Comunidades del PP denuncian el «caos» organizado por el ministro Bustinduy con las tarjetas monedero para familias en situación de pobreza

El pasado 23 de enero, en la rueda de prensa tras finalizar el Consejo de Ministros que acababa de aprobar el sistema de tarjetas monedero, Bustinduy afirmaba que se había dado «un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre«. En la práctica, había sido una decisión precipitada y de urgencia para sustituir al tradicional sistema de ayuda a familias necesitadas a través de la compra directa de alimentos, motivada por la inacción de la anterior titular del ministerio, Ione Belarra, que durante dos años fue incapaz de llevar adelante una reforma consensuada por todas las comunidades autónomas y avalada por las autoridades europeas, que son quienes financian el proceso.

Se trataba de dar salida a una partida de 563 millones de euros (más un 10% mínimo de cofinanciación autonómica) del programa del Fondo Social Europeo Plus con los que el ministerio estimaba llegar a unas 70.000 familias en siete años. En la primera fase, provisional desde mayo a diciembre de 2024, el importe de la subvención es de 100.236.573,50 euros. De ellos, 95,5 millones se destinan a los gastos en alimentos y productos básicos y 4,7 millones para la Cruz Roja, en concepto de gastos técnicos para la implantación del programa, puesto que el Gobierno, incapaz de gestionar el reparto de tarjetas, decidió confiar la tarea a la ONG. A partir de 2025 será competencia de las comunidades autónomas.

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Sin embargo ahora, según afirman las fuentes del PP, «meses más tarde y ante la sorpresa de los gobiernos autonómicos, el ministerio señala que su papel en la aplicación de este programa ha finalizado, de modo que serán estas las encargadas de asumir la gestión según su criterio». Además, el Ministerio de Derechos Sociales «se niega a establecer criterios en materias esenciales como la derivación de familias, el acceso de las personas vulnerables al programa, las medidas mínimas de acompañamiento, la compatibilidad con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o incluso la protección de datos de los beneficiarios», según el PP.

Una situación que ha derivado en que la mayor parte de las tarjetas todavía no se hayan repartido ante las dificultades para concretar quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a ellas. La decisión era que los destinatarios fueran familias en situación de necesidad con menores a su cargo, pero compete a las autoridades públicas la identificación de quienes cumplen los requisitos, puesto que Cruz Roja sólo tiene la responsabilidad técnica del reparto de las tarjetas y la selección de los supermercados donde pueden ser usadas.

Por esa razón y «ante la ausencia de coordinación en la aplicación del programa», las consejerías competentes de las distintas comunidades donde gobierna el Partido Popular «han remitido cartas al ministro exigiendo la convocatoria extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales». Según el PP «Bustinduy no ha respondido a ninguna de estas peticiones urgentes» sino que ha abandonado a su suerte a las personas vulnerables que necesitan un acceso urgente a alimentos y productos básicos». «Cada día que el ministro Bustinduy guarda silencio para negar una reunión a las comunidades autónomas, miles de familias siguen sin recibir la ayuda que necesitan para poder hacer frente cada día a sus necesidades más vitales como son los alimentos», concluye la nota del PP.

El de la coordinación no es el único problema que plantea este nuevo sistema. La idea de destinar los fondos sólo a núcleos familiares con necesidades saca del sistema a cientos de miles de usuarios que hasta ahora se beneficiaban de las bolsas de comida de los Bancos de Alimentos. El rango de «personas en extrema vulnerabilidad» que, hasta este momento, atendía el sistema es mucho más amplio que el de este tipo de familias. Así, ancianos con problemas económicos, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años, inmigrantes sin papeles y comedores sociales, que hasta ahora reunían los requisitos para acceder a esta entrega de alimentos quedarán fuera de las tarjetas monedero.

Desde la Federación de Bancos de alimentos (Fesbal) ya advertían de que la «reforma dejará a muchas personas usuarias desatendidas». En concreto, señalaban en enero que sólo el 16,5% de las familias cumplen los requisitos de tener al menos un menor a su cargo y recibir menos del 40% de la renta básica, los requisitos para acceder a las tarjetas monedero establecidos por Bustinduy.

Ante esa crítica, fuentes del ministerio partían de la perspectiva de que «nadie se quede fuera» de las ayudas, pero acababan derivando esa responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en servicios sociales. También añadían que entidades como la Fesbal seguirán recibiendo subvenciones y recuerdan que el pasado año la cuantía «estuvo alrededor de dos millones de euros».

Así, el Gobierno cifraba los beneficiarios en unas 10.000 familias al año al año, 70.000 en los siete años que dura el programa. Sin embargo según el presidente de la Fesbal, Pedro Llorca, «estimamos que este nuevo sistema dejará desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley y a cientos de miles de personas que se ven obligadas a acudir a un centro de distribución de alimentos, personas sin hogar, con ingresos bajos, inmigrantes sin documentación».

Además, también recuerdan que con este sistema «van a dejar de recibir este año unos 50,2 millones de euros en alimentos» lo que puede «poner en riesgo la capacidad de los bancos de atender a la población que ha venido apoyando desde hace más de 30 años». Lo que no quiere decir que desaparezcan. Al contrario, en estos momentos las ayudas del fondo europeo suponían sólo el 28% de los alimentos que distribuían, el resto provienen de donativos particulares, subvenciones e iniciativas como la «Gran Recogida» que organizan cada año antes de Navidad.