Frente común autonómico contra el «caótico» sistema de implantación de las tarjetas monedero

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Diez comunidades piden que el Ejecutivo tutele las tarjetas monedero más allá de 2025

Érika Montañés

Según la información recopilada por ABC, al menos diez autonomías se fueron sumando ayer a la petición que verbalizó una en la reunión telemática. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha pidieron someter a votación que el Ministerio de Pablo Bustinduy abandere la implantación del modelo más allá del plazo fijado por el departamento, enero de 2025. Algunas -como la valenciana-pidieron que al menos lo hiciera hasta julio, durante el primer semestre, y otras mientras sigan quedando «agujeros».

El ministro Pablo Bustinduy recordó que su tutelaje es transitorio y que el próximo enero el sistema se deja a las comunidades porque tienen la competencia exclusiva en servicios sociales. Les pidió que aceleren. Pero quedan demasiados flecos por resolver. Prueba del caos es que, según pudo saber este diario, pese a que se adjudicó la licitación a Cruz Roja el 18 de abril para que se hiciese cargo de la logística, el convenio con las siete líneas de supermercados donde las familias podrán adquirir sus productos no se cerró con el último hasta el lunes de esta semana.

Bustinduy y su equipo recordaron a los responsables autonómicos que firmaron su compromiso de poner a punto el sistema -les autoriza a recibir el Fondo Social Europeo Plus FSE+- en diciembre de 2021. Las regiones, que no niegan esto, discrepan en varios puntos. El primero, el ministerio acumula retraso sobre su propia planificación, que era comenzar a repartir tarjetas el 1 de mayo. A día 25, no se hace. De momento, solo Navarra y Cantabria van algo por delante al haber identificado ya a las familias que cumplen los requisitos y derivarlas de sus servicios sociales a Cruz Roja para dárselas.

Además, las comunidades argumentan que no ha sido suya la decisión de cribar a las familias según qué criterios y que, de hecho, en el plazo que les ha dado el ministerio para quedarse solas como gestoras del programa (2025) se acabará por seleccionar a las familias con criterios desiguales en cada región.

Las tarjetas monedero serán para familias que cobran menos del 40% de la mediana estatal y que tengan a cargo niños o adolescentes en el domicilio. «Ponen el foco en la pobreza infantil, y está bien, pero también hay muchísimas familias que no cumplen esos requisitos y que se quedarán fuera», esgrimen fuentes de la Comunidad de Madrid (CAM) a ABC e incidió la consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco. En concreto, 70.000 familias en España recibirán esos vales canjeables por productos de higiene básica y de alimentación -no pueden ser bebidas alcohólicas o ultraprocesados- y 350.000 que reciben ayuda de los bancos de alimentos se quedan fuera. La consejera de Familia de la CAM, Ana Dávila, reprochó ayer al Ejecutivo que haga «experimentos con familias vulnerables».

Pero a este punto el ministerio también matiza que los 54 bancos de alimentos seguirán funcionando, y que hay un tramo de un 7% de ayuda autonómica previsto en los fondos, por lo que las comunidades pueden optar por reforzar sus bancos de alimentos con la cuantía que les corresponda en ese 7%. «Es una ayuda que complementa lo que ya hay, no excluye», apuntillan a ABC fuentes del departamento.

Otra de las grandes pegas formuladas por las comunidades -especialmente las de mayor superficie y despoblación- es la distancia que en algunos lugares debe recorrer una familia pobre para, primero, recargar su tarjeta en un centro de Cruz Roja y, segundo, dirigirse a alguno de los supermercados incluidos en el sistema. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE, objetó que solo hay 43 puntos de venta (tres son las cadenas adheridas aquí, Alcampo, Eroski-Caprabo y Carrefour) en 919 municipios; mientras en la zona rural de Madrid la distancia a una gasolinera con un Carrefour Express puede ser la más corta. Además del precio más elevado de los productos en dicho establecimiento, protestan esas fuentes.

Y es que el hecho de que solo haya siete cadenas de supermercados donde la persona puede acudir es el mejor ejemplo de lo «caótico» que empieza el programa y la falta de anticipación y previsión que hubo sobre todo por parte del anterior Ministerio en manos de Ione Belarra. «En dos años no se hizo nada y ahora se pide en tiempo récord a las autonomías tener listo el modelo entero. Y más allá de 2025 dirigirlo solas», redundan desde otra autonomía.

Ese frente autonómico reclamó ayer un protocolo común que les dé seguridad jurídica en el sistema y no se caiga en repartos desiguales. El ministerio se comprometió a que la semana que viene tendrán una guía orientativa que resuelva sus dudas técnicas y jurídicas. En cinco meses, se han respondido las más de 25 consultas dirigidas, afirman.