La ley de Universidades que fulmina la neutralidad de los campus sale adelante en el Senado

En Senado había esta tarde sentimientos encontrados. Por un lado, la sensación de derrota del PP que intentó vetar la ley en su totalidad (como Vox) pero no lo consiguió. Y que además, como alternativa, presentó cientos de enmiendas, entre otros motivos, para parar la ideologización de los campus y posicionamientos políticos como el del 1-O (también lo hizo UPN y Cs), algo que se producirá cuando la norma entre en vigor.

Del otro lado, el Gobierno y sus socios festejaban. Pero más fervor se percibió en la parte del hemiciclo que permite el acceso al público, donde psicólogas argentinas celebraban lo que fue otro triunfo de ERC: incluir una enmienda (incorporada hace tiempo) que podría poner fin a las trabas burocráticas que actualmente les impiden ejercer. «Estamos muy emocionadas porque después de tantos años de luchar contra el maltrato institucional los psicólogos migrantes empezamos a ver la luz», comentó Marisol Jiménez, psicóloga militar con más de 10 años de experiencia.

Una de las grandes novedades del día fue una enmienda de ERC-Bildu (van juntos en el Senado) que en el último momento salió adelante en la votación y que adelanta a seis meses (estaba en un año) el plazo para que el Gobierno elabore un estatuto para el personal docente e investigador (PDI). Esto significa que tendrán que hacerlo antes de que acabe la legislatura. La justificación para esta enmienda es, señalan sus proponentes, la siguiente: «La importancia del régimen estatutario del PDI debe requerir rango legal en el dictado de las bases que le sean aplicables. Además, urge un debate más inmediato sobre este estatuto».

El debate y votación de las enmiendas y la ley empezaron con una sorpresa inesperada: la ausencia del ministro de Universidades, Joan Subirats.

Fuentes del ministerio aclararon que acudiría en la fase de enmiendas, «que es cuando estaba previsto». El ministro llegó dos horas más tarde de iniciarse el debate, algo que criticaron el PP y Más Madrid. Pablo Gómez Perpinyà, de esta última agrupación, dijo: «Entiendo que estaba en el Congreso, pero esta ley es importante». Francisco Fragoso, del PP, dijo con ironía a primera hora de la mañana que esperaba haber podido saludar al ministro.

Al finalizar la parte dedicada al debate (anterior a la votación de las enmiendas y de la ley), Joan Subirats recalcó que «salvaguardar el pluralismo y la diversidad en la universidad es un elemento central en la ley. Este proyecto nos permite abordar retos como la democratización en el acceso; la internacionalización sobre todo en la parte de euopeización; la formación a lo largo de la vida; etcétera».

Durante la votación de las enmiendas y de la norma, que tuvo lugar a eso de las 16 horas, el ministro finalmente tampoco estuvo presente.

El primero en intervenir en el debate fue el senador de Vox, José Manuel Marín, para defender su propuesta de veto a la ley. «La ley politiza la universidad, desvertebra el sistema y altera el orden jurisdiccional», dijo el senador del partido de Abascal.

Acto seguido hizo lo mismo el PP con su respectivo veto. «Esta no es la ley que necesita la universidad española». «Es irrelevante, insuficiente e ideológica», señaló Fragoso. Recordó las frases de algunos de los rectores que han criticado la norma como el caso de los de las universidades de Salamanca y de Castilla-La Mancha.

Fragoso criticó una de la medidas estrella que anunció Subirats: que hará indefinidos a 25.000 asociados. El problema, según Fragoso, es que «estabilizan a los que no necesitan serlo (jueces, médicos...), personas que tienen trabajo, y a esos los estabilizan; pero en cambio, a los 'falsos asociados', lo que ustedes hacen bajarles las horas de docencia para pagarles 600 euros al mes». Y recordó que son, precisamente, estos 'falsos asociados' los que le iniciaron la primera huelga al ministro.

José Latorre Ruiz, del PSOE, defendió que la ley ha sido «consensuada y muy trabajada». Respecto a los asociados que se harán indefinidos, dijo que es una medida importantísima para los derechos del profesorado. Criticó que el PP quiera imponer el «modelo Ayuso» de la universidad, «la región europea con más universidades privadas», y que llevó «a los tribunales la bajada de tasas universitarias».

Por su parte, el senador de ERC, Josep Maria Reniu, criticó el veto de Vox y del PP. «A ustedes no les molesta que en las universidades se debata, que se tomen posiciones ni que se enseñe en catalán; lo que les molesta es que se enseñe. Prefieren defender chiringuitos académicos de dudosa legalidad». Respecto a la mención que hizo sobre el «debate» en las universidades, el senador de ERC se refería al polémico apartado de la ley que dice que en los claustros se podrán «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia».

Este añadido a través de enmiendas en el Congreso pasó desapercibido hasta que la diputada de ERC, Marta Rosique, se refirió a él: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión».

Tanto el PP como UPN pidieron la supresión del polémico apartado a través de sus respectivas enmiendas en el Senado. En este sentido, el senador de UPN Alberto Catalán dijo que «las universidades públicas no pueden adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la universidad y que dividen a la ciudadanía».

Por su parte, Reniu insistió, una vez más, en eliminar al Rey de la expedición de títulos. «No pinta nada el Rey en los títulos; no es una cuestión simbólica, es una cuestión de justicia y de coherencia», dijo. Como lo hizo el exministro Manuel Castells, que eliminó al Rey de la expedición de los títulos (luego rectificó tras la denuncia de ABC), Bildu, junto con ERC, no han cejado en su intento de que el Monarca se quede al margen de la ley. En el anteúltimo tramo que le queda a la ley estos partidos han propuesto no solo quitar a Felipe VI de la expedición de los títulos, sino poner en su lugar a Subirats.

Las novedades que la ley ha introducido en su paso por el Senado son las siguientes.

El pasado viernes, durante la aprobación de la ponencia, salieron dos enmiendas del PP y del PSOE sobre los profesores colaboradores.

Además, durante la votación de este miércoles salió adelante la ya mencionada enmienda que establece en seis meses el plazo para hacer un estatuto de personal docente e investigador. Además, se aprobó la que adelantó este periódico que deja afuera, al menos de forma momentánea, a los profesores laborales (mayoritarios en Cataluña) del rectorado.

Y, también se aprobó otra de Junts sobre internacionalización del sistema universitario que incluye la «Euroregión Pirineos Mediterráneo» como espacio de educación superior. «En la estrategia de internacionalización, se debe también atender especialmente a las zonas limítrofes con el Estado que permiten fomentar la cooperación transfronteriza», justidican sus proponentes.

Por otro lado, se incorporaron tres enmiendas transaccionales, a las que ha accedido ABC. Así, sobre la base de una enmienda de Junts se ha incorporado (por acuerdo del PP, PSOE, ERC-Bildu, PNV, Junts y Más Madrid) que los profesores colaboradores pasen a ser profesores laborales permanentes.

Sobre la base de una enmienda de ERC-Bildu y PSOE (por acuerdo del PSOE, PP, ERC-Bildu, PNV, Junts y Más Madrid) se permite ahora que las convocatorias para la cobertura de plazas de personal docente e investigador publicadas antes del 31 de diciembre de este año podrán regirse por la ley vigente, es decir, la Lou.

Por último, también sobre la base de una enmienda de ERC-Bildu y PSOE (por acuerdo del PSOE, PP, ERC-Bildu, PNV, Junts y Más Madrid) se incorpora que la planificación docente de los profesores tiene que entrar en vigor el próximo año salvo en lo que se refiere a asociados.