció- estaba enferma.