«La ley de universidades se carga la lucha por los derechos fundamentales en Cataluña»

El evento, organizado por el Grupo Parlamentario Popular, y moderado por la periodista de ABC especializada en Educación, Josefina Giancaterino Stegmann, reunió a rectores, catedráticos, profesores, alumnos y políticos en torno a la pregunta de si la LOSU responde a «la universidad que necesitamos».

En la apertura, Carlos Rojas, secretario general del Grupo Parlamentario Popular, valoró que el proyecto de ley de universidades «se ha empeorado en el trámite legislativo», de forma que «ha resultado ser una ley de ERC, Bildu y PNV y no del sistema universitario español». El diputado entiende que con esta norma «se está desvertebrando el sistema universitario» y en ese sentido recordó unas palabras de la diputada María Jesús Moro, que la había definido como «una ley antisistema universitario español».

Sin embargo, la principal crítica llegó de manos de Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, quien se mostró muy duro tanto con el texto como con el recorrido parlamentario seguido, al que calificó de «estrategia lampedusiana», es decir «que todo cambie para que no cambie nada». En concreto, señaló el peligro que implica la enmienda transaccional incorporada en el Congreso que permitirá que los claustros puedan «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia».

Una definición que, bajo la aparente inocencia en su redacción, supone un claro ejemplo del «grado de ideologización y de atención a los particularismos» que se encuentran detrás de esta reforma, según Rivero. De hecho, la diputada de ERC, Marta Rosique, aplaudió este cambio el pasado mes de diciembre: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Cataluña eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno».

Para el rector de la Universidad de Salamanca, esta enmienda pretende «borrar la sentencia del Supremo» que aseguró que el pronunciamiento de las universidades a favor del 'procés' vulneraba derechos fundamentales. Tras un largo periplo judicial, aquel pronunciamiento, que condicionaba a toda la comunidad universitaria, fue entendido como una vulneración de la libertad ideológica, de educación y de libertad de cátedra.

De esta forma, si el texto se aprueba en esos términos —ante cualquier petición por parte de la comunidad educativa para que se «debata» en el claustro sobre cuestiones ajenas a la vida educativa— los rectores se tendrán que enfrentar a la disyuntiva de «negarse a cumplir con ese artículo de la LOSU o incumplir la sentencia del Supremo», advirtió Rivero.

Una idea en la que también incidió Chantal Moll, profesora agregada de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona y cofundadora de la plataforma Universitaris per la Convivència. Moll hizo un recorrido sobre la intromisión política en las universidades catalanas desde los años 2000 y reconoció que en Cataluña «tenemos una real sumisión de los órganos representativos al poder político, al que ya podemos llamar, claramente, un gobierno separatista».

La profesora explicó que «para quienes llevamos años denunciado lo que está pasando en los campus» se está con esta norma legislando «al revés». «Es el camino inverso», señaló, porque en vez de «proclamar el deber de neutralidad de las universidades, para que sean garantía de la libertad de pensamiento», se están «cargando por la puerta de atrás, con un artículo, la lucha de años por los derechos fundamentales».

Moll recordó los momentos del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, como una «época de miedo, en que nadie osaba hablar y con el agravante de que somos profesores universitarios». Más tarde, en 2019, se aprobó el manifiesto conjunto de las universidades, «un texto de copiar y pegar, a eso quedó reducido el pensamiento crítico en al universidad», denunció la profesora barcelonesa.

También señaló que fue en esos años cuando comenzaron a movilizarse para acabar constituyendo, «de manera casi clandestina», la plataforma Universitaris per la Convivència, que promovió varias iniciativas para que quienes no compartían la deriva nacionalista de las universidades «pudiéramos ir a nuestros trabajos tranquilos y sin represalias». «Salir del armario fue decir ¡basta ya!», destacó con contundencia.

