Las principales claves de la Ley de Universidades aprobada en el Congreso: de las tasas a las becas o los requisitos para ser rector

Estas son las principales novedades del texto.

En el Congreso se aprobó una enmienda de Bildu y ERC que señala que en los claustros se podrán «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia«.

Este añadido pasó desapercibido hasta que la diputada de ERC, Marta Rosique, se refirió a él: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión», dijo.

En el paso de la ley por el Senado este apartado intentó quitarse (con enmiendas del PP, Cs y UPN, aparte del veto a la totalidad de la norma de Vox) pero ninguna de las propuestas salieron adelante.

Subirats dijo este jueves en el Congreso tras la aprobación de la ley, y preguntado por ABC, que «si algo garantiza el que la universidad sea plural es esa libertad de pensamiento crítico; es distinto debatir temas de trascendencia política que el claustro se posicione políticamente».

El artículo 20 sobre diversidad lingüística también fue modificado en el Congreso para incluir que los campus deben fomentar y facilitar el conocimiento y el uso «como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales» propias de sus territorios. Además, el artículo modificado dice que las «administraciones públicas apoyarán y facilitarán el desarrollo de las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística». Y se añade, además, que «en lo que respecta a las universidades públicas» la singularidad lingüística será objeto de financiación.

También hay un artículo incluido por ERC sobre movilidad del alumnado que fija que en en programas como el Erasmus+ se «incluyan las lenguas oficiales del Estado español».

El PNV pidió y consiguió eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado». Además, también a propuesta inicial del PNV, el artículo 2 sobre funciones del sistema universitario, prevé la «promoción de las lenguas oficiales»

Noticia Relacionada

La ley de Universidades se aprueba de forma definitiva en el Congreso con 150 enmiendas de los nacionalistas catalanes

Josefina G. Stegmann

La norma se ha debatido y aprobado hoy en la Cámara Baja

La nueva ley da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. En concreto, apunta: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de Doctor/a, la previa obtención de una acreditación por parte de la Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario en el conjunto del país. La Aneca acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas». Este último punto, entre tantos otros, fue celebrado por la diputada de ERC, Marta Rosique, este jueves durante el debate definitivo de la ley.

Otro cambio que ha generado controversia ha sido el relacionado con la elección del rector. El texto establece que podrá ser candidato a rector todo aquel «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo» que reúna «los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos». Estos méritos, sigue, «deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Estos cambios favorecen, sobre todo, a las universidades catalanas porque la mayoría de los profesores catalanes tienen una relación laboral y no funcionarial con la universidad.

La norma establece que «las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos». En la misma línea, el apartado siguiente del mismo artículo dice que «el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio (...) preservando las competencias de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio».

La norma deja en el aire el derecho a la educación de aquellos alumnos que no quieran hacer huelga y opten por ir a clase, pues el texto garantiza el derecho al paro académico, «respetando el derecho a la educación del estudiantado». Dicho paro podrá ser parcial o total, señala el texto.

La ley convertirá en indefinidos a 25.000 profesores asociados. Esta figura se refiere a aquellos que trabajan en los campus a tiempo parcial porque compatibilizan la docencia con otro trabajo, que constituye su actividad principal. Estos docentes no están contratados para investigar ni para hacer gestión, solo dan clases y, en la gran mayoría de los casos, no tienen tesis doctoral. El problema es que muchos terminaron como asociados irregulares, más conocidos como 'falsos asociados', es decir, docentes que hacen carrera académica pero que ganan muy poco y que además tampoco trabajan fuera.

«La ley dice que hace indefinidos a los asociados . Pero el problema es que estos no son los precarios, sino que son magistrados, arquitectos, ingenieros y médicos que ocupan esas plazas y tiene un empleo. Es inoportuno e inadecuado que sean indefinidos», opina María Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Universidades del Congreso. «El problema con la precarización la tienen los llamados falsos asociados y ahí la ley falla».

Pese a la medida, Subirats no ha conseguido frenar la huelga indefinida de los profesores asociados que empezó el mes pasado. «Consideramos que ya por el hecho de estar trabajando en fraude de ley (nuestra figura estaba pensaba para llevar en clase la parte práctica, pero se ha usado para dar docencia estructural) ya deberíamos estar estabilizados», dice Ana Aldaz, profesora asociada de la Universidad de Murcia y miembro de la Plataforma de Profesores Asociados de esta comunidad.

La norma señala que las comunidades deberán tener un «marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos» pero no indica los mecanismos de compensación para financiar la reducción de la tasas. El actual sistema de tasas universitarias permite a las comunidades fijar precios que varían según el territorio y el tipo de titulación. La nueva ley planteará problemas de financiación en las universidades ya que a la hora de establecer su presupuesto tienen que tener en cuenta el principio de equilibrio económico financiero: los gastos no pueden ser superiores a los ingresos.