De esta forma, incidió en la idea de que la enmienda que introduce la posibilidad de debatir temáticas tiene como intención «cargarse lo que hemos conseguido en el Tribunal Supremo y que ya era jurisprudencia». De forma que de nuevo se pueda producir esa politización de la universidad porque «sabemos que un día u otro volverá a pasar», lamentó Moll. Frente a eso, «no hay que marcharse, sino quedarse, de manera educada y hablar con las personas, porque a nadie, piense lo que piense, le gusta que le impongan un pensamiento».

Sobre la ideologización de los campus también habló Alberto García Chaparro, estudiante y representante en Madrid de S'ha Acabat, una asociación estudiantil que «nació para defender los intereses de los universitarios no nacionalistas en Cataluña». «Muchas universidades de nuestro país dejaron de ser templos de la inteligencia para convertirse en plataformas que defienden el odio». En su intervención, García precisó que este «no es el problema de Cataluña, es el problema de todos. Esto también pasa en la Complutense».

Por otra parte, el actual consejero de Universidades de la Junta de Andalucía y antiguo presidente de la conferencia de rectores (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, alertó de que esta es una ley «que viene a desmontar el sistema universitario español» y que se basa en criterios «independentistas y populistas».

«Ni nos acerca a Europa, ni nos hace más competitivos, ni genera a los estudiantes oportunidades», denunció. Villamandos incidió en los problemas que generará la rebaja en los criterios para ser rector, que «comprometía su reputación personal» y se le exigía que fuera catedrático «con una docencia, investigación y gestión de excelencia acreditadas». Sin embargo, con la nueva ley «habrá un mercadeo en las elecciones a rector y a decano».

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La jornada parlamentaria sobre la ley de Universidades LOSU), organizada por el Grupo Parlamentario Popular, dedicó una de las mesas a analizar si la futura norma garantiza realmente las oportunidades. En ella intervino Mariam Camarero, catedrática de Economía de la Universidad Jaume I y exsecretaria General de Universidades y Ramón Caballero, responsable de Universidades del sindicato CSIF.

Caballero resaltó el apoyo de su sindicato a la huelga indefinida de los profesores asociados que empezó el pasado 1 de febrero porque consideran que la reforma legal provocará que multitud de estos sufran «despidos masivos». Ello, pese a que el ministro anunció como una de sus medidas 'estrella' de la ley convertir en indefinidos a más de 25.000 asociados. «Aun siendo una medida positiva, nadie considera que pasar por concurso de los contratos actuales a contratos indefinidos —ni fijo ni permanente—, en la misma figura de profesor asociado, sea una estabilización real y efectiva», denunció Caballero.

En la línea de lo denunciado por otros potentes en cuanto al intento de Subirats de contentar a los socios independentistas del Gobierno, Caballero advirtió de que «para dar carta de naturaleza al sistema universitario catalán, se mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral». El personal laboral es mayoritario en los campus catalanes, de ahí el interés del Gobierno en mantener esta doble vía que para Caballero «fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos».

La ex secretaria general de Universidades hizo un sesudo análisis en el que comparó la norma de Subirats con las leyes universitarias anteriores así como lo llevado a cabo en otros países. Criticó, así, el «retroceso en la consideración investigadora» en la universidad con la nueva ley.

Así, recordó que la ley Reforma Universitaria del año 1983 «dio el doble carácter docente e investigador al PDI. Para un titular de universidad (y un titular de escuela universitaria) pesaban más los méritos docentes, mientras que para un catedrático 2/3 de los puntos se atribuían por investigación. Lo mismo ocurre en el resto del mundo», resaltó Camarero para finalmente advertir: «En la LOSU se valorará con el mismo peso los méritos docentes e investigadores en el acceso a la función pública».

Al igual que Caballero, la profesora de la Universidad Jaume I, señaló que a pesar del los problemas que tiene la Aneca (es decir, la agencia de acreditación nacional), «que ahora la acreditación de candidatos a funcionarios puedan hacerla las agencias de las comunidades supone una fragmentación del sistema».